Hay más de millón y medio de personas paradas de larga duración que no tienen ninguna cobertura, de las que casi novecientas mil son mujeres
El Gobierno está anunciando la compra de armamento por valor de 10.805 millones de euros. No se acuerda de las obligaciones constitucionales que tiene y no cumple. Tampoco se acuerda de los compromisos que hizo Rajoy antes de llegar a la Moncloa y no ha cumplido.
El artículo 35.1 de la Constitución consagra el derecho y la obligación de trabajar al establecer que "Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo".
Según la Encuesta de Población Activa, de media en 2017 ha habido 3.909.462 personas menores de 65 años en situación de desempleo, de las cuales sólo 1.090.348 perciben algún tipo de prestación, el 27,9%.
Para las personas desempleadas que, pese a su voluntad, se ven impedidas de poder ejercer el derecho constitucional al trabajo, el artículo 41 de la Constitución dispone que "Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo".
Según la Encuesta de Población Activa referida, hay 2.819.114 personas desempleadas que carecen de todo tipo de protección. A estas personas, además del derecho al trabajo, también se le conculca el derecho a su protección en caso de desempleo. Esta situación supone una grave injusticia social, más aún cuando sabemos que muchas de ellas son personas en desempleo de larga duración con responsabilidades familiares y sin ningún tipo de ingreso económico. De las no protegidas, 1.643.415 personas llevan más de un año en paro. La tasa de protección del 27,9% es inferior en 9,1 puntos a la de 2011. Mientras el número de personas paradas disminuye un 22%, las protegidas lo hacen el 41,2%.
Si miramos cómo afecta según el tiempo que se lleve en paro, como no se han tomado medidas para reforzar la cobertura, la tasa de protección oscila entre el 35,2% de los hombres que llevan menos de un año en paro y el 15,6% de las mujeres que llevan más de cuatro. A medida que aumenta el tiempo en paro, disminuye el número de personas protegidas y, si son mujeres, aún más. Hay una imperiosa necesidad de una prestación para aquellos que carecen de ella, cada día en mayor número. De las 2.125.037 personas paradas de larga duración, que suponen el 54,4% de todas las paradas, solo 481.622 tiene alguna prestación, el 22,7%. Hay más de millón y medio de personas paradas de larga duración que no tienen ninguna cobertura, de las que casi novecientas mil son mujeres.
El tiempo en paro, la edad y el sexo son tres variables que inciden claramente en las posibilidades de ser perceptor de una prestación: la tasa de protección de las mujeres con más de cuatro años en paro es el 15%: ser mujer y parada de larga duración es tener un 85% de probabilidades de no ser perceptora de prestaciones.
La tasa de protección en 2017 se sitúa por debajo de 2008, el primer año de la crisis. La tasa media en 2008 era del 30%, en este último año ha habido una tasa del 27,9%. La diferencia es que hay 1.317.447 personas paradas más de las que 1.005.115 no tienen ninguna protección. En 2010 ha sido el momento en que ha habido un mayor nivel de protección con una tasa del 41,3%. Desde entonces la caída ha sido espectacular alcanzando los 13 puntos de diferencia en el presente año.
Las personas paradas entre 52 y 54 años han visto cómo la reforma laboral ha eliminado su posibilidad de acceso al subsidio previo a la jubilación. Las consecuencias son claras: habiendo habido un aumento del número de parados del 11,7%, 27.362 más, las personas sin protección han aumentado un 53,9%, 58.631 más y las protegidas disminuyeron en 31.269. La tasa de protección ha pasado del 53,5%% al 35,9%. Para tener una idea clara de lo que supone el recorte, se puede comparar con los que sí pueden percibir el subsidio previo a la jubilación, las personas entre 55 y 64 años. En 2011 la diferencia de la tasa de protección entre estos dos grupos era de 0,7 puntos, el 53,5 de los comprendidos entre 52 y 54 años frente al 54,2% de los de más edad. En este último año la diferencia es de 11 puntos: del 35,9% al 46,9% de los mayores.
¿Armas o prestaciones?
No parece que, en el contexto global actual, sea más urgente la compra de armas que la protección de las personas paradas y sus familias. Si se destinan esos 10.805 millones a prestaciones, se puede proteger durante un año a algo más de dos millones de personas, a 2.093.992 personas. Hace falta solamente voluntad política y establecer prioridades. No puede negar el Gobierno que exista ese dinero, aunque está destinado para comprar armas.
En el debate de los candidatos a presidente del gobierno celebrado el 7 de noviembre de 2011, al final de éste, Rubalcaba pregunta en varias ocasiones a Rajoy si, de llegar al Gobierno, revisaría el subsidio de desempleo: “Le voy a responder con mucho gusto”, responde tajante Rajoy: “usted miente, y está dejando caer una insidia. No voy a modificar el seguro de desempleo”. Y ante la insistencia de Rubalcaba sobre si va a cambiar el sistema de prestaciones, contesta diciendo: “Que no vamos a reducir las prestaciones por desempleo”.
En 2011, último año en el que estaba vigente la normativa anterior de prestaciones, el gasto en protección de personas paradas fue de 29.996 millones de euros; en 2017 ese gasto ha sido de 17.303 millones. Se han gastado 12.693 millones menos, un recorte del 42,3%.
Montoro cínicamente dirá que es que ha bajado el paro. El gasto por persona parada ha pasado de 5.988 euros al año a 4.426 euros. Se gastan 1.562 euros menos por cada persona parada, un 26,1% menos y este dato no depende del número de personas. Mientras el paro ha disminuido un 22% el gasto en protección cayó el 42,3% ya mencionado. Menos mal que Rajoy se comprometió a no reducir las prestaciones por desempleo…
Un recorte machista
Es preciso eliminar las modificaciones machistas que ha realizado el PP en los subsidios
En las prestaciones asistenciales, además de la supresión del subsidio especial de mayores de 45 años, los dos recortes más graves afectan fundamentalmente a las mujeres.
El primer recorte ha sido volver a parcializar el subsidio. El subsidio había dejado de estar afectado por la parcialidad de la relación laboral porque no se puede subsistir parcialmente y su cuantía es una cuantía de subsistencia. Obviamente la parcialización del subsidio afectará a las personas que tengan parcializada su relación laboral. De las 2.552.555 personas con contrato parcial, 1.911.263 son mujeres. Tres de cada cuatro personas a tiempo parcial son mujeres. La parcialización del subsidio afectará, por lo tanto, a tres mujeres por cada hombre afectado. Obviamente es una medida machista.
El segundo recorte grave es la exigencia de carencia de ingresos familiares inferiores al 75% del SMI por cada miembro, para percibir el subsidio previo a la jubilación, el de mayores de 55 años. Como punto de partida, podemos considerar unidades familiares integradas solamente por los dos miembros de la pareja dado que, en su gran mayoría, las personas con más de 55 años no suelen tener hijos menores de 26 años. Debido a ello podremos decir que uno de los dos miembros de la unidad familiar tendrá derecho al subsidio previo a la jubilación cuando el otro miembro o no trabaje o sus ingresos sean inferiores al 150% del salario mínimo.
Si miramos los salarios de hombres y mujeres de más de 45 años, el 60% de quienes tienen ingresos superiores al 150% del SMI son hombres y el 40% mujeres. Según el estudio de la Agencia Tributaria de Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias, en 2016 hay 4.172.274 personas con ingresos superiores al 150% del SMI, de las que 1.677.743 son mujeres. Quiere esto decir que, en caso de que el cónyuge o similar, solicitase el subsidio previo a la jubilación, por cada tres mujeres que les sea denegado por ingresos, se le denegaría a dos hombres. Si miramos entre las 1.645.455 de personas ocupadas no asalariadas que son empresarias, trabajadoras independientes o miembros de cooperativas, solamente 518.469 son mujeres, una de cada tres.
De las 5.817.729 personas que presumiblemente tendrían ingresos superiores al 150% del SMI y que, por lo tanto, su cónyuge estaría afectado por la modificación del requisito de cargas familiares en el subsidio previo a la jubilación, el 38% son mujeres, 2.196.212 mujeres.
Es muy importante tener en cuenta que este es el único subsidio que cotiza para la jubilación, por lo que una denegación de este subsidio supone una carencia de cotizaciones en los últimos años de su vida laboral. Esta carencia que se produce más en las mujeres que en los hombres, agravará más la brecha en la cuantía de las pensiones de hombres y mujeres.
Es preciso eliminar las modificaciones machistas que ha realizado el PP en los subsidios, al mismo tiempo que regule un subsidio continuado a aquellas personas paradas de larga duración que tienen cargas familiares o pertenecen a colectivos de más difícil inserción (personas paradas de larga duración mayores de 45 años, personas con discapacidad o mujeres víctimas de violencia machista). Para ello deben utilizarse los 10.805 millones con los que pretenden comprar armas. El mandato constitucional del artículo 41 debe prevalecer sobre acuerdos o compromisos con terceros, sea Trump o quien sea.
Enrique Negueruela Cortés | Asesor de la Secretaría Confederal de Empleo y Cualificación Profesional de CCOO
