El siglo XIX fue muy duro en la historia de Navarra pues soporto la presencia francesa en la guerra de la Independencia y posteriormente las tres guerras carlistas que desolaron todo su territorio.
Otro aspecto muy destacable es que Navarra fue un territorio profusamente conservador con un dominio del pensamiento ultramontano del carlismo y con una gran presencia de la iglesia católica, mientras que el movimiento liberal navarro era muy restringido y presente únicamente en las zonas urbanas.
- EL CONVENIO DE TEJADA VALDOSERA DEL AÑO 1877
- LA GAMAZADA
- EL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE NAVARRA
- LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y LAS ELECCIONES
Las consecuencias de la última guerra carlista, la abolición de los fueros vascos por las Cortes, al aprobar éstas la ley de veintiuno de junio del año 1876, fueron muy significativas para Navarra.
Navarra no quedó excluida de esta política antiforal que desarrolla el gobierno conservador de Cánovas del Castillo. Los navarros fueron obligados también a elevar su cupo único de contribución.
Se puso de manifiesto la incompatibilidad de los fueros con el régimen constitucional. La tercera guerra carlista ofreció una gran oportunidad al gobierno conservador de equiparar fueros con el carlismo.
En la España de la Restauración persistieron los mismos fraudes electorales que en las épocas anteriores y desde el ministerio de la Gobernación se iban apañando las elecciones.
El atraso económico que sufría el país y con más motivo Navarra era muy significativo, ya que todo el proceso industrial era muy débil y concentrado en pocas regiones como Cataluña, País Vasco o Madrid.
EL CONVENIO DE TEJADA VALDOSERA DEL AÑO 1877
La posición del gobierno conservador de Cánovas del Castillo es clara y pública una Real Orden de seis de abril del año 1876, donde se pretende centralizar la administración y lograr la unidad nacional, negando cualquier compromiso anterior adquirido con las provincias forales.
Navarra no se tuvo en cuenta, pues ya se habían adaptado sus fueros conforme al pensamiento liberal, según lo dispuesto en el artículo segundo de la Ley del veinticinco de octubre del año 1839, solicitándose desde el gobierno central el envió de comisionados a Madrid para preparar la modificación de la Ley del año 1841.
Siguiendo el criterio antiforalista del gobierno central solicita que se hagan quintas militares y se aumente la contribución para el aumento de suministro de raciones a las tropas que guarnecían a Navarra.
Estas solicitudes significan un ataque frontal al régimen específico de Navarra, porque le obligan a pagar una contribución extraordinaria de la que legalmente estaba exenta y la Diputación era consciente de este problema que le generaban.
Para Navarra no se trataba de eludir unas cargas sobre las pobres economías de sus pueblo como de implantar la legalidad vigente y reconocer lo que se había acordado en la Ley del año 1841.
La Diputación se vio obligada a negociar con el gobierno central, para lo cual nombró a destacadas personalidades dentro de la sociedad navarra en calidad de comisionados. Varios de ellos rechazaron el nombramiento al no estar de acuerdo con la negociación, pues consideran que el gobierno debería derogar previamente la Orden Ministerial de abril del año 1876.
Ante la negativa de los comisionados, fue la propia Diputación la que tuvo que ir a Madrid para comenzar las conversaciones con el presidente del gobierno Cánovas del Castillo. El objetivo de los diputados forales era evitar la revisión total de la Ley y ceder en aspectos parciales de la misma.
Cánovas del Castillo reconoce que Navarra se había adaptado totalmente a la unidad constitucional, sin embargo, el presidente del gobierno pretende una revisión sobre la tributación navarra a la Hacienda Pública, pues la considera inferior a la que le pudiera corresponder en función de su población y riqueza y piensa que es insolidaria la posición de la Diputación navarra con respecto a otras provincias.
Cánovas del Castillo consideraba que la situación actual era muy diferente a la del año 1841 cuando se estipuló un cupo fijo de 1.800.000 reales, que Navarra debía pagar al Estado.
El gobierno central quería que los impuestos en Navarra tuvieran el mismo desarrollo que en el resto de las provincias e incluso pretendía establecer otros impuestos que no constaban en la ley del año 1841, y que ahora se consideraban en los presupuestos generales del Estado.
Para la Diputación navarra suponía asumir la proporcionalidad de las cargas frente al cupo o contribución única. Sin embargo, la Diputación no cederá en su defensa del carácter pactado de la ley del año 1841 y como tal inalterable, al menos hasta que no se llegase a un consenso por ambas partes.
Cánovas del Castillo negaba el carácter pactado de la ley del año 1841 y consideraba que era una ley a otras similares hechas por las Cortes. Cánovas era un político pragmático, pero no estaba dispuesto a olvidar la realidad la realidad y suprimir de un plumazo la ley del año 1841, conculcando de esta manera los derechos históricos de Navarra.
Cánovas quería modificar la tributación navarra, haciéndola más solidaria de acuerdo a sus posibilidades, como sucedía en el resto de provincias. La Diputación flexibilizó su postura, aceptando contribuir a la Hacienda pública con una proporcionalidad.
La Ley de Presupuestos Generales del Estado, de julio del año 1876, fue aprobada por el Congreso pero provocó la oposición de buena parte de los diputados y senadores de Navarra, porque juzgaban que el artículo 24º lesionaba de forma importante los intereses de Navarra.
El artículo 24º fijaba la proporcionalidad de la contribución de los inmuebles y ganadería y permitía una progresiva introducción de otros impuestos indirectos. El aumento de impuestos constituía una seria amenaza para los intereses económicos para Navarra, al mismo tiempo supone una provocación a lo acordado en la ley Paccionada del año 1841.
El gobierno central empezó a aplicar la nueva ley de presupuestos y dicta órdenes para introducir en Navarra varios impuestos indirectos como eran el caso de los impopulares impuestos de consumos y el de papel timbrado que provocó verdadera indignación en la Diputación.
El gobierno central encargo a la Diputación navarra que realizase un estudio sobre la riqueza con la finalidad de poder fijar un cupo fino a la provincia foral.
La Diputación alegó la gran dificultad que suponía atender la petición de conocer la riqueza de la provincia, pues había una carencia total de datos fiables económicos y la imposibilidad de contar con un sistema contributivo homologable al de otras provincias.
La Diputación contactara con el gobierno central sin conocer realmente la riqueza de Navarra, por lo que acudió al cálculo comparativo con otras provincias.
Se nombró al conde de Tejada Valdosera comisionado del gobierno en diciembre del año 1876, para iniciar las conversaciones para la creación de un nuevo convenio con la Diputación navarra.
Las posiciones de ambas partes estaban muy bien definidas:
- La administración central insistía en negociar partiendo del artículo 24º de la ley de presupuestos, donde se proponía un aumento del cupo y la posibilidad de gravar la provincia con otros impuestos indirectos.
- La Diputación únicamente aceptaba aumentar la contribución directa del cupo.
Tejada Valdosera deseaba que se incluyeran los impuestos indirectos, verdadero caballo de batalla del convenio, fijando una cantidad global que fuera la suma de los impuestos directos e indirectos.
La Diputación navarra seguía negándose a aceptar otra negociación que no fuese la contribución directa. Sin embargo, estaba dispuesta a modificar el cupo según lo establecido en los artículos 25º y 26º de la ley Paccionada del año 1841, de acuerdo con el aumento de la contribución durante estos últimos años en toda España.
Tras largos debates se llegó afijar un cupo de ocho millones de reales de vellón, pero que habría de descontar un millón y medio de reales por el arriendo del tabaco, antiguas tablas y deuda pública.
Por el concepto de Culto y Clero siguió fija la cantidad de 3.600.000 reales, siempre y cuando esta prestación siguiese realizándola por parte de la Diputación. Por último la Diputación se quedaba un 5% que significaba unos 400.000 reales por la recaudación de impuestos.
El convenio será conocido como de Tejeda Valdosera y se sancionaba mediante Real Decreto del diecinueve de febrero el año 1877. El Decreto aumentaba el cupo contributivo de Navarra de los 1.800.000 fijados en la Ley Paccionada del año 1841 a los ocho millones de reales.
El Convenio satisfacía al gobierno central al modificar el cupo respecto al de la ley Paccionada del año 1841, pero tampoco defraudaba a la Diputación navarra, dado que su implantación no fue resuelta unilateralmente sino que fue fruto de una negociación teniendo en cuenta la referencia la ley Paccionada del año 1841.
A pesar de todo, Navarra seguía disfrutando de una buena situación fiscal respecto al resto de provincias. Sin embargo, había algunos que pensaban que Navarra contribuía más que otras provincias españolas. El Convenio supuso una alteración importante respecto a la ley Paccionada del año 1841, pero suponía una salvaguarda pues seguía manteniendo una cierta autonomía fiscal.
LA GAMAZADA
Se identifica como la reacción generalizada que se produjo en Navarra como consecuencia de la actitud del ministro de Hacienda, Germán Gamazo, que en mayo del año 1893, al elaborar los presupuestos del Estado, intentó aplicar a Navarra las mismas contribuciones, rentas e impuestos, que iban a regir en el resto de las provincias española, olvidándose de la ley Paccionada del año 1841 y del Convenio Tejada Valdosera del año 1877.
El artículo 17º de la ley de presupuestos del año 1893 decía:
“El Gobierno usara inmediatamente de la autorización que le otorga el artículo 8º de la ley once de julio del año 1877, para aplicar a la provincia de Navarra las contribuciones, rentas e impuestos que actualmente rigen y las que por la presente ley se creen en las demás provincias del Reino”.
La contestación de todo el pueblo navarro y de sus instituciones ante tal agresión fue contundente. Navarra puso en cuestión al gobierno liberal de Sagasta, que se encontraba gobernado el país y para ello desarrollo una serie de acciones con la finalidad de reformar el proyecto de presupuestos.
La Diputación reaccionó protestando ante las Cortes, alegando que tales medidas conculcaban las leyes del año 1839 de confirmación de fueros y la ley Paccionada del año 1841, por lo que pedía la retirada del proyecto.
Los diputados navarros mostraron su desacuerdo en el Congreso y todos actuaron de una forma común, sin tener en cuenta las diferencias partidistas. Los carlistas propugnaron las reacciones más violentas en caso de que la ley no fuera retirada.
Los conservadores también denunciaron abiertamente dicho atropello del gobierno liberal central al olvidarse de los pactos anteriores entre Navarra y el gobierno central.
Los partidos políticos navarros sin excepción mostraron su rechazo al proyecto, aunque matizando sus opiniones. La prensa carlista como era La Lealtad Navarra adoptó una postura muy agresiva y llamando a manifestarse. Esta posición es también compartida por el periódico integrista El Tradicionalista.
El periódico conservador El Eco de Navarra planteaba medidas más mesuradas y proponía que los municipios escribiesen notas de protesta para que se notara la inquietud que dicha ley provocaba en el pueblo navarro.
Los liberales navarros más comprometidos con el gobierno defendieron el foralismo y oponiéndose a los planes del gobierno central y a diferentica de los carlistas e integristas pidieron a la población que mantuvieran la calma y adoptasen unas medidas pacíficas.
A finales del mes de mayo los municipios enviaron escritos de protesta a la Diputación. El primer ayuntamiento que lo hizo fue el de Pamplona a la vez que se organizaban actos públicos de afirmación foral contra el plan de Gamazo.
Los navarros participaron activamente. La participación de los pequeños municipios y numerosos escritos así lo atestiguan, junto a las adhesiones de casino, colegios profesionales y otros tipos de instituciones.
En este ambiente de exaltación, algunos sectores plantearon la realización de manifestaciones. Las primeras se realizaron el veintiocho de mayo en las ciudades más importantes de Navarra y que acabaron realizándose en otras poblaciones más pequeñas.
El cuatro de junio se realizo una manifestación multitudinaria en la que participaron más de veinte mil navarros, lo cual representa el malestar que provocaba dicha ley.
Se produce el levantamiento del sargento, José López Zabalegui que, con varios soldados del destacamento del fuerte Infanta Isabel, situado en Obanos y Puente la Reina que junto con algún vecino de los pueblos cercanos se echaron al monte al grito de “Viva los Fueros” y su primera acción fue tomar el fuerte durante la noche de treinta y uno de mayo.
El gobernador civil asumió inmediatamente la iniciativa y organizó la persecución con fuerzas de la guardia civil y del ejército. Rápidamente fueron controlados pero el impacto de esta rebelión en el gobierno central fue importante.
El gobernador civil no suspendió la manifestación multitudinaria que tuvo lugar dos días después. El día cuatro de junio, llegaron a Pamplona gentes de todos los rincones de Navarra. Los acontecimientos de Navarra fueron tenidos muy en cuenta y ponen de relieve el temor a un nuevo estallido carlista, pues hacía poco tiempo que había acabado la tercera guerra carlista.
Las Cortes rechazaron las propuestas de la Diputación defendidas por los diputados navarros y la ley quedó aprobada incluido el artículo 17º, por el que se aplicaba a Navarra el mismo tratamiento fiscal que al resto de las provincias del Estado. Sin embargo, el gobierno central presentaba un gran temor a los desordenes públicos y ordeno el acuartelamiento de la guardia civil en Pamplona y Tudela.
La precaria situación económica de los jornaleros de la Ribera y de la Navarra media creaba una situación de inestabilidad en toda la provincia Se propagó entre los jornaleros en este mes de agosto, que algunos de los impuestos que se pretendían imponer eran antiforales.
El tres de septiembre se colocaba en la plaza de los Fueros de Tudela se colocó una lápida con gritos de Viva los Fueros y Abajo los consumos, produciéndose manifestaciones que acabaron con grandes disturbios y algaradas.
A pesar de estar aprobado el artículo 17º, el gobierno central no se atrevió a implantarlo. Las protestas contra Gamazo se volvieron a repetir en marzo del año 1894.
El gobierno central pidió a la Diputación navarra que se desplazase a Madrid pare ver como poder introducir los nuevos impuestos. La Diputación se mantuvo firme en su rechazo a tales impuestos y no se doblegó ante las exigencias de Gamazo, quién amenazó incluso a los diputados navarros con la supresión del régimen foral.
A su regreso a Pamplona, la Diputación recibió grandes muestras de afecto y cariño de todas las fuerzas navarra. Debemos resaltar que tanto la prensa local como la madrileña se mostraron favorables al mantenimiento del régimen foral.
Sagasta era partidario de la prudencia y de no llegar al enfrentamiento con Navarra y provocó la salida de Gamazo siendo sustituido por Amós Salvador en marzo del año1894. El nuevo ministro emplazó a la Diputación a desplazarse a Madrid para ver la elaboración de unos nuevos presupuestos y negociar el aumento de un millón de pesetas fijado en el nuevo presupuesto.
El asunto quedó paralizado al disolverse las Cortes en el año 1895, quedando todo igual para Navarra, al menos de momento. El gobierno central quería evitar enfrentamientos con la Diputación navarra y pretendía mantener el aumento progresivo de los impuestos pero de forma indirecta.
La Gamazada será un intento de homologar el sistema tributario navarro con el del resto del país, introduciendo el principio de la igualdad fiscal, hecho que lesionaba el pactismo navarro, que se había iniciado en el año 1841 y que, tras esta crisis prevalecerá al suscribirse el del año 1927.
EL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE NAVARRA
La defensa de la foralidad es asumida unánimemente por todos los partidos políticos. Desde el liberalismo moderado que participó en la negociación de la ley del año 1841, cuyo máximo exponente fue Yanguas y Miranda.
Todos ellos quieren ampliar las competencias de la Diputación, especialmente los carlistas y progresistas, en los que se aprecia un mayor foralismo. En los años sesenta se forma el partido Unión Vasco-Navarra, dando lugar a un fuerismo que deriva del euskérico, integrado por neocatólicos y carlistas.
Fue en el año 1877 con la firma del Convenio de Tejada Valdosera cuando nace la Asociación Euskara de Pamplona, cuyo objetivo es la promoción cultural de lo euskaldún, destacando como miembros de la misma, Iturralde y Suit y Arturo Campión.
La política centralista de la Restauración, la crisis económica y la voluntad de todos los partidos navarros, contribuirán a reforzar el deseo de aumentar la autonomía de la Diputación con nuevos organismos que ejerzan un control sobre ella.
Se produce el primer intento de crear el Consejo Administrativo en diciembre del año 1897 que fue presentado por el diputado foral carlista, Serafín Mata y Oneca, quien planteaba la necesidad de crear un organismo deliberante que pudiera compartir el poder de La Diputación Provincial heredado de la Diputación del Reino.
El Consejo estaba organizado por merindades, por cada una de ellas concurría el síndico de su respectiva capital y un número de procuradores que enviaba a las antiguas Cortes.
Este proyecto fue puesto a discusión entre los diputados forales, siendo contrarios a él la mayoría de los diputados al pensar que se disminuían las atribuciones de la propia Diputación.
Las necesidades económicas por las que atravesaba Navarra obligaron a su Diputación a buscar un consenso lo más generalizado posible. Esto facilitó la aprobación de la propuesta de Serafín Mata y el catorce de mayo en sesión extraordinaria se acordó la constitución del Consejo y se aprobaron las bases pro las que debía regirse.
El acto del dieciséis de agosto del año 1841, al dar a la provincia una organización autónoma no marcaba a la Diputación límites precisos en la gestión de los fondos públicos.
Sin embargo, la Constitución obligaba a la Diputación del Reino a rendir cuentas a las Cortes. Debido a este era necesaria la existencia de un órgano fiscal que controlase a la Diputación.
El Consejo no pretendía restar competencias a la Diputación robustecía su autoridad. Lo que no era bien comprendido por los corporativos forales. Por ello el Consejo tardó mucho en desempañar las funciones para las que fue creado.
Estas atribuciones eran sobretodo de tipo económico como en la intervención en la formación de presupuestos y examen de cuentas, remisión de la deuda, cuestiones propiamente forales o asuntos que exigían asesoramiento para la Diputación. También se sometían a consulta del Consejo aquellos reglamentos y medidas de carácter general elaborados por la Diputación.
Sus miembros eran cambiados cada año, sin tener la posibilidad de llevar a cabo una labor política continuada, dando pábulo al absentismo y a la falta de acción. El Consejo estuvo muy lejos de convertirse en una prolongación de lo que fueron las antiguas Cortes navarras.
LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y LAS ELECCIONES
La representación estará limitada por el sufragio censitario, reservándose el voto a los ciudadanos que poseen determinadas rentas. Se promulgó en España el sufragio universal en el año 1869, desapareció en el año 1876 para reimplantarse con el gobierno de Sagasta en el año 1890, no por ello se garantizaba la fiabilidad de los resultados electorales.
Durante todo el siglo XIX, la participación ciudadana fue muy escasa. Los partidos políticos no vertebraban la sociedad española y escasamente el ciudadano se identifica con ellos, salvo una minoría de notables.
Los partidos gobernantes intervienen directamente en las elecciones sustituyendo a un electorado ausente y distante de la realidad política. La organización de los partidos empleaba a la Administración con fines partidistas, cuya capacidad de manipular en beneficio propio y en el de su clientela era evidente.
El partido carlista, aun con sus escisiones, es el más fuerte y mejor organizado de Navarra, el que presentó una ideología más definida y recogió mayores apoyos del pueblo, aunque en ocasiones no se correspondió con los resultados electorales.
Los liberales y conservadores no pasaron de ser partidos minoritarios, formados por un grupo de hombres influyentes, bien por su riqueza o por ocupar cargos importantes en la administración.
Na barra tiene los mismos vicios que en el resto del país, pues funciona el encasillado dirigido por el gobernador civil de turno, pero con la peculiaridad de que aquí los partidos de turno se enfrentaban a otra fuerza política nada despreciable, como era el carlismo.
La propaganda política se realizaba desde los periódicos locales, cada uno solía estar adscrito a una tendencia ideológica, por más que indicase expresamente en su portada que era independiente. Otra forma eficaz de llegar a los electores era recorriendo los candidatos las poblaciones navarras y visitando a los caciques locales.
Después del partido carlista, el partido de mayor implantación social fue el partido conservador y siempre obtenía mejores resultados que el partido liberal. La actividad política de los partidos de turno se reducía casi exclusivamente a estos períodos electorales.
El partido conservador tenía una mínima estructura organizativa y militaban en él buena parte de la aristocracia navarra, como el conde de Guendulaín, marqués de la villa de Marcilla, marqués de Amparo, conde de Lizarraga, Jacinto Miranda, vizconde de Ega entre otros.
En el mismo también participaba algún destacado comerciante como Daniel Irujo y prestigiosos profesionales como era Serapio Huici y Pedro Uranga.
El partido liberal contó con menos diputados en Navarra que el conservador. Esta debilidad se pone de manifiesto en las últimas décadas del siglo XIX. Sus dos figuras más representativas en Navarra con Martin Enrique Guelbenzu, diputado por el distrito de Tudela y Valentín Gayarre, diputado por Aoiz. Los liberales a partir de la muerte de su líder Sagasta, a comienzos del siglo XX, se dividieron en varias facciones.
Los tradicionalistas o integristas se mantuvieron al margen del juego político sin presentar candidaturas a las elecciones. El Círculo Republicano de Pamplona presentó como candidato a Agustín Sardá, aunque sus resultados electorales fueron testimoniales.
La falta de identificación de los partidos con el pueblo durante la Restauración se traduce en altos niveles de abstención electoral, que aumenta cuando sólo se presenta un único candidato. Los niveles de la abstención se sitúan en torno al 55%, disminuyendo en los distritos donde se planteaba la lucha entre varios candidatos como era habitualmente en Pamplona.
