La medida es para todos los trabajadores con ingresos brutos menores a 25 pesos mensuales (un poquito más de 4000 euros), que abarca a 2,1 millones de asalariados y representa al 92,5% de quienes están alcanzados por ese tributo.
Para alegría de los propios asalariados, los comerciantes y los productores, la medida libera 2162 millones de pesos (unos 3,5 millones de euros) que, en su mayor parte, solventarán los gastos de las fiestas de fin de año.
Los partidarios del ajuste frente a la crisis dirán, como de costumbre, que es una medida “populista”. Sin embargo se basa en una racionalidad económica que explicó la propia presidenta: “las políticas contracíclicas al consumo son las que mantuvieron vivo este poderoso mercado interno. Además de seguir impulsando el consumo, el objetivo es que en las fiestas, que es cuando uno gasta más plata, los trabajadores tengan la posibilidad de destinar unos pesos más”.
El impuesto a las ganancias ha sido una de las cuestiones conflictivas entre el gobierno y los gremios durante este año, que llevó a un creciente enfrentamiento de Hugo Moyano -el entonces secretario general de la principal central de trabajadores de Argentina y del gremio de camioneros- con el gobierno.
Las distintas tensiones en el campo sindical –entre ellas la sucesión en la dirección de la central obrera y la negativa de la vieja dirección a aceptar los dictámenes del Ministerio de Trabajo-, llevó a la división de la Confederación General del Trabajo (CGT): por una lado, los “moyanistas” que quedaron como fuerza minoritaria y con presencia fundamentalmente en gremios de servicios; y, por otro, un conglomerado de gremios con fuerte presencia industrial, liderados por Antonio Caló, titular del sindicato de trabajadores metalúrgicos (UOM), al que el otro grupo tilda de “oficialista”.
Durante este año, como consecuencia de los aumentos logrados a través de los convenios colectivos y de la falta de actualización del mínimo no imponible, si en junio, durante el primer aguinaldo, 1,7 millón de trabajadores pagaban Ganancias, en diciembre deberían pagarlo 2,1 millones de asalariados que con esta medida quedan eximidos.
Esta decisión tiene carácter excepcional y no salda la cuestión del aumento del mínimo no imponible y otras deducciones al impuesto a las ganancias. En este sentido, la presidenta anunció también que el gobierno iniciará la discusión con la CGT para su modificación en 2013. Pero, señaló, “queremos que esa discusión no esté aislada de la política salarial”. Ya tuvieron un primer encuentro.
