martes. 19.03.2024
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A cualquier observador externo, como por ejemplo los amigos que consultan esta bitácora desde España, les parecerá profundamente llamativo que en un país como el Perú, que lleva creciendo sostenidamente nada menos que al 6.5% como promedio los últimos ocho años, el simple anuncio del Presidente del Consejo de Ministros de que el Gobierno estaba evaluando una posible elevación del salario mínimo vital, suscitase una reacción de tanta virulencia por parte del Ministro de Economía de este país, por cierto refrendada con entusiasmo por la Primera Dama de la Nación, como para terminar forzando la renuncia del primero, así como la sustitución de la hasta entonces Ministra de Trabajo.

Sin embargo, esta perplejidad seguramente empezaría a diluirse si tuviesen en cuenta que este espectacular ciclo expansivo no ha servido para mejorar la participación de los salarios dentro de la renta nacional, que se ha mantenido estancada en torno al 21 %, sino que ha tenido más bien el efecto inverso, ya que han sido los beneficios empresariales los que han incrementado su espacio dentro de la misma, pasando del 58 al 63 %. Y terminaría de hacerlo si advirtiesen, además, que esta suerte de redistribución de la riqueza a la inversa ha sido el resultado de políticas estatales deliberadas, puestas en marcha a lo largo de los años noventa y mantenidas con posterioridad, dirigidas a desmontar la efectividad de las principales herramientas que, dentro de cualquier sistema democrático que aspire a un mínimo de equilibrio desde el punto de vista social, contribuyen a favorecer un reparto más equitativo de la riqueza. Unas políticas que han terminado por dar lugar al modelo de crecimiento excluyente y promotor de la desigualdad, en vez de inclusivo y equilibrador, en el que se mueve este país.

Las decisiones políticas adoptadas, sustitución del Presidente del Consejo de Ministros y congelación del salario mínimo vital, se explican con facilidad en este contexto y a partir de esta visión en torno a la manera de gestionar el crecimiento y sus beneficios.

Poco importan, por esta razón, la multitud de argumentos esgrimidos a lo largo del debate que se ha producido en las últimas semanas a favor de una elevación de dicho salario. Poco importa, así, que el mismo lleve sin modificarse dos años, que este sea el período previsto para su revisión a propuesta del Consejo Nacional de Trabajo, que a lo largo del mismo la inflación acumulada haya sido del 6 % y la productividad se haya elevado en un 4 %, que estos sean precisamente los dos criterios a partir de los cuales debe llevarse a cabo su revisión de acuerdo con la metodología consensuada por los agentes sociales en el marco del organismo antes citado, que el empleo creció y la informalidad se redujo en las dos ocasiones anteriores en las que este mismo Gobierno incrementó dicho salario, en contra de lo que declara que ocurrirá el Ministro de Economía, que la subida del salario mínimo está en condiciones de impactar positivamente en la demanda y, por esa vía, en el crecimiento y la inversión, o, en fín, que el Perú cuente con uno de los salarios mínimos más bajos de la región.

Poco importa todo esto porque, en el fondo, y ésta es la clave, poco importan las personas, sus condiciones de vida y de trabajo. Incluso cuando, como ocurre ahora, su mejora es posible y está en aptitud de reportar beneficios para todos.

¿Qué futuro espera a un país conducido por quienes piensan de tal modo? Quizá un futuro luminoso, donde el bienestar termine por “chorrear” a todos los sectores de la población. Permítanme que lo dude.

El embrollo del salario mínimo: retrato de un crecimiento excluyente