La Comisión de Coordinación de la Cumbre Social ha decidido, una vez cumplido el primer año de su constitución a finales de julio de 2012, retomar la actividad y preparar la celebración de un plenario de las organizaciones que la integran para impulsar el debate y la movilización popular. La situación económica y social, con una insoportable tasa de paro por mucho que agiten el último dato de paro registrado, y la brecha abierta entre la ciudadanía y los poderes públicos siguen golpeando los derechos sociales y laborales y debilitando la salud de la democracia.
La Cumbre Social expresa su rechazo a la intención del Gobierno, adelantada por su ministra de Empleo a los agentes sociales, de recortar el poder adquisitivo de las pensiones al descartar el IPC como indicador de referencia para su actualización retributiva, y precipitar la utilización del llamado factor de sostenibilidad a 2019, obsesionados con intervenir exclusivamente en la reducción del gasto sin propiciar iniciativas para reforzar los ingresos del sistema. A juicio de la Comisión de Coordinación de la Cumbre Social, el Gobierno parece empeñado en hacer pagar al sistema público de pensiones el ajuste económico que ha comprometido ante las instituciones comunitarias y financieras, algo que no vamos a aceptar.
Para la Cumbre Social, que integran centenar y medio de organizaciones sociales, culturales y profesionales, la reciente aprobación de la reforma de las administraciones locales es otra grave agresión a la democracia, al convertir los ayuntamientos, las instituciones más cercanas a las demandas de la ciudadanía, en simples oficinas administrativas con escasa o nula capacidad para intervenir en la solución de los asuntos que hasta ahora le eran propios. Ello no hace sino deteriorar la ya mermada confianza de los ciudadanos y ciudadanas en las instituciones que representan la soberanía popular y la política democrática.
La Cumbre vuelve a reiterar su radical oposición a la privatización y/o recortes de servicios públicos que tanto la Administración central como distintas Comunidades Autónomas llevan activando en los últimos meses. La sanidad y educación públicas son un buen ejemplo de lo que decimos, pero no debemos olvidar otros servicios y sectores de la política social de los que progresivamente están prescindiendo los poderes públicos de la derecha. La Cumbre Social pide a las fuerzas políticas progresistas que se comprometan, llegado el momento, a revertir las leyes y normativas que han posibilitado estos procesos privatizadores.
Por último, la Cumbre Social insiste en reclamar una profunda regeneración de la democracia, una ambiciosa Ley de Transparencia, una nueva Ley Electoral y un compromiso explícito para aprobar ya medidas precisas y evaluables de lucha contra la corrupción económica y política a fin de evitar que los responsables de una y otra actividad puedan ejercer funciones de representación colectiva u ocupar un puesto en las instituciones del Estado.
