“Canciller español, saque sus narices de Venezuela, canciller español, fuera de aquí, canciller español, impertinente, a Venezuela se la respeta”
@jgonzalezok | El dirigente de la oposición y candidato a presidente, Henrique Capriles, no tiene confianza en que la impugnación de las elecciones ante el Tribunal Supremo de Justicia tenga alguna consecuencia. Pero señaló que hay que “agotar la institucionalidad, aunque sepamos cuál es la realidad”. Y añadió que el tema terminará en alguna instancia internacional.
La confianza de la oposición en el Tribunal Supremo no carece de fundamentos. Su presidente, Luisa Morales, ya adelantó que el recuento manual de votos es imposible, justificándolo con el argumento de que las leyes obligan a que todo el escrutinio sea automatizado. Además no se confía en la independencia política del tribunal. Valga recordar que en el acto de apertura del Año Judicial de 2006, los principales magistrados gritaron “¡Uh, ah, Chávez no se va!”
El conflicto postelectoral en Venezuela no hace más que profundizarse y la posibilidad de normalización parece alejarse. Y Nicolás Maduro ha respondido de manera nada diplomática al ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, que este pasado lunes había hecho una oferta de mediación en el conflicto, coincidiendo con su visita a la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington: “canciller español, saque sus narices de Venezuela, canciller español, fuera de aquí, canciller español, impertinente, a Venezuela se la respeta”, le respondió Maduro.
Desde las elecciones del 14 de abril, Maduro ha radicalizado su mensaje y el clima de polarización política parece poner en peligro la gobernabilidad del país. La violencia que se desató tras las elecciones, con un saldo de 9 muertos, fue achacada por el gobierno al candidato opositor, Henrique Capriles. En la escalada de acusaciones destaca la que lanzó Iris Varela, la ministra que tiene a su cargo el sistema de prisiones, cuando dijo que estaba lista la celda para el dirigente opositor, “porque tienes que pagar por tus crímenes”.
La opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) denunció un virtual golpe de Estado contra la Asamblea Nacional, por la batalla campal del pasado martes, 30 de abril, que terminó con 11diputados heridos, 8 de la oposición, tres del gobierno. Aunque no está absolutamente claro cómo empezaron los incidentes, parece que todo comenzó cuando diputados opositores pretendieron desplegar una pancarta con la leyenda “Golpe al Parlamento”.
Antes de estos incidentes, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, negó la palabra a los diputados de la oposición, les suspendió sus sueldos como parlamentarios y destituyó a aquellos que fueran presidentes de alguna comisión, con el argumento de que no reconocían la victoria de Nicolás Maduro. La oposición, en un comunicado que hizo público el 1º de mayo anunció que sigue desconociendo la legitimidad del nuevo gobierno y acusa al oficialismo de promover la violencia institucional “como mecanismo para consolidar la desviación del resultado electoral, acallar las protestas populares pacíficas y distraer la atención sobre la solicitud del recuento de votos”.
La negativa del gobierno y del Consejo Nacional Electoral (CNE) a hacer una revisión completa de los resultados electorales, que podrían despejar las dudas sobre la legitimidad de la victoria de Nicolás Maduro, mantiene a la oposición en su postura de no reconocer ese resultado.
El CNE ya comenzó una auditoría, pero no incluirá la revisión de los cuadernos electorales, que contienen el padrón, que la oposición considera uno de los puntos esenciales. El órgano electoral pretende confirmar que el número de votantes coincida con los que firmaron el citado libro de votación, dato que la oposición no pone en duda. Pero los opositores quieren, además, que se puedan comprobar las firmas y huellas digitales de los votantes. Aseguran que algunos ciudadanos muertos aparecen en estos cuadernos. Sin acceso a estos datos, la revisión “será una farsa”, dijo Henrique Capriles, el candidato presidencial opositor.
Otro motivo grave de conflicto es el presunto despido de numerosos opositores por razones políticas. La Mesa de Unidad Democrática y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Andrés Bello, han coincidido en denunciar estos casos. La MUD informó que tiene una lista con más de 4.000 casos, entre maltrato, acoso, rebaja en las condiciones laborales y despidos. La oposición asegura que se han incautado teléfonos móviles de empleados estatales y se intervino sus cuentas personales en las redes sociales para confirmar su presunta opinión contraria al chavismo.
Los más afectados serían los trabajadores de las gobernaciones y de algunas empresas públicas, como PDVSA. El ministerio de Trabajo ha negado que haya despidos por razones políticas, pero se refuta que en los formularios de despido no hay una casilla para esta causa, se contabilizan como despidos injustificados.
Parece hacerse realidad el anuncio del ministro de Vivienda, Ricardo Molina, que había amenazado recientemente: “yo no acepto que aquí nadie venga a hablar mal de la revolución, de Nicolás, del comandante Chávez, no acepto militantes de partidos fascistas. Quien quiera ser militante de esos partidos que renuncie, porque si no renuncia, yo mismo le voy a botar (despedir)”. Y añadió que no le importaba en absoluto lo que digan las normas laborales, a lo que su auditorio le respondió con aplausos y con la consigna: “así, así es que se gobierna”.
El secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, Manuel Cova, denunció que ya han empezado los despidos en distintos organismos del Estado. Leopoldo López, dirigente del partido opositor Voluntad Popular, afirmó que la persecución y la intimidación es el recurso de un gobierno sin liderazgo y sin legitimidad”. Henrique Capriles, por su parte, dijo en una marcha en Caracas, durante el 1º de Mayo: “quiero mandarles un abrazo a todos los trabajadores públicos, aquellos que durante los últimos días han sido objeto de persecución feroz, solamente propia de los gobiernos fascistas”.
Estas amenazas –Operación Limpieza, según la oposición- reavivan los temores a que se vuelva a repetir lo sucedido en 2007, con la llamada Lista Tascón. El episodio hace referencia a una lista divulgada por el fallecido dirigente chasvista Luis Tascón, con los nombres de las personas que firmaron a favor de un referéndum revocatorio contra Hugo Chávez. Lista que sirvió para una purga de opositores en organismos del Estado.
