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El 26 de noviembre de 1978 los reyes de España visitaron Argentina en plena dictadura militar con Jorge Videla al frente de la Junta Militar. Aquella visita fue muy provechosa desde el punto de vista económico, pero generó una intensa polémica en la España que caminaba hacia la democracia, a punto de aprobar en referéndum su Constitución. El PSOE registró en el Congreso una moción contra este viaje, reclamando la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, que no vio reparo alguno a la visita, respaldado desde Alianza Popular por Manuel Fraga. Debemos recordar, además, que el rey firmó un decreto horas antes de despegar hacia Buenos Aires por el que se otorgaba a Videla el collar de Isabel la Católica. El dictador argentino había conseguido con esta visita un deseo desde el mismo momento en que se produjo el golpe, y que no era otro que conseguir que el monarca español visitase Argentina.
Hoy recordamos la cerrada oposición de los socialistas a este viaje, desde meses antes de que se produjera. En las páginas de El Socialista se publicó en el mes de agosto de ese año un artículo donde se expresaba la honda preocupación que había causado en el PSOE el anuncio del viaje del rey para el mes de noviembre a Argentina.
En el mismo se anunciaba que sería muy probable que el ministro de Asuntos Exteriores tuviera que comparecer de forma casi inmediata en el Congreso para dar explicaciones sobre los motivos que habían aconsejado a que el rey aceptara la invitación argentina.
La preocupación radicaba en el hecho de que sería la primera visita como rey constitucional, y no parecía un buen comienzo visitar un país donde los derechos humanos eran vulnerados y donde había millares de presos políticos, sin olvidar a los desaparecidos. Los socialistas querían preguntar al Gobierno las razones que habían aconsejado para que se organizase este viaje. En el artículo se recordaba que ya los socialistas habían aconsejado, a propósito del viaje real a China, que había que cuidar mucho más los detalles de estos viajes. El primer viaje del rey, recién aprobada la Constitución en las Cortes, a falta de la aprobación en referéndum, tenía un significado profundo y que debía estar por encima de intereses económicos, que los socialistas suponían habían sido las razones para que se decidiera el viaje a Buenos Aires.
En el número siguiente el editorial de El Socialista llevaba el significativo título de “Diplomacia aldeana”.
Para los socialistas el concepto que de sí mismo se forjaba un país y de la posición que le correspondía ocupar en el concierto de las naciones dependía tanto de las actitudes que adoptaba en relación con los asuntos internos como en el campo de las relaciones internacionales. Ningún aspecto de las políticas en ambos universos debía descuidarse ni subestimarse. La política de Estado debía basarse en la conciencia histórica. Cuando se carecía de la misma se cometían los dislates que se habían cometido en el pasado reciente español. Se había actuado obedeciendo a “tradicionales particularismos aldeanos”, sin otra comprensión que la inmediatez de los intereses privados. En este sentido, se ponía el ejemplo de lo acontecido con el Sahara, o la que se calificaba como la subordinación de los intereses nacionales a los privados en los asuntos de la pesca y en sus relaciones con la CEE.
La tremenda ausencia de conciencia histórica estaba llevando al Gobierno a enajenar la confianza de los demócratas latinoamericanos, los que indefectiblemente pasarían a gobernar en el futuro próximo los países sojuzgados por las dictaduras, con el proyecto viaje real a la República Argentina. El Gobierno español se sometía en este caso, como en otros, a las presiones de los sectores favorables a las dictaduras y a las imposiciones de los dictadores latinoamericanos, algo que se interpretaría como debilidad del Ejecutivo y la incapacidad del Estado español para resistirse a las exigencias ajenas, como había ocurrido en el pasado reciente con Marruecos.
No se trataba solamente de si era o no procedente la discriminación de los regímenes que puede visitar el jefe del Estado. Esa argumentación reducía el problema a simple política de Gobierno y no de Estado, pero, además, era calificada por los socialistas, de “leguleya” y propia de una “concepción aldeana de las relaciones exteriores”. No cabía argüir la conveniencia de compensar la visita a China con la proyectada de Argentina. Eso no era un criterio para justificar las relaciones internacionales. Pero tampoco podía justificarse por el interés económico porque, además, ese argumento convertía al jefe del Estado en un mero embajador.
Las visitas del jefe del Estado debían ser muy sopesadas porque representaba a la nación y al pueblo español. Eran visitas que debían concertarse con la oposición
En conclusión, una acertada política exterior requería una concepción de España y del Estado alejada de esos particularismos aldeanos.
Pero, además, en ese mismo número del periódico se criticaban las declaraciones del ministro Marcelino Oreja hechas a la agencia EFE, en las que, además de no explicar cómo sería su respuesta en la comparecencia en el Congreso, quería remarcar que las relaciones con Iberoamérica respondían al principio de la no discriminación de los regímenes políticos. Pues bien, los socialistas contestaron que había que distinguir entre relaciones diplomáticas, para las cuales, era verdad que debía regir el principio de la no discriminación, según había explicado el ministro, y las visitas a otros países por parte de un jefe de Estado, que no sería un simple embajador o presidente del Gobierno. Las visitas del jefe del Estado debían ser muy sopesadas porque representaba a la nación y al pueblo español. Eran visitas que debían concertarse con la oposición.
Los socialistas se comprometieron mucho contra esta visita, ya que su periódico se puso en contacto con el Movimiento Peronista Montonero sobre lo que pensaba de este viaje. Podemos calificar la respuesta de prudente, pero muy significativa. Su representante europeo, Daniel Vaca Narvaja, explicó que se trataba de un asunto interno de España y eran los españoles los que tenían que pronunciarse al respecto. Pero también es cierto que al estar el pueblo argentino sojuzgado por una dictadura militar nunca podía ser anfitrión de nadie. Hasta el momento, los que habían visitado Argentina lo habían hecho o para investigar las infinitas violaciones de los derechos humanos cometidas por la Junta Militar, o para apoyar la represión y el genocidio. No cabía una tercera opción.
Además, El Socialista incluyó la resolución del Parlamento Europeo del 3 de julio de 1978 por la que, oído el informe de la Comisión política, invitaba a los ministros de Asuntos Exteriores de la CEE, así como a la Comisión y al Consejo, a tomar con urgencia medidas para mejorar la situación de respeto a los derechos humanos y a las libertades en Argentina, además de decidir utilizar toda su influencia al margen de la Comunidad, especialmente ante el Parlamento Latinoamericano y el Congreso de los Estados Unidos para llevar a cabo una acción concertada y paralela dentro del marco de la ONU. Por fin, el Parlamento encargaba a la Comisión política para que siguiera con atención el problema de la violación de los derechos fundamentales de la persona en todo el mundo.
Por su parte, el periodista Joaquín Tagar publicó en este mismo número de El Socialista un extenso artículo sobre lo que consideró como un viaje inoportuno el que se iba a realizar a Buenos Aires. Dicho artículo explicaba el revuelo que había producido la petición socialista para que compareciera el ministro, pero lo más importante era que Tagar afirmaba que el viaje supondría dar un respaldo internacional a la dictadura. Hasta el momento solamente habían visitado el país Pinochet y Hugo Banzer. No parecía nada provechoso para la Jefatura del Estado de un país que estaba consolidando una democracia basada en el respeto de los derechos humanos el que su representante tuviera que abrazar al dictador argentino. Los intereses económicos se podían salvaguardar con otro tipo de visitas. En cuanto al argumento sobre los especiales lazos que unían a España con Argentina, Tagar afirmaba que se podían reforzar ayudando a que los argentinos pudieran vivir en paz y en libertad en su propio país.
Una vez producida la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores en la Diputación Permanente del Congreso el 28 de agosto de 1978, los socialistas opinaron que no habían convencido a ningún grupo parlamentario que no fueran la UCD y Alianza Popular. La moción fue rechazada por los veinte votos de ambas formaciones de centro-derecha y derecha, frente a los dieciséis favorables de los socialistas (del Congreso y los catalanes), la Minoría Catalana, los comunistas y el Grupo Mixto.
El ministro Oreja expuso cuatro razones para justificar el viaje del monarca. En primer lugar, por el peso específico de Argentina en el continente americano. En segundo lugar, porque en el país existía una amplia colonia española, la más numerosa fuera de España, y que esperaba al rey, y que sus miembros sabían que no suponía una identificación con el régimen de aquel país. La tercera razón se basaba en la consideración de la esterilidad del aislamiento y la posibilidad de que la visita ayudara a la apertura interna, como se habría visto en el caso español. Por último, y la razón en la que más se demoró, era de tipo económico, la que, realmente, pesó en la toma de la decisión del Gobierno de Adolfo Suárez para aceptar la invitación de Videla.
La moción socialista decía que para preservar el prestigio de las instituciones democráticas españolas y la figura del Jefe del Estado de una Monarquía parlamentaria, ante la grave situación de violación de los derechos humanos en Argentina y de las continuas desapariciones de personas, entre ellas treinta y cinco españoles hasta el momento, se requería que el Gobierno aplazase el viaje del rey hasta que las circunstancias aconsejasen su realización.
No se podía admitir que el jefe del Estado avalase una situación que el propio Estado español, a través del Congreso de los Diputados, había condenado explícitamente
Eduardo Martín Toval por los socialistas de Cataluña, insistió en su intervención en que el argumento económico valía para la política de un buen Gobierno, pero no necesariamente para una política de Estado, y no exigía la visita del rey. Tampoco le valía el argumento sobre la colonia española porque se basaba en un “principio sentimentaloide” cuando era necesaria una acción política eficaz en relación de los emigrantes españoles, pero, también con los exiliados argentinos en España. En definitiva, Martín Toval consideraba que, en realidad, el viaje incumplía los propios principios esbozados por el ministro. No se podía admitir que el jefe del Estado avalase una situación que el propio Estado español, a través del Congreso de los Diputados, había condenado explícitamente. A España había que exigirle todos sus ciudadanos que no avalase sistemas dictatoriales que conculcaban los derechos humanos. La visita podía interpretarse y así ocurrirá, vaticinaba el diputado socialista, como un aval.
Por fin, el diputado Luis Yañez (socialistas del Congreso) se demoró en explicar la situación en Argentina, especialmente sobre los desaparecidos, y el empleo de niños para que los padres se entregasen o regresasen, así como sobre la falta de libertades y el hecho de que la Junta Militar manipularía en su favor la visita del rey.
Hemos trabajado con los números 70, 71 y 72 de El Socialista del año 1978.
