No nos remitiremos en esta ocasión a tiempos demasiado lejanos, sino a aquellos que trascurrieron tras la muerte del tirano y la celebración de las primeras elecciones democráticas, aquellas a las que pudo concurrir el Partido Comunista de España en el último momento gracias a la decisión de Adolfo Suárez y la habilidad de Santiago Carrillo, en un ambiente muy caldeado por los asesinatos de ETA y el estruendo de sables y pistolas provocado por la dimisión del almirante Gabriel Pita da Veiga como responsable del ministerio de Marina el 11 de abril de 1977.
Durante el primer periodo democrático, el que va de junio de 1977 a octubre de 1982, protagonizado esencialmente por los gobiernos de Suárez, España estaba inmersa en una profunda crisis económica que afectaba a todos los sectores productivos debido a la crisis del petróleo de 1973 y al colapso de muchas industrias obsoletas que tenían los pies de barro. Los Pactos de la Moncloa, firmados por casi todos los partidos políticos y centrales sindicales, fueron el primer paso para superar una situación dramática marcada por una inflación del 27%, el aumento extraordinario del paro debido, entre otras cosas, a la imposibilidad de emigrar dada la situación europea, y la fuga de capitales de los patriotas que tanto se beneficiaron de la dictadura.
La evolución de Suárez desde el franquismo a la democracia, pudo haber sido la base para la creación de un partido de derechas verdaderamente democrático
Durante ese tiempo, y con la ayuda de la oposición, Suárez tuvo que zafarse de la presión de los militares franquistas, de los oligarcas que no veían con buenos ojos que España se convirtiese en una democracia de corte europeo y, en menor medida en ese momento, de la Iglesia Católica, verdadero pilar ideológico del franquismo. Los continuos y crecientes atentados criminales de ETA fueron -y son todavía para muchos de nuestros reaccionarios- parte fundamental de un escenario nada propicio para la política democrática y una escusa permanente para sus enemigos. Pese a todo, el ministro de Justicia Fernández Ordóñez logró poner en marcha la Ley del Divorcio en julio de 1981, una ley que posibilitó por primera vez desde la II República, las mujeres pudiesen separarse legalmente de quienes las maltrataban o las explotaban.
Sin embargo, la evolución de Suárez desde el franquismo a la democracia, que pudo haber sido la base para la creación de un partido de derechas verdaderamente democrático, fracasó por los factores antes mencionados y por las luchas internas dentro de la UCD, partido en el que había elementos puramente franquistas y otros de corte liberal, incluso socialdemócrata. Quedaba la opción Fraga, quien como jefe de la derecha franquista se presentó a las elecciones de junio de 1977 por Alianza Popular, coalición que obtuvo tan sólo 16 diputados, la mitad de los cuales o se abstuvieron o votaron en contra de la Constitución de 1978.
El reconocimiento de Fraga como jefe de la leal oposición de Su Majestad, dio carta de naturaleza democrática a los herederos del franquismo
Después de muchos avatares, entre otros el fracaso del CDS y del Partido Reformista, el refundado partido de Fraga Coalición Popular se convirtió en 1986 en la gran formación de la derecha estatal en busca de la mayoría natural que tanto había pregonado el político gallego. De este modo, el hombre que había firmado junto a Franco la pena de muerte contra Julián Grimau en 1963 después de haber sido torturado y arrojado por la ventana de la Dirección General de Seguridad, negándose a escuchar las peticiones de clemencia de miles de personas de todo el mundo, incluido el Papa Juan XXIII, Jean Paul Sartre, Willy Brandt o Kennedy, se convertía en el líder y alma de oposición española. La suerte estaba echada.
A Aznar debemos las mayores privatizaciones de nuestra historia, involucrarnos en las matanzas de Irak y la liberalización del sistema financiero y del suelo
El reconocimiento de Fraga como jefe de la leal oposición de Su Majestad, dio carta de naturaleza democrática a los herederos del franquismo, pero Fraga tenía un techo electoral infranqueable y a propuesta suya, en 1989 José María Aznar se convertía en jefe del Partido Popular y en 1996 en Presidente del Gobierno al grito de “váyase Sr. González”. A Aznar debemos las mayores privatizaciones de nuestra historia, involucrarnos en las matanzas de Irak y la liberalización del sistema financiero y del suelo, decisiones que convirtieron España en un inmenso solar donde cualquiera podía hacerse multimillonario con una recalificación de nada y unos milloncejos aportados por cualquier banco o caja, que para eso eran suyas.
España creció extraordinariamente durante ocho años gracias a la especulación, incluso algunos políticos y economistas afines pronosticaron que adelantaríamos a Gran Bretaña e Italia en PIB. Empero, aquello fue una enorme estafa que estalló en 2008 desembocando en la mayor crisis económica de nuestra historia democrática, una estafa que todavía sufrimos hoy y que originó una red de corrupción como no se había conocido desde la dictadura y que desde entonces contamina de forma irrespirable la vida política española, implicando a jueces, alcaldes, presidentes autonómicos, ministros, subsecretarios, directores generales y dirigentes de un partido que no hizo más que aplicar la moral franquista -que es la que conocían- a un Estado democrático.
Rajoy, o alguien muy parecido a él, aparece en los papeles de Bárcenas y se gastó los sesenta y cinco mil millones de euros de la hucha de las pensiones sin arbitrar medio alguno para reponerla
Si la herencia del “aznarato” fue una calamidad para el país, la llegada de Rajoy al poder no supuso enmienda alguna, sino una profundización en las formas y los modos, regresando al uso de la policía para reprimir abruptamente cualquier conato de protesta por la crisis y para reconstruir las cloacas del Estado, a provocar el enfrentamiento directo con una parte del país, Cataluña, a indultar a los grandes defraudadores fiscales, a intentar paralizar por todos los medios leyes como la del aborto o la del matrimonio igualitario, a legalizar el despido libre y la supresión de la supremacía de los convenios colectivos o a la puesta en marcha de la ley “Mordaza”, una norma antidemocrática que limita las libertades de expresión, reunión y manifestación y permite a la policía sancionar con multas disparatadas a quienes osen fotografiarlos en el ejercicio de las funciones que el Gobierno Rajoy les había encomendado. Rajoy, o alguien muy parecido a él, aparece en los papeles de Bárcenas y se gastó los sesenta y cinco mil millones de euros de la hucha de las pensionessin arbitrar medio alguno para reponerla o buscar una financiación alternativa de las mismas. El que venga atrás, que arrastre. Aún así, hoy da conferencias sobre la importancia de respetar la ley en una democracia.
El empeño de Feijóo en que sean los jueces quienes elijan al Gobierno de los jueces serviría para dejar una puerta abierta a la justicia de clase, estirpe y partido
Por último, Feijóo, a quien muchos presentaron como moderado -todavía no sé por qué después de su trayectoria en Galicia- pero que sigue empeñado en que sean los jueces quienes elijan al Gobierno de los jueces, como si ese poder del Estado les incumbiera sólo a los del gremio y no a la totalidad de los españoles. Y es que, su partido tiene tantas causas pendientes, sus amigos tantos pleitos que resolver, que asegurar una mayoría conservadora de por vida en ese poder del Estado, que es el que tiene la última palabra en casi todos los asuntos, sería como gobernar eternamente se esté o no en el Gobierno. Dado que el sistema de selección de los jueces propicia mayorías conservadoras cada vez más amplias, sería su partido el que tuviese la última palabra en todo tipo cuestiones, lo que inevitablemente sería una estocada de muerte para la Justicia en España y una puerta abierta a la justicia de clase, estirpe y partido.
Por otra parte, en el seno del partido que preside Feijóo se está larvando con muy poco disimulo, una nueva estrategia antipatriótica, cual es el enfrentamiento entre jóvenes precarios y pensionistas, alegando que éstos viven mucho mejor que aquellos y que las pensiones son un despilfarro. Es decir, que para los herederos de Manuel Fraga, todo es legítimo, todo vale con tal de controlar los resortes de los poderes, incluso fomentar odios intergeneracionales e intrafamiliares. No se puede amar más a un país.
