@Montagut5 | Ante la existencia de un número considerable de palacios abandonados en Madrid, concretamente en el Barrio de Salamanca, desde que se instauró la Segunda República, se planteó la necesidad de la expropiación desde las páginas de El Socialista, justificándola en una interpretación del precepto constitucional sobre la dimensión social de la propiedad. No se hizo nada, pero merece la pena que estudiemos el planteamiento porque, en algunos aspectos, recuerda a la cuestión de los bienes de los émigrés en Revolución Francesa, y aporta información sobre el concepto de propiedad en la época desde la perspectiva socialista.
El periódico obrero español sacó un artículo sobre los palacios abandonados en una zona rica de la capital, el conocido como barrio de Salamanca, en mayo de 1932. Existía, al parecer, un número considerable de palacios deshabitados, que pertenecían a los que el diario calificaba de “burgueses timoratos” que, supuestamente, habrían huido “porque tenían algo que temer”. Se diría que eran fincas urbanas sin propietario. El periódico se preguntaba hasta que punto un título de propiedad autorizaba la sustracción al disfrute de alguien o al disfrute de todos, durante tanto tiempo, de edificios abandonados que eran magníficos. Si estuvieran habitados, se afirmaba, no se plantearía esta cuestión, ni se reclamaría una intervención por parte de los gobernantes de la República. Estos inmuebles serían como una riqueza estancada.
Existía [Barrio de Salamanca] un número considerable de palacios deshabitados, que pertenecían a los que el diario calificaba de “burgueses timoratos”
Los propietarios (ahora se los calificaba de “aristocráticos”) se encontraban, en general, en el extranjero. Se habían marchado con el advenimiento de la República, y algunos seguían en relación con el rey, y eran, por lo tanto, desde esta perspectiva, enemigos de la República. En su momento habían despojado a España de cuanta riqueza pudieron, en alusión a un fenómeno que, ciertamente, se produjo en las primeras semanas como fue la salida de capitales, pero para su desgracia no pudieron llevarse, lógicamente, los inmuebles. Además, desde fuera hacían la guerra a la República por todos los medios, y esperaban regresar a España detrás del ex rey.
Entonces, ¿qué respuesta debería dar el nuevo régimen para estos “enemigos” suyos? Pero, además, ¿parecía justo que permaneciese paralizada esta riqueza por el capricho de unos señores? Y aquí es donde se realizaba la interpretación de lo que la Constitución decía sobre la propiedad, que era un derecho garantizado, pero subordinado al interés social. Recordemos, en este sentido, el artículo 44 del texto constitucional:
“Toda la riqueza del país, sea quien fuere su dueño, está subordinada a los intereses de la economía nacional y afecta al sostenimiento de las cargas públicas, con arreglo a la Constitución y a las leyes. La propiedad de toda clase de bienes podrá ser objeto de expropiación forzosa por causa de utilidad social mediante adecuada indemnización, a menos que disponga otra cosa una ley aprobada por los votos de la mayoría absoluta de las Cortes. Con los mismos requisitos la propiedad podrá ser socializada. Los servicios públicos y las explotaciones que afecten al interés común pueden ser nacionalizados en los casos en que la necesidad social así lo exija. El Estado podrá intervenir por ley la explotación y coordinación de industrias y empresas cuando así lo exigieran la racionalización de la producción y los intereses de la economía nacional. En ningún caso se impondrá la pena de confiscación de bienes.”
La República necesitaba edificios para situar instituciones, hospitales, etc
Así pues, el artículo afirmaba que los palacios no podían seguir cerrados, eran bienes que, al no ser aprovechados por sus dueños, pertenecían a la nación, un poco como, en parte, se planteó con las tierras no explotadas en la reforma agraria. Bastante hacía la República con tolerar la desigualdad económica, pero esas propiedades eran, insistiendo de nuevo, “riqueza detenida, estancada”. Era un despilfarro. Además, la República necesitaba edificios para situar instituciones, hospitales, etc. Por eso, se pedía que el Gobierno se preocupase de esta materia y abriese una información. La expropiación sería, por lo tanto, para el periódico, legítima.
Hemos trabajado con el número 7271 de El Socialista de 27 de mayo de 1932.
