He podido leer el artículo espléndido Ramón Menéndez Pidal, Manuel Fraga Iribarne y el Premio Nacional de Literatura de 1963, de enero de 2021, publicado en la revista Cuadernos Hispanoamericanos de Santiago López-Ríos Moreno, Catedrático de Literatura Española en la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid. Enhorabuena. Gracias por la investigación.
Me ha servido para conocer la implicación política, como paradigma de intelectual comprometido a favor de la democracia de Ramón Menéndez Pidal. En diciembre de 1947, su gran prestigio y el amplio reconocimiento internacional pesaron más que su actitud de intelectual disidente y fue reelegido presidente de la RAE, cargo que ostentaría hasta su muerte en 1969.
Fue después de este nombramiento cuando el gobierno franquista ordenó que las plazas de los académicos exiliados como Tomás Navarro, Niceto Alcalá-Zamora y Salvador de Madariaga, fueran sacadas a concurso, pero Ramón Menéndez Pidal desobedece el deseo del régimen y consigue que los sillones de los académicos exiliados permanezcan sin cubrir hasta el fallecimiento o retorno de sus titulares.
Otra anécdota suya puede ser suficientemente expresiva de su sentir político. Está relacionada con la Academia, y que fue difundida por Pío Baroja. Los académicos solicitaron la retirada del retrato de Cervantes que presidía el salón de actos de la RAE, ya que existían serias dudas de que el cuadro firmado por Juan de Jáuregui correspondiese al autor de Don Quijote de la Mancha. Menéndez Pidal se negó a retirarlo, justificando su decisión con las palabras siguientes: “Déjenlo ustedes ahí, que si quitamos a Cervantes, seguramente tengo que poner a Franco”.
Franquista, nunca. Dejó muy claras sus diferencias con los vencedores. En febrero de 1940, manifestó:
“Cuando volví a España, tenía alguna esperanza, aunque no mucha, de hallar en ella una atmósfera próxima a descargarse de los rencores que toda guerra civil deja tras de sí. Desvanecida esa esperanza, creo lo mejor permanecer aparte, confiando en que, aunque por mi edad ya no lo vea, vendrán tiempos sin odios en que nuestra España pueda ser una en los espíritus y grande en el esfuerzo”.
Pero no se quedó aparte. Se implicó en numerosas ocasiones a nivel político. Rompe esa visión de estudioso retirado en un despacho y rodeado de libros, despreocupado del mundo que le rodea. Este parece ser el objetivo del artículo de Santiago López-Ríos. Y lo muestra documentalmente. Haré un resumen del artículo, incorporando algunos datos nuevos.
UN COMPROMISO POLÍTICO INCUESTIONABLE
En marzo de 1924 se adhirió a una carta abierta promovida por su colega Pedro Sainz Rodríguez que defendía el uso del catalán, lengua que el gobierno, durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera, quería prohibir en actos oficiales y en determinados ámbitos de la Administración. Se trataba de más de cien escritores –entre ellos, Azorín, Gregorio Marañón, Concha Espina, Federico García Lorca, Manuel Azaña, Ramón Pérez de Ayala o José Ortega y Gasset– que expresaban su “admiración” y “respeto por el idioma hermano”.
Más adelante, una carta abierta a Miguel Primo de Rivera, en el periódico El Sol el 2 de abril de 1929 al haber decretado el gobierno el cierre de la Universidad de Madrid durante el plazo de año y medio para sofocar las protestas y huelgas estudiantiles. Con modales exquisitos (se dirige al general como “Señor presidente y distinguido amigo”), expresa su simpatía por las reivindicaciones estudiantiles, al tiempo que solicita “una delicada rectificación [que] no es menoscabo de autoridad, sino ensalzamiento de ella”.
En coherencia con su actuación anterior dio un paso adelante en 1956, cuando, a consecuencia del activismo estudiantil contra el SEU, se produjeron violentas manifestaciones y una grave crisis institucional que se saldó con las dimisiones de los rectores de Salamanca, Antonio Tovar, y de Madrid, Pedro Laín Entralgo, y con la destitución de Joaquín Ruiz-Giménez como ministro de Educación.
Menéndez Pidal encabezó una carta con fecha del 2 de noviembre de 1956 dirigida al ministro de Educación Nacional y firmada también por Gregorio Marañón, Azorín, Pedro Laín Entralgo, Luis Rosales, Camilo José Cela, Dámaso Alonso, Dionisio Ridruejo, entre otros muchos nombres eminentes. El escrito ruega a la máxima autoridad educativa que someta al Consejo de Ministros una petición de clemencia para los alumnos detenidos. Otra carta de 1962 dirigida a Fraga instando a negociar en lugar de reprimir con violencia las huelgas masivas que se venían desarrollando en la cuenca minera asturiana y otras zonas de España, con un eco internacional considerable. El compromiso político es incuestionable.
Santiago López-Ríos, nos cuenta que a finales de 1963 había un malestar importante entre los escritores hacia la dictadura. El mundo de la cultura y de la universidad se distanciaba cada vez más del franquismo: muchos escritores sufrieron represalias y Bergamín acabó exiliándose. Además, la presión sobre el régimen desde el exterior era creciente desde el llamado "contubernio de Munich” en el verano de 1962. Y, en abril de 1963, había aumentado aún más con el fusilamiento del comunista Julián Grimau, pese a multitud de peticiones para que se conmutara la pena de muerte. Desde el extranjero, se mandaron infinidad de telegramas.
Entre los que escribieron desde España, no faltó Menéndez Pidal. Desde el gobierno, el encargado de dar justificaciones e intentar explicar que no había habido torturas fue Fraga. En una rueda de prensa, llegó a prometer “un dossier espeluznante de crímenes y atrocidades personalmente cometidas por este caballerete”.
En este contexto, en octubre, se celebró en el hotel Suecia de Madrid un Coloquio sobre Realismo y Realidad en la Literatura Contemporánea, auspiciado por el antifranquista Congreso para la Libertad de la Cultura radicado en París, en el que se habló mucho de política y surgió la idea de redactar otra carta a Fraga sobre los sucesos de Asturias. Este nuevo escrito, firmado por 188 intelectuales y fechado el 31 de octubre, lo encabezaba ahora el catedrático José Luis Aranguren. El ministro Fraga le respondió con dureza y zanjando cualquier intento de diálogo:
“Ante estas circunstancias, espero comprendan que me es imposible continuar dialogando sobre este asunto, ya que mi argumentación no es ni rebatida ni aceptada, situación que debo considerar como anómala en un grupo de personas que pretenden mantener el diálogo en nombre de la intelectualidad. […] [Constato] que por parte de Vds. no existía ni existe un auténtico deseo de información sino simplemente el de producir un escándalo…”.
En ese coloquio, uno de los inicialmente implicados, aunque curiosamente no intervino en las sesiones fue Camilo José Cela, el cual informaba al Ministerio de lo que allí ocurría. Esta noticia la describe Pere Ysàs, sirviéndose de unos documentos preservados en el Archivo General de la Administración y lo escribe en su libro Disidencia y subversión. La lucha del régimen franquista por la supervivencia, 1960-1975. Profundicemos más en este papel vergonzante y poco ético de Cela.
En El Periódico de Aragón de 26-09-2004, apareció una noticia titulada Cela fue espía de Franco y animó a Fraga a sobornar escritores. En el subtitulo aparece 'El diario británico The Guardian publica las actividades del Nobel'. La reproduzco:
“Rebuscar en los archivos del franquismo puede deparar alguna fétida sorpresa. El ilustre Premio Nobel de Literatura Camilo José Cela era ayer acusado a toda página por el diario británico The Guardian de haber espiado para la dictadura de Franco y de haber traicionado a escritores e intelectuales disidentes en la década de los 60.
El diario londinense, a través de su corresponsal en Madrid, Giles Tremlett, se hacía en realidad eco de unos documentos encontrados por el historiador Pere Ysàs, de la Universidad Autónoma de Barcelona, de los que da cuenta en su más reciente libro, Disidencia y subversión. La lucha del régimen franquista por su supervivencia (1960-1975), que acaba de llegar a las librerías.
Un informe interno del Ministerio de Información redactado el 17 de octubre del año 1963 y hallado por Ysàs en el archivo general de Alcalá de Henares revela que Camilo José Cela, que era miembro de una asociación de escritores disidentes y director de una revista supuestamente antifranquista, estuvo informando al régimen sobre las actividades de otros escritores y académicos. El informe, cuyo destinatario era el entonces ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga, recoge, entre otras cosas, unas sugerencias de Cela tras su participación en una reunión de escritores españoles.
El novelista gallego, fallecido hace dos años, acusaba de pertenecer al ilegal Partido Comunista a 42 de los 102 firmantes de una carta de protesta contra la brutalidad empleada por la policía para reprimir una huelga de mineros en Asturias. El propio Cela era uno de los firmantes y aseguraba que muchos de los signatarios de la carta eran "totalmente recuperables" para el régimen si se les incentivaba "con la publicación de sus obras o mediante sobornos", según consta en el informe enviado a Fraga.
El escritor sugería que las autoridades debían intentar captar a Pedro Laín Entralgo, quien llegaría a ser director de la Real Academia Española, ya que tenía un carácter "más débil" que otros compañeros de disidencia. Entre estos intelectuales recuperables señalaba también, entre otros, a Vicente Aleixandre, José Bergamín, Antonio Buero Vallejo o Gabriel Celaya”.
Prosigo con el artículo Santiago López-Ríos:
Carlos Robles Piquer, director general de Información y cuñado de Fraga, elaboró, a partir de lo que le transmitían Camilo José Cela y Armando Puente, dos notas internas para el ministro, del 16 y 17 de octubre de 1963. En la primera, Robles Piquer no solo reproduce la información facilitada por Cela acerca de Aranguren o Laín Entralgo y comunica el interés del novelista en almorzar o reunirse con el propio ministro, sino que también cita una sorprendente propuesta del autor de La Colmena de «recuperar» para el régimen a escritores mediante sobornos, más o menos disimulados. Sobre este asunto Robles Piquer es muy explícito (habla incluso de emplear fondos reservados) en la “impresión personal” que cierra su informe a Fraga:
“La recuperación de estos intelectuales, o aspirantes a serlo, puede hacerse efectivamente en la forma sugerida por Cela, si se cuenta con medios para ello. Pueden usarse dos sistemas:
“Compra de ejemplares de libros recomendables, con un criterio político-cultural, llevado a cabo directamente por este Ministerio, de un modo abierto. Los libros comprados –varios miles de ejemplares de cada título–irían a reforzar las bibliotecas públicas, según lo recomendado ya en el Plan de Desarrollo en nuestro informe sobre los problemas del comercio exterior del libro. Veinte millones de pesetas podrían invertirse en esta operación durante 1964, lo que permitiría favorecer directamente a cerca de doscientos escritores jóvenes, exigiendo de paso para ellos unos contratos editoriales mejores que los actuales, con un tanto por ciento mayor a su favor. Varias editoriales aceptarían esta fórmula encantadas”.
Subvención directa, con cargo a fondos reservados y de una manera muy discreta, para la publicación de libros, sea creando una editorial, sea cooperando con alguna de las que existen como, por ejemplo, Bullón que ha empezado con grandes bríos y que está amenazada por dificultades económicas. La suma a invertir sería aproximadamente la misma”.
A sus 95 años, Menéndez Pidal no estaba incluido de forma específica entre las prioridades de estos planes que se urdían, con la ayuda de Cela, en el Ministerio de Información y Turismo. Por otra parte, más allá de su carta de 1962, dirigida a Fraga, anteriormente citada, no había vuelto a firmar manifiestos de intelectuales sobre las huelgas de Asturias. Quizás este hecho, sumado a su enorme prestigio de sabio, que gozaba ahora de proyección pública nacional e internacional gracias a la película El Cid, a cuyo estreno en España, en diciembre de 1961, había asistido Carmen Polo animó a Fraga a intentar atraerlo, de otra forma, a la causa franquista. Como veremos don Ramón no se dejó manipular por Fraga.
En verdad, el apellido Menéndez Pidal evocaba la Institución Libre de Enseñanza y la Junta para Ampliación de Estudios, razón por la que se detestaba al filólogo en los sectores más reaccionarios, que enfurecieron, por ejemplo, al enterarse de que en el I Congreso de Poesía se había lanzado su candidatura al Premio Nobel de Literatura. Sin embargo, para Manuel Fraga, de mentalidad en apariencia más aperturista, conseguir asociar a don Ramón al régimen habría supuesto una jugada maestra para compensar el desgaste del caso Grimau y de los sucesos de Asturias. De lograrse, habría sido un éxito cargado de simbolismo.
Simbólico había sido autorizar, también en 1963, Cuadernos para el Diálogo y el relanzamiento de Revista de Occidente, en cuyo segundo número de aquel año, por cierto, había un artículo de Menéndez Pidal. Fraga presionó a José Ortega Spottorno a relanzar la publicación, ya que el hijo del filósofo se resistía a que pasara el trámite de la censura. En una comida, el político gallego convenció al hijo de Ortega y Gasset con una decisión categórica: el propio ministro en persona se encargaría de la censura previa de Revista de Occidente.
A Fraga, culto y amante de la lectura, tampoco se le escapó que una de las novedades editoriales del año 1963, con notable eco en la prensa, era un título de don Ramón, aparecido en la Editorial Espasa Calpe: El padre Las Casas. Su doble personalidad. Este polémico libro apostaba por desmontar la leyenda negra sobre la conquista de América, algo propicio para un régimen interesado en desmentir la imagen de España como país intolerante y exaltar su papel en el Nuevo Mundo.
En estas circunstancias, el miércoles 18 de diciembre de 1963, Manuel Fraga escribió a Ramón Menéndez Pidal:
“Mi respetado y querido amigo:
Me complace mucho que haya recibido usted con agrado la iniciativa que le ha transmitido el Sr. Antón por encargo del director general de Información, según la cual este Ministerio creará un nuevo Premio Nacional de Literatura que llevará su ilustre nombre y que se concederá anualmente para premiar el mejor estudio histórico atendiendo no solo a su contenido sino a su alta calidad literaria. Este premio se unirá a los Premios Nacionales de Literatura que actualmente existen y que, como usted sabe, son el Francisco Franco para ensayos de carácter político, social y económico; el Menéndez Pelayo para ensayos literarios; el José Antonio Primo de Rivera para poesía y el Miguel de Cervantes para novela.
El Premio Menéndez Pidal será concedido a partir del presente año y el jurado, en el que la Real Academia Española está muy dignamente representada por D. Joaquín Calvo Sotelo, me ha comunicado que el primer recipiendario del nuevo galardón será el historiador D. José M.ª Jover, catedrático de la Universidad de Madrid.
Al manifestarle mi viva complacencia por esta iniciativa y agradecer su cordial aceptación, aprovecho esta oportunidad para enviarle un cordial y afectuoso saludo y desearle felices Navidades y un próspero año nuevo”.
Manuel Fraga Iribarne
Dos aspectos de esa carta llaman la atención: la fecha y la forma tan peculiar de Fraga de gestionar los Premios Nacionales de Literatura. La orden ministerial con los nombres de los galardonados se firmaba el último día del año y ya no faltaba nada para las fiestas navideñas. La propuesta del ministro hacía una interpretación muy laxa y a su manera de la convocatoria, puesto que las bases solo contemplaban cuatro modalidades: Francisco Franco, José Antonio Primo de Rivera, Miguel de Cervantes y Menéndez Pelayo. Además, se daba por descontado que Menéndez Pidal aceptaría que se creara un premio con su nombre y que lo interpretaría como un honor irrechazable, pero ¿por qué Fraga esperó a tener el nombre del galardonado para escribir a don Ramón?
Quizás una primera explicación haya que buscarla en la impetuosa personalidad del propio ministro, quien se distinguía por gestionar múltiples frentes a la vez a un ritmo frenético y con formas expeditivas. Exige también un comentario el nulo margen que se concede al destinatario: el premio está fallado; Jover Zamora, presumiblemente al corriente; y la resolución, a punto de enviarse al Boletín Oficial del Estado.
La intensidad de la coacción revela la clave de todo este episodio: el gran interés de Fraga en el objetivo nada baladí de asociar para siempre el nombre de Ramón Menéndez Pidal a los de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera. Esto habría servido, en primer lugar, para ensalzar al régimen y ofrecer una imagen de modernidad. Las bases establecían que “en la concesión de estos premios se atenderá ante todo al nivel literario, artístico y científico de la obra, entroncada con la tradición cultural española que el Movimiento Nacional continúa y enriquece” y, sobra decirlo, solo podían concurrir obras que hubieran superado la censura previa. Implícitamente, por tanto, aceptar implicaba que Menéndez Pidal asumía todo lo que expresaban las bases de los premios, incluido el mismo mecanismo de la censura. En segundo lugar, un Premio Nacional de Literatura Menéndez Pidal no solo habría convertido en papel mojado la carta a Fraga que don Ramón había suscrito en 1962 sobre las huelgas de Asturias, sino que también se esgrimiría para neutralizar las presiones que recibía el ministro por parte de intelectuales cada vez más beligerantes. Al fin y al cabo, había sido el autor de La España del Cid quien había estado en primera fila de la larga lista de cartas abiertas a Fraga motivadas por la represión de las huelgas mineras. En tercer lugar, el nuevo premio resultaba idóneo para un Gobierno que se preparaba para celebrar en 1964 los XXV Años de Paz, iniciativa del propio político gallego para contrarrestar, precisamente, las corrientes de opinión antifranquistas. Así lo razona José María Bernáldez, biógrafo del político:
“Había que vender buena imagen, crear un buen eslogan, que convenciera al hombre de a pie de que las cosas iban mejor que nunca, de que con Franco se vivía como no se había vivido nunca en España en cuanto a avance y progreso. Nació la campaña de los veinticinco años de paz. ¿Qué mejor manera de callar a los resentidos y a los descontentos que decir que en España no pasaba nada, que todo lo que ocurría era bueno y próspero? A Franco le entusiasmó el proyecto: Fraga podía contar con todos los medios humanos y económicos que deseara”.
La idea de un Premio Nacional de Literatura Menéndez Pidal habría surgido antes de diciembre de 1963, y estaría relacionada con los planes del Ministerio para «recuperar» escritores de generaciones más jóvenes para la causa franquista y con los fastos para conmemorar el fin de la Guerra Civil. El hecho de esperar hasta el último momento para informar por escrito a don Ramón parece una estratagema para reducir las posibilidades de que el nonagenario filólogo declinara el «honor».
Aunque hubiera habido conversaciones telefónicas o en persona, de la misma carta se deduce que estas debieron de ser sibilinamente ambiguas, quizás con la finalidad de evitar de entrada un no rotundo. Resulta elocuente que Fraga hubiera recurrido para el primer contacto a un intermediario ajeno al Ministerio, Ernesto Antón, el empresario de Espasa Calpe, la editorial donde Menéndez Pidal acababa de publicar su libro sobre Las Casas. En este contexto deberíamos interpretar la lacónica anotación que hizo Fraga en su diario: “Don Ramón Menéndez Pidal acepta primero, y rechaza después, la creación de un Premio Nacional de Literatura que llevará su nombre”.
Esta entrada en el diario de Fraga se fecha el 18 de diciembre, el mismo día que su carta a don Ramón. Esto demuestra que, frente a los circunloquios del ministro, Menéndez Pidal, sin pensárselo dos veces, debió de contestar a vuelta de correo y por vía urgente, o quizás incluso adelantando su decisión a través de una llamada (hay un número de teléfono escrito a mano con letra suya en el documento:
“Mi distinguido y querido amigo:
He recibido su grata y amable carta enterándome de la estructura del Premio Nacional que yo no conocía. Veo que todos los demás que figuran en la denominación de los premios son personas que pertenecen ya a la historia y naturalmente me encuentro muy mal a gusto entre ellos por la excepción desproporcionada y abrumadora.
El Premio de Historia que con gran acierto Ud. crea y por cuya creación todos los españoles, y yo muy especialmente, nos sentimos agradecidos debe llevar el nombre de un gran historiador de los tiempos pasados, no el mío.
He hablado con el buen amigo D. Joaquín Calvo-Sotelo a quien he explicado cómo yo había pedido a D. Ernesto Antón tiempo para enterarme de la constitución del premio, cosa que él no pudo hacer, citándome solamente el nombre de Menéndez Pelayo. Ud. muy noblemente me entera de todo, para mi reflexión.
Estimo mucho el que Ud. se haya acordado de mí en manera tan honrosa; pero veo que no puedo aceptar ese honor.
Muy agradecido de todo corazón, queda siempre suyo afectuoso amigo que cordialmente retribuye su felicitación en estas Pascuas y año nuevo”.
La contestación de Menéndez Pidal al ministro Fraga, es lapidaria: «No puedo aceptar este honor». Con elegancia y sin rodeos, le explica que hasta ahora nadie le había facilitado los detalles sobre las distintas modalidades de estos premios. En otras palabras, hasta que Fraga se lo notificó, ignoraba que su nombre se hermanaría con los de José Antonio Primo de Rivera y Francisco Franco. Al comprender el alcance de la manipulación y en coherencia con los manifiestos que había suscrito, Menéndez Pidal declinaba el ofrecimiento, marcando así, otra vez, sus distancias con un régimen cuyos rigores había sufrido al regresar a España después de la Guerra Civil y sobre el que en la intimidad era mucho más explícito, según sabemos ahora gracias a las investigaciones de próxima aparición de J. A. Cid.
Por lo que respecta a José María Jover Zamora, quien, por cierto, había obtenido por oposición ese mismo otoño una cátedra en la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid, recibió, ciertamente, un Premio Nacional de Literatura de ensayo histórico por su obra Carlos V y los españoles, publicada por Rialp, una editorial dentro de la órbita del Opus Dei, pero el galardón, dotado con 50.000 pesetas, llevó el nombre de Escorial. Aunque no aparecía esta modalidad en la convocatoria, la Orden Ministerial, verdadero alarde de astucia jurídica, la creaba en el mismo acto administrativo que fallaba el premio y daba noticia del jurado que se había formado sobre la marcha: Joaquín Calvo Sotelo, Enrique Moreno Báez, Julio Manegat Jiménez, Antonio Valencia Remón, Manuel Alcántara Ortega, Vicente Cacho Viu, José Luis Castillo Puche, Enrique González-Estéfani y Robles –del Ministerio de Información y Turismo, que ejercía de secretario– y Carlos Robles Piquer –director general de Información, que era el presidente-. Una casualidad del destino cierra este episodio.
Con el tiempo, el nombre de Jover Zamora quedaría indisolublemente unido al del filólogo: a la muerte de don Ramón, este catedrático asumió la coordinación de la monumental Historia de España Menéndez Pidal de Espasa Calpe.
