El sindicato niega formar parte de la supuesta "trama" de los ERE fraudulentos
La investigación interna realizada por Comisiones Obreras en el marco de la causa abierta por los supuestos ERE fraudulentos en Andalucía ha constatado cierto “desorden” en la facturación que “es manifiestamente mejorable” pero en ningún caso supone una “trama” con la que el sindicato haya estado lucrándose tal y como sostiene la acusación en el proceso abierto por los Expedientes de Regulación de Empleo.
Así lo manifestó este jueves el secretario general, Ignacio Fernández Toxo, en rueda de prensa para presentar las conclusiones de la comisión de investigación puesta en marcha por CCOO y que lleva trabajando desde el mes de abril. Se trata del segundo informe al respecto elaborado por el sindicato y que queda abierto a futuras revisiones derivadas de la fase procesal.
El sindicato considera que las informaciones aparecidas en la prensa y las acusaciones vertidas forman parte de una campaña de grave deterioro de la imagen sindical. Se ha llegado a afirmar que CCOO se ha venido financiando “espúreamente” y que participaba en un “entramado” de financiación ilegal a cuenta de los ERE. “Comisiones Obreras no ha cometido ninguna ilegalidad”, afirmó rotundo Toxo quien negó indicios de enriquecimiento personal o de supuesta trama.
Junto al secretario general de CCOO de Andalucía, Francisco Carbonero, Fernánez Toxo ha explicado a la prensa cuál es la labor de los sindicatos en la negociación de los ERE amparada legalmente y sin la cual muchos trabajadores se encontrarían en situación de indefensión ante la rescisión de su contrato o la negociación de su prejubilación.
En los últimos diez años se han producido 128.042 expedientes de regulación de empleo que han afectado a casi medio millón de trabajadores. El 99,9% de ellos se han puesto en marcha a instancias de la empresa que toma la iniciativa para solicitar su aprobación. En el proceso se necesita intervención especializada, gabinetes jurídicos, económicos, que tienen que ser retribuidos por sus servicios, una retribución que a juicio del sindicato debe recaer sobre la empresa y no sobre la consultora.
CCOO también niega la teoría de los presuntos “intrusos”, personas “colocadas” expresamente por el sindicato para beneficiarse de la subvenciones lo que ha llevado, según Toxo, a la confusión entre el “intruso” que aparece en el momento de la negociación del ERE y el que aparece en el momento de la formalización de la póliza donde ya no interviene el sindicato y que es precisamente cuando se han detectado.
El sindicato reconoce que ha habido “conductas reprobables” pero no generalizadas. A ello se refirió Toxo cuando habló de los diez imputados relacionados con el sindicato. Solo la mitad tendrá asistencia jurídica prestada por el sindicato. Los otros cinco no están afiliados y dos ellos tienen abierto un expediente sancionador.
CCOO ha actuado desde la defensa de los intereses de los trabajadores
Por su parte, el secretario general de CCOO de Andalucía, Francisco Carbonero, ha cargado contra la Junta de Andalucía por la “gran chapuza administrativa de la autoridad laboral” que “ha hecho que aparezcan intrusos que no lo son pero el sindicato ni ha hecho un acuerdo con el Gobierno andaluz sobre cómo se participaba o las ayudas sociolaborales ni es cierto que las federaciones fueran todo el día corriendo detrás de las aseguradoras". Preguntado por esta cuestión, Fernández Toxo se ha mostrado más cauto aunque ha reconocido que "hay actuaciones de otras partes que son manifiestamente mejorable".
De las conclusiones de la investigación, el sindicato propone una serie de medidas para evitar casos como este, como evitar la facturación a través de las consultoras y hacerlo a través de las empresas. Toxo también ha apostado, sin perjuicio de su legalidad, por no financiar los costes de actuación de un ERE con fondos públicos y evitar que organizaciones como CCOO asuman el papel de tomadores de pólizas de seguros.
Por otro lado, Toxo ha indicado que el sindicato descarta emprender acciones judiciales contra la juez de instrucción Mercedes Alaya como sí estudia UGT a raíz de las detenciones de los sindicalistas en la semana pasada y ha señalado que corresponde a los implicados emprenderlas si así lo consideran. "Respetamos la acción judicial, no tenemos por qué compartir las actuaciones de la juez pero no hemos estimado en estos momentos tomar alguna decisión. Si las personas individualmente entienden que han sido perjudicadas en sus derechos, a ellas corresponde", ha subrayado.
