Desde el retorno a la democracia hasta la aprobación de la actual ley se presentaron 40 proyectos para regular el sector sin que ninguno pudiera prosperar
En 1980, la dictadura militar más sangrienta de la historia argentina (1976-1983) promulgó el Decreto-Ley Nacional de Radiodifusión N° 22.825, con el objetivo de crear un sistema de comunicación completamente privatizado. La ley contenía “joyitas” como la expresada en el artículo 7: “Los servicios de radiodifusión deberán difundir la información y prestar la colaboración que les sea requerida, para satisfacer las necesidades de la seguridad nacional. A esos efectos el Poder Ejecutivo Nacional podrá establecer restricciones temporales al uso y a la prestación de todos los servicios previstos por esta Ley”, claramente atentatoria contra el derecho a la libertad de expresión. Los medios más importantes no protestaron: estaban ocupados en otros asuntos.
Otros aspectos regulados fueron, por ejemplo, la prohibición de que organizaciones sin fines de lucro (cooperativas, culturales, sindicales, etc.) y universidades pudieran ser titulares de radios o canales de televisión; que las provincias y municipios sólo podían tener un servicio de radio y sin publicidad; también impedía la titularidad de licencias a empresas periodísticas (artículo 45); y establecía, asimismo, la privatización masiva de las señales en un plazo máximo de 3 años.
Con el retorno a la democracia, el presidente Alfonsín (1983-1989) dispuso la intervención de la autoridad de aplicación creada por la dictadura, el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) –órgano con potestades de control y censura, en cuyo consejo asesor se sentaba el Servicio de Inteligencia del Estado, SIDE- hasta la sanción de una nueva ley que regulara democráticamente el sector. Como no lo consiguió, el COMFER continuó intervenido hasta la aprobación, en 2009, de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la creación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFCA), actualmente en funciones.
Desde el retorno a la democracia hasta la aprobación de la actual ley se presentaron 40 proyectos para regular el sector sin que ninguno pudiera prosperar.
De esos tiempos vienen los duros enfrentamientos entre el gobierno electo democráticamente y el Grupo Clarín que, a través de su periódico, se dedicó a fustigar al presidente Alfonsín, tal y como él mismo lo denunció en 1987 y que puede verse en el siguiente registro audiovisual de esa época.
Recientemente, el dirigente radical Leopoldo Moreau, presidente entonces de la Comisión de Comunicación del Congreso de Diputados, explicó en el programa de televisión Bajada de Línea, por qué y cómo el Grupo Clarín enfrentó a Alfonsín y contribuyó a que no pudiera terminar su mandato presidencial. Lo que estaba en disputa, básicamente, era la derogación del artículo 45 del Decreto-Ley de la dictadura para que el Grupo Clarín pudiera normalizar la compra de Radio Mitre (un medio importante en el país), que había realizado por fuera del marco regulatorio existente. Y, sobre todo, evitar la sanción de una ley de medios democrática que pudiera limitar su proceso concentrador. Puede verse su testimonio abreviado en:
Quien tenga interés en conocer mejor esta historia, contada por un político de la oposición al actual gobierno argentino, puede ver el testimonio completo:
La historia continuó y la primera medida privatizadora del Presidente de Carlos Menem (1989-1995) fue la del Canal 13, que fue a manos del Grupo Clarín, y del Canal 11, que se quedó el Grupo Massot (activo propagandista de la dictadura militar). Luego le seguirían todo tipo de empresas estatales, en lo que se conoció en la época como la “venta de las joyas de la abuela”, a precio de saldo. Desde entonces hasta hoy, el proceso de concentración multimediática fue imparable, liderado por el Grupo Clarín pero en el que intervinieron también otras empresas, tanto nacionales como internacionales, conformando un entretejido muy denso.
Este poder mediático llevó a la sociedad argentina a la creencia, difundida por los propios medios, de que ningún presidente elegido democráticamente podía resistir tres tapas en contra publicadas por el periódico Clarín. El presidente radical lo sufrió en carne propia: según Leopoldo Moreau, Alfonsín había pedido que lo apuntalaran para consolidar la democracia, pero Magnetto (el CEO del Grupo Clarín) le contestó que «el obstáculo para apuntalar al Gobierno era la propia figura de Alfonsín». Ya había arreglado con el presidente entrante, Menem, la modificación de la ley de la dictadura que trababa la expansión del Grupo.
