Dos semanas después del cacerolazo contra el gobierno de Cristina Fernández, los sindicatos opositores llevaron a cabo una huelga general, la primera en los 9 años de la era Kirchner. Según los organizadores, el paro tuvo un seguimiento de un 90 %, evidentemente una exageración propia de estos casos, pero el movimiento fue de gran alcance: pararon los trenes que conectan el conurbano con la capital, se paralizó la carga de granos en los puertos, se bloquearon las fronteras con los países vecinos, no hubo vuelos internos y tampoco funcionaron muchos de los servicios públicos, como bancos y gasolineras.
El seguimiento en el sector industrial fue menor que en los servicios y el comercio, aunque gremios como los petroleros o los ingenios azucareros también pararon. Fueron también a la huelga muchos trabajadores de gremios cuyos dirigentes están con el gobierno, como los ferroviarios y los maestros. La efectividad del paro se vio reforzada por el efecto de los piquetes, especialmente los que impedían el paso del conurbano a la capital. Establecidos a primera hora de la mañana, impidieron o disuadieron a muchas personas de ir a trabajar.
A última hora de la tarde, cuando ya el paro estaba en la práctica clausurado, la presidente hizo pública su respuesta: “me gustaría que estuvieran más preocupados (los convocantes del paro) por preservar y defender las fuentes de trabajo”, añadiendo: “me voy a bancar (enfrentar) lo que me tenga que bancar, a mi no me corre nadie, y mucho menos con amenazas, matones y patoteros” (provocadores). La presidente minimizó el alcance de la huelga, señalando que solo había tenido alguna importancia en la capital y desechó hablar de piquetes: “no hablemos de piquete, hablemos de aprietes y amenazas”.
Pablo Micheli, dirigente de la CTA y uno de los protagonistas de la huelga, recordó que la presidente no dijo una sola palabra cuando pararon durante diez días los trabajadores del metro de Buenos Aires, una medida que perjudicaba al opositor Mauricio Macri, el alcalde de Buenos Aires. Tampoco dijo nada cuando la CGT bloqueaba la distribución del diario Clarín, considerado también opositor.
Durante la jornada de huelga hubo algunos incidentes menores. La mandataria afirmó que habían atacado con piedras el café Tortoni, más que centenario y que constituye uno de los hitos turísticos de Buenos Aires. La información había sido desmentida por la mañana por los propietarios. En cualquier caso los sindicalistas condenaron los hechos de violencia y el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, los atribuyó a provocaciones de los servicios de inteligencia.
No hubo concentraciones y el paro se notó sobre todo por las calles semivacías, que recordaban un día festivo. “el silencio en las calles es la voz que el gobierno tiene que escuchar (…) ya que a los dirigentes no nos da ningún tipo de respuesta”, dijo Hugo Moyano. “En algún momento creí que éste era un gobierno nacional y popular”, dijo también el líder de la CGT Azopardo (por el nombre de la calle donde está su sede), que fue un aliado fundamental de Néstor Kirchner, pero que nunca se entendió con Cristina Fernández. La última vez que ésta habló con la CGT disidente fue en septiembre del año pasado.
Esta primera huelga general contra los Kirchner tuvo un primer ensayo del pasado 27 de junio, cuando Moyano convocó un paro solo en el gremio de los camioneros -200.000 afiliados-, después de su ruptura con el gobierno. Ahora la huelga ha unido a los sindicatos enfrentados al gobierno: la CGT de Moyano, la CGT Azul y Blanca y la CTA disidente. Contó con el apoyo de la Federación Agraria –pequeños agricultores o chacareros-, y dos organizaciones sociales de izquierda: la Corriente Clasista y Combativa y Barrios de Pie. Se unió, pues, un espectro que va de la izquierda a la derecha sindical.
La protesta exigía la eliminación del mínimo no imponible en el impuesto a las ganancias. Un impuesto que pagan todos los trabajadores en blanco a partir de 5.782 pesos (1.207 dólares) en el caso de los solteros, y 8.000 pesos (1.679 dólares) para los casados. Con aumentos salariales de un 25 % y una inflación similar, al no actualizarse el mínimo, un número creciente de trabajadores se ven afectados por el impuesto.
Cifras oficiales indican que solo el 25 % de los trabajadores pagan este impuesto, lo que indica que la mayoría de los trabajadores reciben salarios realmente escasos. Al mismo tiempo, los dirigentes sindicales denuncian que ni las transacciones financieras, ni los jueces ni las empresas mineras pagan este impuesto. Y reclaman una reforma tributaria, para que no sea el IVA la principal fuente de ingreso del sistema impositivo.
También piden la universalización de las asignaciones familiares. La llamada Asignación Universal por Hijo es un subsidio para hijos de desocupados o con trabajo precario que es exhibida por el gobierno como una de sus principales banderas. Pero las ayudas familiares para los trabajadores en blanco se pierden a partir de cierto nivel salarial. Otros dos reclamos fundamentales son el pago de la deuda que el Estado mantiene con las obras sociales de los sindicatos (19.000 millones de pesos, casi 4.000 millones de dólares) y un aumento de emergencia para los jubilados, la mayoría de los cuales cobra el mínimo de 1.850 pesos (388 dólares).
Desde el arco de los sindicatos oficialistas, Hugo Yasky, líder de la CTA, escribió en la víspera un artículo en el diario Tiempo Argentino en el que explicó por qué no adhería al paro: “la política transformadora (de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner) permitieron en esta década sumar millones de puestos de trabajo, recuperar la jubilación pública, implementar la Asignación Universal por Hijo, reestatizar YPF, restituir paritarias libres, romper la histórica subordinación al FMI y sancionar y aplicar la Ley de Medios”.
Rubén El Pollo Sobrero, combatiente dirigente ferroviario, afirmó que si el gobierno no da respuestas a las demandas, habrá que empezar a pensar en otro paro, en este caso de 36 horas. Esta perspectiva de mayor conflictividad laboral es un escenario preocupante para el gobierno, sobre todo cuando el año que viene hay unas elecciones parlamentarias –se renuevan parcialmente las dos cámaras- y se lanzará el proceso para la candidatura presidencial del 2015.
Más allá del alcance real de la huelga, sobre lo que no habrá acuerdo en las interpretaciones, es evidente que Hugo Moyano es uno de los vencedores. Después de su ruptura con el gobierno ha demostrado que mantiene liderazgo y capacidad para movilizar a millones de trabajadores. Y plantea para el gobierno un escenario en el que ve cómo se aleja parte de la clase media, como demostró el cacerolazo del pasado día 8, y parte de los trabajadores, que participaron de la huelga. En ambos casos, en las filas de una y otra manifestación, había numerosos votantes de la presidente.
La huelga de este martes se produjo, además, en un momento en el que los indicadores económicos ya no son tan favorables. Con un PBI que viene registrando bajas desde abril, sube, lentamente, el desempleo, que ahora está en el 7,2 %; los subocupados (que trabajan menos de 35 horas semanales) alcanzan al 8,9 %; y el número de trabajadores en negro está en torno al 34 %. En el tercer trimestre del 2011 se había llegado al tope mínimo de desempleo, con el 6,7 %, pero ha venido subiendo en los tres últimos trimestres.
El seguro de desempleo, que no se actualiza desde 2006 -a pesar de una inflación galopante, la quinta del mundo-, se sitúa en un máximo de 400 pesos (84 dólares). Muy escaso aún cuando se acepte la cifra irreal de que en Argentina se puede comer por 6 pesos diarios, como asegura el gobierno. La prestación por desempleo cubre un máximo de un año y solo a aquellos que hayan estado empleados al menos 36 meses.
Desde que Argentina recuperó la democracia, en 1983, los sindicatos llevaron a cabo numerosos paros generales. El más perjudicado fue Raúl Alfonsín, el primer presidente de la transición democrática, que sufrió 13 huelgas; el gobierno de Fernando de la Rúa, 4 en solo dos años de gestión; y Menem, 6. La última huelga general fue en siembre de 2002, tras el colapso que acabó con el gobierno de De la Rúa y antes de asumir Néstor Kirchner.
