martes. 19.03.2024
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En la Argentina la inflación, desde los años cincuenta, ha devenido en endemia

El actual Gobierno argentino y el conjunto de las fuerzas políticas con representación parlamentaria se ven abocados a superar los aspectos principales de la herencia recibida. Restauración de las instituciones democráticas, normalización de las relaciones económicas y financieras internacionales, recuperación de la inversión productiva y en infraestructuras imprescindibles para relanzar la economía nacional, reordenación y racionalización de la maraña de medidas asistenciales dirigidas a paliar la gravísima situación de pobreza y marginación social, reforma del sistema impositivo hacia una mayor equidad y progresividad, puesta en marcha de políticas activas y pasivas de empleo sobre presupuestos y objetivos realistas y, por supuesto, reducción de la inflación a cifras de un dígito.

He mencionado la inflación, al final, no por su escasa importancia sino todo lo contrario, porque es el principal problema y de su solución depende, en menor o mayor grado, la solución del resto. En la Argentina la inflación, desde los años cincuenta, ha devenido en endemia. La puja entre quienes cuentan con rentas variables contra los que dependen de rentas fijas, el vicio de la anticipación a la inflación presunta en la remarcación de precios, la escasa competencia y el poder casi ilimitado de quienes ostentan una posición dominante en la formación de precios, la negociación salarial sobre inflación pasada que obstaculiza seriamente lograr reducciones del índice de precios, la apuesta por el dólar y la evasión de divisas como reaseguro frente a las inevitables devaluaciones, conduce a la economía argentina a cíclicos despeñaderos.

La lucha de todos contra todos en la rebatiña por el ingreso se convierte en el motor inflacionario más eficaz, al tiempo que pocos resultan beneficiados y los más se ven forzados a padecer las consecuencias.

No es que los sucesivos gobiernos hayan desistido de enfrentar el flagelo, aunque alguno lo ha habido, sino que pusieron sus esperanzas en la imposición de medidas como la fijación de precios máximos, penalización del agio y la especulación, restricciones a la exportación, congelación de tarifas, fijación por decreto de incrementos salariales,  apelación a la responsabilidad sindical por un lado y empresarial por otro, y hasta hubo un alto funcionario, no hace mucho, que se empeñaba en convencer a directores de grandes superficies, con una pistola sobre el escritorio, sobre la conveniencia de no subir los precios.

Da la impresión que los actores económicos y sociales siguen actuando en las lógicas aprehendidas en el pasado y el IPC continúa ascendiendo en el espacio de los dos dígitos, acompañado de las consecuentes tensiones económicas y sociales. Hubo gobiernos que, ante su fracaso, dirigieron las miradas y abiertas o disimuladas acusaciones a dichos protagonistas. El lector, convendrá conmigo, que por ahí no va la cosa, pues son los poderes públicos quienes deben arbitrar las soluciones.

Y me temo que el actual Gobierno también está preso de la visión tradicional. Por un lado intenta moderar las reivindicaciones sindicales negando toda posibilidad a fijar, por decreto, una pauta de actualización salarial, al tiempo que asegura que esto se desarrollará mediante la negociación colectiva sectorial y de empresa. A renglón seguido, trata de convencer a los empresarios de la conveniencia de moderar el aumento de precios - mientras acomete una “normalización” tarifaria feroz - técnicamente inobjetable y políticamente cuestionable - y les ruega la firma de una tregua de tres meses en materia de despidos.

Es decir, un escenario en que los actores declaman por separado o a dúo como máximo, sin orden ni concierto, a la espera de que la sabiduría de los mercados encuentren el deseado equilibrio general.

¿Y los partidos políticos representantes de la voluntad popular? Más allá de lo que era esperable y deseable, parecen entretenidos en un pin-pan-pun parlamentario donde las diversas oposiciones se esfuerzan por hacer presente su fortaleza y la debilidad gubernamental, pero sin ofrecer ninguna propuesta antinflacionaria alternativa.

Es difícil aceptar la idea de que, por aquellas tierras, no se haya oído hablar de las Políticas de Rentas y, por supuesto, nada más alejado de mi intención que pontificar al respecto. Sabemos, por experiencia, que dentro de esa denominación coexisten diversas aproximaciones con asignación de diferente importancia a distintos factores según la orientación dominante. Pero, en el fondo, se trata de abordar el problema inflacionario incorporando las diversas variables en juego, a un proceso de negociación articulada entre todos los actores económicos, sociales y políticos. Negociación en que cabe casi todo, política impositiva, estabilidad presupuestaria, inversión pública y privada, políticas de competencia, sociales y de empleo, negociación colectiva, etc.

Obviamente el Gobierno asume el papel principal y no puede temer adquirir compromisos, sino todo lo contrario, al tiempo que debe fijar el objetivo de inflación prevista que sirva como armonizador del conjunto de políticas y medidas acordadas para alcanzarlo.

La inflación es un problema de todos, también en la República Argentina.

¿Han oído hablar de política de rentas?