viernes 10.07.2020
CRÓNICAS DE AMÉRICA LATINA | JAVIER M. GONZÁLEZ

Cambios en el gabinete argentino para enfrentar a la justicia

Cristina Fernández pone al frente de los servicios de inteligencia a su hombre más fiel.

La presidenta Cristina Fernández toma juramento a Oscar Parrilli como nuevo secretario de Inteligencia, en el Salón Blanco de Casa de Gobierno. (Foto: Casa Rosada)
La presidenta Cristina Fernández toma juramento a Oscar Parrilli como nuevo secretario de Inteligencia, en el Salón Blanco de Casa de Gobierno. (Foto: Casa Rosada)

@jgonzalezok / La secretaría general de la Presidencia de Argentina era ocupada desde el 2003 por el funcionario más fiel que tuvo el kirchnerismo, tanto con Néstor como con Cristina. Se trata de Oscar Parrilli, que conoció a los Kirchner en los 70, integró el llamado Grupo Calafate –que impulsó a Kirchner a la presidencia, cuando era aún un oscuro gobernador patagónico- y que fue en los últimos años el hombre que estuvo más cerca de los dos presidentes, con una lealtad a toda prueba.

Ahora ha sido enviado por Cristina Fernández a la jefatura de los Servicios de Inteligencia, para tratar de poner orden en el organismo, en el que ya no confiaba. Y, sobre todo, para intentar influir en los jueces del fuero federal que investigan numerosos casos de corrupción. Un medio habitualmente bien informado, La Política Online, asegura que este ámbito judicial está históricamente ligado a los servicios secretos.

Según el diario La Nación, el gobierno sospecha que los Servicios de Inteligencia estarían operando ahora contra la Casa Rosada en su enfrentamiento con el Poder Judicial. Y que los jueces que investigan a la presidente estarían impulsados por un sector de dichos servicios que tendría vínculos con abogados y operadores de la Justicia.

Parrilli llega a los Servicios de Inteligencia llevando como segundo al joven Juan Martín Mena, de 34 años, militante de La Cámpora. De esta forma, la agrupación juvenil que impulsa Máximo Kirchner, el hijo de la presidente, logra nuevos puestos en el organigrama del Estado. Mena tiene, además, otro notable antecedente: era hasta ahora jefe de gabinete del ministerio de Justicia y fue uno de los redactores del nuevo Código Procesal Penal. Sería el operador clave del gobierno ante la Justicia.

El recambio en los servicios secretos se produce, también, coincidiendo con el mayor peso del general Milani en el área de inteligencia militar, aunque por ley tiene vedado actuar en política interior. En los últimos presupuestos, el área de inteligencia militar recibió un aumento importante de fondos, el doble que los destinados a la inteligencia civil.   

La movida coincide con la ofensiva de la Justicia, que ha decidido acelerar varias causas que afectan a la familia presidencial y a otros cargos del gobierno. La contraofensiva  demuestra el grado de nerviosismo reinante en los más altos estamentos. La luz roja se encendió cuando un juez ordenó allanar una empresa que administra uno de los hoteles de la presidente, Cristina Fernández. La investigación es por presuntas irregularidades administrativas, pero se sospecha también de un posible lavado de dinero.

Hace unos días, el propio Parrilli sostuvo que había una embestida “absolutamente desproporcionada, ilegal y hasta burda y torpe” por parte de algunos jueces. Las acusaciones de golpismo se repartieron a diestro y siniestro y la propia presidente volvió a poner en tela de juicio a toda la corporación judicial. “Ahora a los sicarios mediáticos se le unen algunos secuaces judiciales”, dijo en uno de sus últimos discursos, en el que estaba acompañada por el vicepresidente, Amado Boudou, procesado ya por varias causas de corrupción.

El juez Claudio Bonadío, que ordenó el allanamiento, ha pasado a ser el principal objeto de la furia oficial, después de que fracasó el intento de destituir al fiscal José María Campagnoli, que también se atrevió a investigar los negocios del poder. Hace cuatro años, sin embargo, Bonadío recibió un inusual halago por parte de la diputada Diana Conti, la esencia del ultrakirchnerismo: “Claudio es para mí un ejemplo de juez independiente, resuelve de acuerdo a sus convicciones siempre”, señaló, con un grado de confianza en el trato sorprendente. Ahora, la misma diputada declaró: “Bonadío es un instrumento de coacción para intereses antipatrióticos”.

Lo que cambió en este tiempo es que se atrevió a investigar en los negocios privados de la familia presidencial. La contraofensiva contra el juez incluyó una sanción económica por presunta negligencia en viejas causas, aprovechando que el oficialismo tiene mayoría en el Consejo de la Magistratura.

Para sustituir a Parrilli en la secretaría general de la Presidencia, vuelve a la Casa Rosada el hasta ahora senador, Aníbal Fernández. Hombre, también de probada lealtad a los Kirchner, ya ocupó la jefatura de Gabinete y fue ministro de Interior y de Justicia. Se trata de un todo terreno, que le dará al nuevo cargo un perfil más político que el que le había impuesto Parrilli. Su lengua filosa y su disposición a entrar en todas las polémicas hicieron célebres sus anibaladas.

En los próximos meses es previsible que la situación judicial de varios integrantes del gobierno y de la propia presidente se complique. Aunque la ofensiva oficial sobre la Justicia no asusta tanto a los magistrados, que ven un gobierno en la recta final, el gobierno insiste en iniciativas para intentar blindarse de cara al futuro.

Después de la frustrada “democratización de la Justicia”, que pretendió un mayor control gubernamental, se aprobó un nuevo Código Civil, duramente cuestionado por la oposición. También se aprobó una ley que limita de forma importante la responsabilidad del Estado y sus funcionarios. Y se adoptó un nuevo Código Penal Procesal, que les da a los fiscales la iniciativa para investigar, que hasta ahora tenían los jueces. La procuradora general –la jefe de los fiscales-, Alejandra Gils Carbó, está también siendo muy criticada por los nombramientos de fiscales en concursos sin transparencia, para beneficiar a militantes kirchneristas.

Habrá centenares de nuevos fiscales y funcionarios que serán nombrados en los próximos meses y que tendrán una dependencia política. La clave de estos cambios es que los jueces son controlados por el Consejo de la Magistratura y para su destitución se necesita una mayoría en el organismo que no tiene el gobierno. En cambio los fiscales dependen solo de la procuradora. 

Cambios en el gabinete argentino para enfrentar a la justicia