Por primera vez en la historia del Fondo Monetario Internacional (FMI), el organismo emitió este viernes, 1 de febrero, una moción de censura contra Argentina por la manipulación de sus datos económicos, fundamentalmente la inflación y el PBI. Hace meses que ya se había advertido que la adulteración de las estadísticas podía llevar al Fondo a mostrar una tarjeta roja a la Argentina por no cumplir con el artículo VIII del reglamento, que obliga a todos los países que integran el organismo a suministrar información confiable y veraz sobre su economía.
A pesar de la dureza del comunicado, el FMI se declara dispuesto a seguir colaborando con Argentina y le concede un plazo bastante amplio al gobierno de Cristina Fernández para que reforme sus estadísticas. Casi ocho meses, hasta el 29 de septiembre, tendrá Argentina para presentar cifras creíbles y contrastables sobre su economía. Y Christine Lagarde, directora gerente del Fondo, deberá informar el 13 de noviembre sobre los eventuales progresos hechos por Argentina en este sentido.
La declaración, adoptada por los 24 miembros del Consejo de Directores del Fondo, no tiene consecuencias inmediatas, pero Argentina podría llegar a ser expulsada del organismo si sigue sin atender los requerimientos. El único país que llegó a esta situación fue Checoslovaquia, a mediados de los años '50, pero en ese entonces no existía el paso previo de moción de censura. El FMI insiste en que Argentina tiene que adoptar los estándares internacionales para asegurar que sus datos estadísticos sean exactos.
Hace ahora seis años que el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) fue intervenido por el gobierno. Sus principales funcionarios fueron desplazados y cambiados los métodos para medir la inflación. El organismo pasó a ser controlado personalmente por el Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, que lo ha convertido en una dependencia política. Estudios privados calcularon que en 2012 hubo una inflación por arriba del 25%, mientras que los datos del INDEC aseguran que fue del 10,8%.
La necesidad de regularizar esta situación fue admitida implícitamente por el gobierno argentino cuando en 2010 pidió ayuda al propio FMI para realizar un nuevo IPC (Indice de Precios al Consumidor). El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, anunció que este año estará listo este nuevo índice, que será a nivel nacional, no solo el de Buenos Aires y su conurbano.
Además de estadísticas manipuladas, Argentina no se somete a los mecanismos previstos en el Fondo para todos sus socios, de verificación de sus economías. Son pocos los países que no han cumplido en los últimos años con esta obligación. Además de Argentina, son Ecuador, Venezuela, Somalia y Madagascar. Para estos casos el FMI contempla otras formas de evaluación, de tipo informal.
En los últimos años, han sido numerosos los enfrentamientos de la presidente, Cristina Fernández, y de su fallecido esposo, Néstor Kirchner, con el FMI. “No es el Fondo el que nos dará lecciones”, dijo la presidente el pasado mes de septiembre, cuando se anunció la posible tarjeta roja contra el país. Kirchner había dicho lo mismo en el 2005, después de pagar la deuda que Argentina mantenía con el Fondo: “nosotros, que ya pagamos, les pedimos que no nos den más lecciones porque muchos dolores de hambre y tragedia trajeron a Latinoamérica y a la Argentina”.
“Es el mismo Fondo que se muestra complaciente con fallidas políticas que condujeron a la crisis global”, dijo el Ministerio de Economía, en su primera reacción al comunicado del FMI, en la que habla de doble estándar y trato desigual. En un largo y duro comunicado, Argentina considera que se trata de imponer una medida ejemplificadora y pide una reunión extraordinaria de la Junta de Gobernadores del organismo, que examine la política del Fondo hacia el país y su actuación en el origen de la crisis económica y financiera mundial. El gobierno de Cristina Fernández defiende lo que califica de contratara al modelo que impulsa el FMI.
Pero Argentina, en realidad, explica otro problema, el de sus pasados conflictos con el Fondo, no el puntual conflicto técnico, como es el de las estadísticas oficiales, que no tiene nada que ver con las políticas económicas. Desde la década del '70 del pasado siglo, el FMI dictó en muchas ocasiones políticas de ajuste muy duras para Argentina, que provocaron cataclismos sociales. La retórica oficial en los últimos años ha demonizado al Fondo, pero la manipulación de las estadísticas nada tiene que ver con eso. Y nadie ha explicado todavía si es progresista mentir con los datos de la contabilidad nacional.
Cuando Néstor Kirchner decidió en 2006 saldar la deuda con el Fondo -10.000 millones de dólares-, también expresó la decisión de no recurrir más a nuevos préstamos del organismo para no someterse a sus dictados. La recuperación económica, con crecimiento a tasas chinas y, sobre todo, el boom de la soja, le dieron a Argentina la posibilidad de manejarse por fuera de los mercados internacionales de capitales. Pero la situación ha cambiado: el gobierno se está financiando sobre todo con reservas del Banco Central, con los recursos de la Seguridad Social y con emisión monetaria. Por el contrario, otros países de la región, como Bolivia o Chile, están logrando créditos o emitiendo bonos a tasas bajísimas, de menos del 5%.
Con este episodio Argentina suma un problema a su frente externo. Aún está pendiente la disputa con los fondos buitre, a la espera de la resolución que adopte la Cámara de Apelaciones de Nueva York. Su reciente acuerdo con Irán, para investigar de manera conjunta el atentado contra la mutual judía AMIA, en 1994, provocó el rechazo de Israel –hasta ahora un aliado firme- y la desconfianza de Estados Unidos. El conflicto con Gran Bretaña, a propósito de las Malvinas, volvió a enconarse. Y siguen los problemas comerciales con denuncias cruzadas de proteccionismo, que incluyen a países europeos y EE.UU., tanto como a países aliados y del mismo bloque regional.
