En los tres primeros trimestres de 2017 solamente una de cada cuatro personas paradas percibía una prestación, el 27,8%
El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales determinados artículos del Programa de Activación para el Empleo. Con esta sentencia, después de la del Prepara, parece que se realiza un corte de tal forma que aquellas prestaciones por desempleo que están contempladas en el Título Tercero del Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social son competencia del SEPE y aquellas otras que son programas e implican unas actividades específicas de políticas activas, son competencias de los Servicios Públicos de Empleo Autonómicos.
El Plan Prepara era una subvención que, hasta que llegó el PP al gobierno, la podían percibir todas las personas que agotasen las prestaciones por desempleo, contributivas o asistenciales, y no tuviesen ingresos superiores al 75% del SMI. El PP empezó a exigir más requisitos e incluso definió un nuevo modelo de “cómputo de rentas familiares”. En los tres primeros programas aprobados por el gobierno de Zapatero, entre febrero de 2011 y agosto de 2012, con un promedio mensual de 4.424.580 personas paradas, el número de beneficiarios del PREPARA fue de 535.919 personas. En los tres siguientes programas, entre agosto de 2012 y febrero de 2014, ya con las modificaciones realizadas por el PP, el promedio mensual de personas paradas aumentó hasta 4.826.613, un 9’1% más, y, pese a ello, el número de personas beneficiarias cayó hasta 193.920 personas, un 63’8% menos.
Cuando se firmó el Programa de Activación para el Empleo, diciembre de 2014, Rajoy afirmó que “aproximadamente 450.000 personas recibirán ayudas especiales para conseguir su integración en el mercado laboral”. Inicialmente el PAE podía ser solicitado entre el 15 de enero de 2015 y el 15 de abril de 2016. En esos quince meses en vez de las 450.000 personas beneficiarias que anunció Rajoy, hubo 130.141 personas, el 29% de lo previsto. En abril de 2016 se hace una primera prórroga de un año manteniendo igual los requisitos de acceso al programa. En esos doce meses hay 57.651 personas beneficiarias. En abril de 2017 no solo se hace una nueva prórroga, sino que se modifica eliminando la exigencia de haber percibido un Prepara con anterioridad o la tercera RAI, entre otras modificaciones. Como resultado de ello, en los seis meses transcurridos desde junio hasta noviembre, ha habido 72.975 altas de personas beneficiarias. Este mes de noviembre ha habido 56.969 personas que han percibido la ayuda de acompañamiento, la cifra más alta desde que se puso en marcha este programa.
La Renta Activa de Inserción es el primer programa que se puso en marcha en el año 2000. Desde el principio el planteamiento es similar tanto al Prepara como al PAE. Compromiso de actividad, itinerario de inserción, a cambio de una ayuda económica. En los once primeros meses de 2017 hubo una media de 201.141 personas beneficiarias, con lo que se sitúa como el programa con mayor número de beneficiarias. Este programa que inicialmente era para para demandantes de larga duración mayores de 45 años, se ha extendido después a mujeres víctimas de violencia y personas con discapacidad y, finalmente a emigrantes retornados. Todavía falta una sentencia, quizás por la falta de denuncia, en la que se pronuncie sobre la Renta Activa de Inserción. De acuerdo con las dos anteriores, es de prever que la considerara de ámbito autonómico.
En su conjunto, los tres programas podrían atender a trescientas o trescientas cincuenta mil personas beneficiarias, lo que supondrá un gasto superior a los 1.500 millones de euros al año. Más o menos, el gasto de esta ayuda de acompañamiento es equivalente a lo que el Estado transfiere actualmente a las comunidades autónomas en concepto de políticas activas de empleo
El Tribunal Constitucional considera que tanto el PREPARA como el PAE son competencia de las comunidades autónomas. Considera, tal y como se recoge en los programas, que: “la atribución que la normativa reguladora del citado Programa efectúa al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para que sea este el encargado de ejercer las funciones de concesión y pago de su “ayuda económica de acompañamiento” deba considerarse como inconstitucional y nula, por corresponder a la competencia de los Servicios de Empleo de las Comunidades Autónomas”.
Básicamente el PAE, según lo define la sentencia “es un programa específico y extraordinario de carácter temporal dirigido a personas desempleadas de larga duración, carentes de protección por desempleo (o de renta activa de inserción), sin ingresos superiores a un determinado porcentaje del salario mínimo interprofesional y con responsabilidades familiares. Su objetivo es la activación y la inserción laboral de sus beneficiarios, comprendiendo para ello políticas activas de empleo, actuaciones de intermediación laboral y una “ayuda económica de acompañamiento”, que se abona por el SEPE, tiene una duración máxima de seis meses y una cuantía igual al 80 por ciento del indicador público de rentas de efectos múltiples mensual, estando vinculado su reconocimiento, tanto a la realización por el solicitante de, al menos, tres acciones de búsqueda activa de empleo, como a la asignación del correspondiente itinerario individual y personalizado de empleo”.
A la vista de lo ocurrido, habrá que analizar detenidamente qué puede ocurrir si se aprueba la Prestación de Ingresos Mínimos propiciada por los sindicatos CCOO y UGT y presentada en el Congreso como Iniciativa Legislativa Popular. Actualmente está en trámite. Desde el Gobierno se insinúa que tal y como está definida y a la vista de las sentencias del Constitucional, podría corresponder su gestión a las CC.AA.
Si miramos los dos programas que el TC ha declarado que son competencia de las comunidades, vemos que se trata de meros parches a un sistema de prestaciones que hace agua por todos los costados y aún más desde los recortes que hizo este gobierno del PP. Por supuesto que hacer aguas significa que no son suficientes para el conjunto de las personas paradas, por lo que no cumplen con el mandato constitucional de unas “prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo”.
En los tres primeros trimestres de 2017 solamente una de cada cuatro personas paradas percibía una prestación, el 27,8%. Ha habido una media de 2.860.384 personas que han estado desprotegidas, frente a las 1.099.454 personas con algún tipo de prestación. Los programas deben suponer entre el 13% y el 15% de todos los beneficiarios.
El Gobierno del PP ha recortado los fondos dedicados a políticas activas de 7.566 millones de euros que había en los presupuestos del SEPE en 2011 a los 5.488 que hay en 2017
Lo que en la actualidad está ocurriendo en cualquiera de los tres programas es muy grave. Se está obligando a las personas paradas a participar en una parodia de itinerarios de inserción cuando los Servicios Públicos de Empleo de las comunidades carecen de los fondos necesarios para poder ofrecerles los servicios que acuerdan en el itinerario. Pero para poder percibir la ayuda de acompañamiento precisan hacer la parodia. El Gobierno del PP ha recortado los fondos dedicados a políticas activas de 7.566 millones de euros que había en los presupuestos del SEPE en 2011 a los 5.488 que hay en 2017. En Prestaciones el recorte supera los catorce mil millones de euros, un 44%.
No está la protección de las personas paradas como para que se elimine ninguna vía, por mal gestionada que esté. Las sentencias del Constitucional, unidas a la espada de Damocles que pende de la RAI y más todavía con la Prestación de Ingresos Mínimos si se aprueba en el Congreso, permite a las comunidades una masa crítica suficiente para articular su propia estructura de “prestaciones” que, incluso, podría ser compatible con la gestión de las rentas de ingresos mínimos que tienen en la actualidad, como ocurre en Euskadi.
El chantaje que hizo el Ministerio a los servicios autonómicos de empleo cuando la sentencia del Prepara ya no se puede producir en los mismos términos. Ahora ya no caben chantajes. Es preciso que los gobiernos de las comunidades, el gobierno del Estado y los agentes sociales se sienten y propongan al Congreso un modelo de prestaciones sin parches, con un nivel de protección suficiente y en el que existan colectivos que, por sus especiales circunstancias, no dejen de estar protegidos. Así mismo, es preciso que se arbitren los mecanismos necesarios para su financiación. Lo que no puede ocurrir es continuar como hasta ahora, con tres de cada cuatro personas paradas sin protección y un gobierno que chantajea a las comunidades y a los sindicatos con migajas de protección, pese a tener la competencia.
Los más de mil quinientos millones de euros que se destinan en la actualidad a los programas no solo no pueden perderse, sería gravísimo, sino que deben multiplicarse por cuatro como mínimo, convertidos en una prestación asistencial del Título tercero de la Ley de la Seguridad Social.
Enrique Negueruela Cortés | Asesor de la Secretaría Confederal de Empleo y Cualificación Profesional de CCOO
