El PSOE y la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) defenderán este lunes en la Comisión de Empleo del Congreso sendos planes de lucha contra la explotación laboral, que pasan por mejorar el control de las horas extraordinarias para evitar que se realicen más de las permitidas legalmente y por incrementar la acción de la Inspección de Trabajo.
Los socialistas, que calculan que con las horas de trabajo ilegales que se realizan cada año podrían crearse entre 273.300 y 286.200 puestos de trabajo, proponen modificar la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social para elevar las cuantías de las multas, que haya una denuncia por cada trabajador en situación irregular y tipificar como infracción grave superar el horario pactado en los contratos a tiempo parcial.
Además, reclaman "incrementar sustancialmente" las actuaciones de Inspección de Trabajo, así como reorientar sus prioridades para que "no persiga sólo a los parados que cobran prestaciones", sino que se centre primordialmente en controlar las horas ilegales que se hacen. Un objetivo para el que es imprescindible que este departamento cuente con más medios humanos y materiales y con un plan de control de la contratación temporal y otro para la contratación a tiempo parcial.
Con respecto a este último tipo de contratos, el PSOE ve necesario simplificarlos y obligar a que incluyan el horario de trabajo exacto. Además, reclama que mientras el paro supere el 15% no se puedan compensar horas extraordinarias con descansos y que se negocie con los sindicatos una nueva regulación sobre las horas complementarias. La última propuesta del principal partido de la oposición pasa por evitar que los subsidios por desempleo derivados de un contrato parcial sean también parciales, de modo que las cuantías sean similares en uno u otro caso.
Por su parte, la Izquierda Plural comienza por exigir una revisión del Estatuto de los Trabajadores para reducir el número de horas extraordinarias permitidas en un año --actualmente son 42 horas-- y elevar la compensación obligatoria por este trabajo adicional para que no sea inferior al 175% de la hora ordinaria, sea en tiempo o en retribución.
La coalición pide también que los contratos incluyan la concreción del número de horas contratadas y del horario, y que se informe de cualquier cambio con tiempo suficiente al trabajador. Igualmente, deberían derogarse las horas complementarias en los contratos a tiempo parcial. Un tipo de contratación que la Izquierda Plural cree se está utilizando de forma perversa, por lo que ha de reequilibrarse los intereses de ambas partes y procurar que la realización "continua y estructural" de horas extraordinarias en este régimen obligue al empresario a "convertir el contrato en indefinido" o a contratar a un parado por cada 1.826,27 horas extraordinarias realizadas al año.
Junto con eso, el Gobierno debería poner en marcha medidas incentivadoras para que las empresas incrementen la contratación y la calidad de los contratos, añade la Izquierda Plural, que también propone incrementar en un 100% de su coste la cotización por horas extra e incorporar su cuantía a la base de cotización por contingencias comunes.
En línea con los socialistas, también IU-ICV cree que debería modificarse la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social para que exista una infracción cuando haya irregularidades en materia de horas extraordinarias, con su correspondiente sanción, y para que los expedientes se abran por cada trabajador afectado y no uno con carácter general.
Además, el grupo reclama que el Ministerio de Empleo y las comunidades autónomas pongan en marcha en 2015 una campaña de la Inspección de Trabajo para vigilar y controlar el cumplimiento de la legalidad respecto al tiempo de trabajo y su distribución (horas extra, retribuciones, compensación por tiempo de trabajo, cotizaciones, etc.) y para asegurar que las empresas cumplen todas las previsiones legales relativas al contrato a tiempo parcial, tanto formales como en la ejecución.
Para ello, IU-ICV también aboga por incrementar sus recursos materiales y humanos, defendiendo que una mejora en este campo podría facilitar la creación de hasta 135.000 nuevos contratos, al reducirse los 5,48 millones de horas extraordinarias realizadas cada semana del cuarto trimestre de 2014 según la Encuesta de Población Activa (EPA), de las cuales prácticamente la mitad ni siquiera se pagan.
DEROGAR LA REFORMA LABORAL
El PSOE volverá a reclamar la derogación de la reforma laboral, en esta ocasión por los efectos que está teniendo en el empleo del sector público, donde los despidos "también se han facilitado y abaratado".
Los socialistas critican que la reforma del mercado de trabajo que el Ejecutivo 'popular' aprobó en 2012 reconoce por primera vez el despido colectivo y el despido objetivo en las administraciones públicas, con criterios tan "ambiguos" como que las causas económicas se darán cuando haya una "situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente" durante tres trimestres consecutivos. "Esto genera inseguridad jurídica y permite amparar multitud de despidos sin tener en cuenta las necesidades de los servicios públicos. Es más, esta admisión del despido colectivo es aún más llamativa cuando la misma reforma laboral prohíbe la suspensión o reducción de jornadas, medidas menos drásticas que el despido y que permiten un ajuste de plantilla", critica el PSOE.
El principal partido de la oposición también señala que la normativa laboral no hace referencia a "los aspectos que deberían modular la regulación de los despidos colectivos y objetivos en la Administración como consecuencia de los principios constitucionales que rigen su actuación -la eficacia, la no arbitrariedad y el sometimiento pleno al Derecho-", lo que está provocando "un aumento de la litigiosidad frente a despidos que son calificados de arbitrarios" y justificados en un "posible desmantelamiento" de los servicios municipales previo a su privatización.
Por todo ello, los socialistas quieren que el Congreso reconozca el trabajo que realizan los empleados públicos por el interés general y en prestación de los servicios públicos, se solidarice con los funcionarios que estén afectados por un expediente de regulación de empleo y exigen al Ejecutivo que derogue "urgentemente" la reforma laboral.
