En este mundo de memes y de imaginación digital, no faltan las referencias a esta debacle del gobierno de la mayoría por medio de un simple y sencillo ejercicio de votación. Uno de esos memes reza así: “Había una vez un país tan corrupto que se necesitaban más votos para tumbar la corrupción que para elegir presidente”
El domingo 26 de agosto Colombia ha vivido una jornada especial, más de treinta y seis millones de ciudadanas y ciudadanos colombianos estaban convocados a votar en contra de la corrupción. Pero solamente lo hicieron algo más de once millones y medio de personas, apenas el treinta y dos por ciento. La desidia, la indiferencia, la poca confianza en las instituciones y las dudas sobre la validez de la consulta pueden haber sido algunas de las causas para que la democracia haya perdido el tren en el país con la democracia más antigua de América Latina.
Después de este día no servirá de nada quejarse, ahora tocará “tragar entero” todo lo que nos caiga encima. La tuvieron ahí, como el penalti para ganar la copa del mundo de la participación democrática, y Colombia ni siquiera saltó al campo. Se quedó en los vestuarios esperando que otras y otros hicieran las cosas, y así no habrá manera.
Tal vez pueda parecer un sinsentido que haya que promover una consulta popular para decir NO a la corrupción, que debería estar asumido que la corrupción no puede formar parte de una sociedad democrática, pero no es tan así y por eso se emplazó a la población a decir radicalmente en las urnas que no se acepta la podredumbre de lo público a manos de unos gobernantes que llevan décadas acostumbrados a hacer de la política su cortijo particular para el enriquecimiento ilícito.
Pero visto lo visto, a mucha gente (más de veinticuatro millones de personas que no han acudido a las urnas) le importa un carajo que la estafen, que la roben, que le exijan sacrificios mientras unos cuantos se lucran a su costa. Ha sido un fiasco en toda regla. La ciudadanía no ha ejercido como tal, ha agachado la cabeza, ha metido el rabo entre las piernas y ha dicho adiós a la transparencia, a la honestidad y por ende a la democracia.
En este mundo de memes y de imaginación digital, que parece difícil de llevar a la realidad para que se concreten las acciones, no faltan las referencias a esta debacle del gobierno de la mayoría por medio de un simple y sencillo ejercicio de votación. Uno de esos memes reza así: “Había una vez un país tan corrupto que se necesitaban más votos para tumbar la corrupción que para elegir presidente”.
Cartel promoviendo participar en la consulta anticorrupción
Eso parece este país, un cuento. Una tragicomedia alrededor de una farsa en la que se culpa a la política y a los políticos de un guion del que tal vez sea más culpable el pueblo por su dejadez, su pasotismo, su “qué más da”. Un pueblo que se flagela para purgar las culpas pero sigue pecando y bajando a los infiernos por su pobreza de espíritu y su falta de compromiso social y político. Colombia parece una fábula escrita para seguir repitiendo los desastres, para mantener la violencia por encima de la paz, la corrupción antes que la honradez, la indiferencia por encima de la solidaridad o la sospecha por delante de la confianza.
Hasta el actual presidente, del que no queremos imaginar qué marcó en el tarjetón, pedía, al momento de ejercer su derecho al voto, unidad a la ciudadanía para combatir la corrupción porque ésta “no es una causa de color político”. Pero la población no le ha hecho caso.
Esta diatriba no va contra aquellas personas que han participado, independientemente de lo que hayan marcado en la papeleta, sino contra la ignorancia y la estulticia de quienes no han sabido ver la importancia de una consulta como la que ha tenido lugar hoy. Porque once millones y medio de colombianas y colombianos, más de los que votaron a favor del actual presidente, sí han creído que era posible combatir la corrupción y defender, de una u otra manera, la paz, la democracia y la posibilidad de cambio.
La llamada consulta anticorrupción nació de una propuesta de las congresistas Claudia López y Angélica Lozano, quienes presentaron la iniciativa tras haber recogido más de cuatro millones y medio de firmas ciudadanas entre enero y julio de 2017. La propuesta había sido sancionada mediante decreto presidencial, después de ser aprobada unánimemente por la plenaria del Senado con ochenta y cuatro votos a favor y ninguno en contra. ¿Cómo puede ser que haya habido más compromiso entre la clase política, con todas sus falencias y corruptelas, que entre la ciudadanía?
Preconteo de los resultados de la consulta anticorrupción en la página de la Registraduría Nacional
Esta convocatoria ha supuesto la primera ocasión en que se realiza a nivel nacional una consulta popular desde que quedara legislada en la Constitución Política de 1991. Eran necesarios un mínimo de 12,1 millones de votos, un tercio del censo electoral, para que tuviera validez. Y cada una de las siete propuestas planteadas requería de seis millones ciento treinta mil papeletas con el “sí” para ser aprobada y convertirse en norma.
La consulta tenía siete preguntas en el tarjetón de votación que había que marcar con un “sí” o un “no” en cada una de ellas. Una era reducir el salario de congresistas de cuarenta a veinticinco salarios mínimos vigentes al mes (en 2018 es de $781.242,- pesos). Es decir, que se pide dejar a estos políticos con un salario mensual de “tan solo” diecinueve millones y medio de pesos.
En días anteriores a la votación, las redes virtuales se habían llenado de falsedades alrededor de la consulta buscando minar la participación y evitar su aprobación. Mentiras como que por cada voto las personas convocantes se llevarán cinco mil pesos, algo que no se da al ser una consulta llevada a cabo sin recursos del Estado, lo que no implica devolución de dinero.
A la legislación colombiana le faltan normas que permitan claramente, por ejemplo, que el Estado pueda dar por terminado un contrato de forma unilateral. Tampoco cuenta con mecanismos de control y sanción a la labor de las y los legisladores. No hay leyes estrictas que condenen a penas de cárcel a corruptos y que se les prohíba seguir contratando con el Estado.
Según un estudio de la Universidad Externado de Colombia, el país perdió por la corrupción, en el período 1991-2011, el 4 % del PIB. Eso supone un promedio de nueve billones de pesos por año (casi 3.000 millones de dólares al cambio actual).
Una vez más ha vuelto a ganar la abstención. Los siete mandatos, que en caso de haberse aprobado hubiesen sido de obligado cumplimiento por parte del Estado estableciendo su aplicación en el plazo máximo de un año, quedarán en los anales de la historia política, y tal vez jocosa, de este país.
De momento, ninguna de esas siete propuestas en forma de preguntas podrán cumplirse. La población no ha aprovechado la ocasión y la corrupción podrá seguir campando a sus anchas. Pero ojalá sea, como ha publicado Daniel Samper Ospina, el comienzo de un “silencioso movimiento ciudadano que se levantó sin ruido para pedir que el país cambie”. La maquinaría sigue siendo la gente, así que seguiremos apostándole a otra Colombia posible.
