El control obrero en las industrias fue un tema que preocupó intensamente al sindicalismo socialista español, especialmente a partir de los años veinte, en línea con lo que se discutía en Europa, y que sería una cuestión fundamental en los años treinta.
Al respecto, al principio de 1922 opinó sobre el tema Fabra i Ribas en las páginas de El Socialista, y Largo Caballero impartió una conferencia en la Casa del Pueblo de Madrid, en un acto presidido por Julián Besteiro, con el significativo título de “El control sindical de las industrias como reivindicación inmediata de los trabajadores”. Estas actuaciones tenían que ver con el hecho de que la UGT estaba tratando en esos momentos sobre un proyecto de control obrero.
Para el líder socialista esta cuestión tenía su origen en la existencia de la lucha de clases, que se interpretaba de distintas maneras, aunque había quien la negaba, además de los que preferían hablar de “pugna de intereses”, pero él no podía dejar de sostener que, realmente, era lucha de clases, ya que eso era una realidad objetiva. La clase patronal luchaba por seguir manteniendo sus privilegios en la dirección de la producción, y se consideraba en el derecho de proponer las condiciones de trabajo, “como dueña absoluta”. Así, cuando la clase obrera solicitaba algo la patronal siempre aducía que era un abuso, y si cedía era a la fuerza.
Por su parte, los trabajadores luchaban contra esos privilegios, y de ahí surgían las huelgas y las distintas luchas, que planteaban los sindicatos y el Partido socialista.
Largo reconocía, en todo caso, que ya había muchos que, aunque anteriormente negaban la lucha de clases, ahora la reconocían. Por eso, los gobiernos estaban procurando suavizar dicha lucha realizando algunas concesiones cuando había habido fuerzas para presionar, como había acontecido con la jornada de las ocho horas y otras mejoras.
Por su parte, los gobiernos afirmaban que estos avances eran “concesiones graciosas” para la clase trabajadora, en un sentido paternalista, dejando claro que no era un derecho y, en consecuencia, se hacía necesario, desde esa perspectiva gubernamental, que los trabajadores agradecieran las reformas. Por eso, decía Largo, que en los preámbulos de las leyes no se hablaba de derecho del trabajador, sino de la necesidad de protegerle.
Pero Largo quería dejar claro que no se trataba de concesión alguna, ni de un afán protector, sino, como decíamos, de un derecho, y que se arrancaba o conquistaba, siendo fundamental contar con organizaciones sindicales fuertes para conseguir avances.
Pero las luchas, siendo fundamentales por las conquistas que se alcanzaban y porque tenían un efecto pedagógico para los obreros al enseñarles para otras luchas, no eran suficientes. Estaba creciendo en muchos países, incluida España, la idea de equiparar la condición del asalariado a la del patrono en derechos. Y por aquí se llegaba a la cuestión del control obrero.
No podía haber producción sin trabajo o sin capital, y por eso había que igualar los derechos de estos dos factores y, por lo tanto, los obreros habían de tener intervención en la producción.
Hasta el momento solamente era el patrón el que decidía, aunque también era cierto que los obreros más cualificados, los técnicos, ya participaban en la dirección del trabajo, pero siempre era el patrón el que regía en última instancia. Por eso la dirección de la producción se realizaba no con arreglo a las necesidades del pueblo sino de los patronos, que eran los que provocaban las crisis de trabajo ficticias, y ellos eran los que decidían el destino de los productos, que iban no donde se necesitaban sino donde los pagaban mejor.
La clase trabajadora ignoraba todo lo que se refería a la producción y distribución de los productos, pero ya sentía la necesidad de intervenir, como un medio para llegar al ideal de la socialización y la igualdad económica.
La clase trabajadora tenía la obligación de estudiar cómo era la producción porque podía ocurrir que llegara al poder político (la aspiración del socialismo, como bien sabemos) y no conociendo todo lo concerniente a la producción, distribución e intercambio, se podía fracasar.
El control debía ser sindical. No se trataba de nombrar un consejo de fábrica, sino que el sindicato fuera el que nombrase a los trabajadores que habían de ejercer el control, y al que pedir, además, responsabilidades, muy en la línea de la importancia de la organización sindical del movimiento obrero de signo socialista.
Por medio del control sindical se evitaría el incumplimiento de la legislación, como sucedía, por ejemplo, con la jornada de ocho horas, porque serían los trabajadores los encargados de vigilar. Con el control, además, se acabarían los despidos arbitrarios, ya que los patronos tenían que estudiar con los obreros las situaciones que se generaban. También se evitarían las contrataciones excesivas, como ocurría en las compañías ferroviarias y mineras, llenas de recomendados, creando problemas económicos, que terminaban por repercutir en los ciudadanos.
Largo creía que había llegado el momento de luchar por el control obrero, más allá de otras luchas más pequeñas. No se trataba de un capricho sino ya de una realidad internacional.
Largo era muy consciente de la necesidad de que el control obrero no fracase por falta de formación, como hemos apuntado. Por eso, consideraba que era necesaria una selección previa. No todos los trabajadores estaban capacitados para ejercerlo, siendo el deber de todos ir educando para ello.
En este sentido, ponía el ejemplo belga, ya que en aquel país se habían constituido instituciones educativas para obreros para ejercer sus funciones, no como amos, con el riesgo de desprestigiar el sistema del control obrero. Además, había dos proyectos de ley en este sentido, presentados por los socialistas.
También habló de la experiencia británica con sus consejos mixtos con atribuciones referentes a la dirección y administración del trabajo, despidos, accidentes, etc. Largo conocía bien la cuestión porque siguió poniendo más ejemplos europeos, aludiendo, por ejemplo, a los sistemas de control obrero en Rusia, aunque ya desaparecidos por haber pasado a un organismo soviético.
Largo explicó, por lo demás, que, ante el proyecto de contrato de trabajo, la UGT había presentado un contraproyecto de control obrero.
Hemos trabajado con el número 4051 de El Socialista del 4 de febrero de 1922.
