@jgonzalezok / Argentina terminará el 2013 con un índice de inflación en torno al 30%, tras una importante aceleración en las últimas semanas. La respuesta del gobierno ha sido propiciar un acuerdo “voluntario” de precios para contener la presión y tratar de no echar leña al fuego en los sectores más vulnerables, que puedan reavivar la ola de saqueos. En esta ocasión se habla de un acuerdo voluntario, con grandes grupos de supermercados y atentos a toda la escala de valor, es decir, desde el agricultor a la góndola del súper. Pero los antecedentes no invitan a ser muy optimistas. Cuando eran obligatorios no llegaron nunca a cumplirse, a pesar del empeño y los métodos expeditivos del ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.
En este caso el acuerdo contempla entre 170 y 200 productos de primera necesidad, y se ha pedido a los supermercados y fabricantes que no incurran en las clásicas maniobras, como cambiar el aspecto del producto, o disminuir el tamaño, para aumentar los precios mientras los productos acordados eran inhallables.
Como en la ocasión anterior, se ha presentado una parafernalia para asegurar el “control popular” de los precios. Un numeroso grupo de jóvenes militantes estuvieron presentes en la firma del acuerdo, con chalecos que tenían la leyenda Miramos los precios. Básicamente lo mismo que hace unos meses, los mismos chalecos y una leyenda parecida, que solo se vieron esporádicamente en algún establecimiento, pasando rápidamente al olvido.
Al subrayar la voluntariedad del acuerdo, el ministro de Economía, Axel Kicillof, reconoció que “los controles de precios no son exitosos”. El acuerdo es voluntario, aunque su cumplimiento será controlado.
Se tiene la sospecha de que esta nueva lista de precios pueda servir al gobierno para efectuar el nuevo índice de precios al consumo, que sustituya al actual, elaborado por el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo), seriamente cuestionado. Hace ya muchos meses que el gobierno argentino le prometió al FMI (Fondo Monetario Internacional) elaborar un nuevo índice, confiable, ante la amenaza de sanciones por parte del organismo.
Además del control de precios, el gobierno de Cristina Fernández pretendía poner un techo en las negociaciones salariales, presionando sobre todos a los sindicatos afines para moderar sus demandas. Pero las recientes revueltas policiales, que terminaron con aumentos de salarios de hasta el 100 % para las policías de numerosas provincias, han disparado las demandas del resto de los sectores, que no quieren quedarse atrás y reclaman subidas similares. Y ya ni siquiera los sindicatos que se mantuvieron al lado del gobierno en la última división de la CGT (Confederación General del Trabajo), pueden contener a sus bases que reclaman subidas muy por encima de lo que pretendía el gobierno.
El comienzo del verano austral no significa una pausa en las protestas sindicales. Estos últimos días el centro de Buenos Aires está siendo un caos por las protestas sindicales, a las que se suman los que reclaman por los apagones.
Y el otoño será especialmente caliente. Nadie duda que, como todos los años, habrá serias dificultades para comenzar el curso escolar, con maestros y profesores reclamando por una subida de sus sueldos, que han sido comidos por la inflación.
Las subidas para los policías, conseguidas bajo extorsión, y las que puedan lograr otros sectores, pueden encontrarse en breve con la imposibilidad de hacer frente a los pagos, especialmente en las provincias, donde hay un alto índice de empleo público. Es por esto que se empieza a hablar de algo que despierta los mayores temores de los argentinos: la posibilidad de que las provincias emitan lo que se conoce como cuasi-monedas, bonos sin respaldo real, como los emitidos por el gobierno central y por 15 provincias durante la crisis del 2001-2002. Fueron conocidos genéricamente como patacones, nombre que tuvieron en la provincia de Buenos Aires, y su recuerdo va asociado a la crisis y la hiperinflación.
El gobernador de la provincia de Corrientes, Ricardo Colombi, ha sido el primero en hablar públicamente de la necesidad de emitir cuasi-monedas, para hacer frente a los sueldos de los empleados públicos. “En caso contrario se me incendia la provincia”, aseguró, culpando de esta situación a la inflación y al esquema de coparticipación federal.
A pesar de que Argentina es, formalmente, un país federal, el gobierno retiene muchos de los ingresos que debería traspasar a las provincias, manejándose con una lógica de premio y castigo, de acuerdo al grado de lealtad con la Casa Rosada. En el caso de la provincia de Corrientes, el gobierno federal le debe a la provincia 1.900 millones de pesos en concepto de coparticipación federal. En Córdoba, donde comenzó el movimiento de rebelión policial, el gobernador reclama también cifras millonarias al gobierno central.
