viernes 10.07.2020
UNA NUEVA NORMA RESTRINGIRÁ DERECHOS

La OCU acusa al Gobierno de querer censurar su labor en defensa de los consumidores

Según denuncia OCU, "el Gobierno ha cedido a las presiones de la poderosa industria alimentaria, molesta con los escándalos alimentarios destapados (leche, aceite de oliva, carne de caballo)".

La OCU acusa al Gobierno de querer censurar su labor en defensa de los consumidores

La organización denuncia que el gobierno limitará los estudios "independientes y objetivos" sobre la calidad de los alimentos

OCU denuncia que el Gobierno quiere privar a los consumidores del acceso a información veraz sobre las diferentes opciones que tienen en el mercado. El Ejecutivo planea aprobar de forma inminente un Real Decreto por el que se regula la realización de estudios y análisis comparativos en productos alimenticios. Esto significará, en la práctica, dificultar al máximo la realización de test comparativos independientes sobre la calidad de los alimentos en España.

"Finalmente parece que el Gobierno ha cedido a las presiones de la poderosa industria alimentaria, verdadera impulsora de esta iniciativa que, molesta con los escándalos alimentarios destapados por OCU (leche, aceite de oliva, carne de caballo), ha presionado hasta conseguir un decreto que busca limitar la realización de estudios independientes y objetivos sobre la calidad de los alimentos en España. Y ello, a pesar de la reiterada oposición, tanto de OCU como del Consejo de Consumidores y Usuarios que se han manifestado en repetidas ocasiones en contra de una norma que perjudica a los consumidores", señala la organización en un comunicado.

La norma que el Gobierno pretende aprobar, vulnera, a juicio de OCU, el derecho a comunicar o recibir información veraz. Es una norma que establece un claro desequilibrio entre las obligaciones de la industria y las de las asociaciones de consumidores que quieren informar sobre productos alimenticios, pues obliga a estas últimas a cumplir una serie de requisitos sobre los laboratorios usados y la verificación de sus resultados que no se exigen a la industria para poner un producto en el mercado. OCU cree que "para el Gobierno tiene más importancia, la supuesta defensa de la reputación de las empresas, que la información a los consumidores sobre la calidad y seguridad de los productos alimenticios".

Entre los aspectos más críticos de esta norma OCU señala que pone en peligro la confidencialidad de los laboratorios que realizan los análisis, lo que deja a estos indefensos frente a las presiones del lobby de la industria alimentaria. Otro punto clave es el plazo mínimo de 20 días para publicar una información veraz sustentada por un análisis de laboratorio.

"Lo más sangrante", a juicio de OCU, es que no existe ninguna norma similar en Europa. "España, con esta disposición se sitúa a la vanguardia de países que cercenan la libertad de expresión. Los consumidores europeos reciben y valoran este tipo de información y realizan sus compras en base a las calificaciones obtenidas por las diferentes marcas". En este sentido las principales organizaciones Europeas, representadas a través del BEUC, así como a nivel mundial por Consumers International, se han dirigido a la Ministra de Agricultura para mostrar su frontal rechazo por la posible vulneración tanto de los tratados de la Unión Europea como los principios de Naciones Unidas, y para pedir, por tanto, que el Gobierno reconsidere la adopción del Real Decreto.

Metodología utilizada en OCU

La metodología utilizada en OCU para la realización de análisis comparativos está avalada por su uso  en otros países de nuestro entorno y también por todas las sentencias dictadas en nuestro país que han sido siempre favorables a OCU en los casos en los que ha tenido que defender la veracidad de sus informaciones ante un juez.

Ante esta grave vulneración de un derecho tan fundamental como la libertad de información, OCU va a llevar a cabo todas las iniciativas a su alcance para modificar una normativa que, a su juicio, vulnera el marco constitucional. OCU va a ponerse en contacto con diferentes colectivos (organizaciones sociales, sindicatos y partidos políticos) para concienciar de los graves efectos que la normativa que el Gobierno pretende aprobar. En este sentido a través de la plataformachange.org se ha promovido una petición que insta al Ministerio a retirar el proyecto de Real Decreto. También la plataforma en defensa de la libertad de información (PDLI), a la que OCU pertenece junto a otras organizaciones sociales y profesionales ha mostrado su oposición al texto que el Gobierno pretende aprobar.

Por último OCU a través de las redes sociales va a promover la campaña #secomentulibertad contra el Real Decreto para que los ciudadanos expresen su rechazo a esta normativa sobre análisis comparativos que limita y coarta sus derechos como consumidores y ciudadanos.

La OCU acusa al Gobierno de querer censurar su labor en defensa de los consumidores
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