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miércoles. 01.02.2023
CRóNICAS DE AMéRICA LATINA | JAVIER M. GONZáLEZ

El avance del narcotráfico en Argentina enciende las luces de alarma

El fallido atentado contra el gobernador de Santa Fe marca un nuevo límite.

@jgonzalezok | La ciudad argentina de Rosario, en la provincia de Santa Fe, ha sobrepasado en lo que va de año los 200 asesinatos, la mayoría ligados al narcotráfico. Desde el 2004, cuando los asesinatos contabilizados fueron 74, la cifra sobrepasa los 1.000 muertos. Una tasa de homicidios superior a la que registran ciudades como Medellín (Colombia) o San Pablo (Brasil). Rosario, situada a 300 kilómetros de Buenos Aires, es la tercera ciudad en importancia del país. Desde su puerto sale gran parte de la cosecha de soja y otros granos, con lo que es una ciudad donde circula el dinero.

En las villas miseria de Buenos Aires, tanto en la capital como en el conurbano, el narco también le disputa el terreno a los municipios, aunque aquí no hay cifras oficiales de criminalidad desde el 2008.

Argentina ha pasado de ser un país de tránsito de la droga a ser un importante mercado consumidor. También es refugio de muchos narcos mexicanos y colombianos -desde el Chapo Guzmán, que se supone estuvo en el 2011, hasta la familia de Pablo Escobar. En Argentina ya se blanquea mucho dinero de la droga y se elabora cocaína, con la materia prima de los países productores.

Según datos de la ONU, Argentina es ya el tercer exportador mundial de cocaína y el primer consumidor de la misma en América Latina. El consumo se ha duplicado en la última década: el 2,8 % de la población adulta –casi un millón de personas- consume cocaína, mientras que un 7,5 % fuma marihuana.

En el aumento del consumo doméstico tiene mucho que ver que en la cadena de comercialización, a los niveles intermedios muchas veces el pago es en especie. Y que en el nivel más bajo, el de venta al menudeo, se engancha a niños y adolescentes con crack –paco en Argentina- para que actúen como correos y vigilantes, que avisan de cualquier incursión policial en las villas.

El pasado 11 de octubre, la casa del gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, recibió 14 disparos que, por suerte, no lo alcanzaron, a pesar de que se encontraba con su familia en el interior de la vivienda. La casa no tenía ese día ningún tipo de protección, por lo que se sospecha que los asaltantes tenían información de inteligencia. Tras el ataque, el juez que lleva la causa recibió mensajes telefónicos amenazadores contra el gobernador y otros funcionarios de la provincia.  

Fue un atentado con gran repercusión, por la relevancia del objetivo, pero los muertos anónimos también se multiplican. Hay enfrentamientos entre bandas y víctimas inocentes que caen por el fuego cruzado. Fue el caso, por ejemplo, de Enzo Ledesma, de 13 años, que murió el pasado 28 de octubre en La Cárcova, en el municipio bonaerense de San Martín, donde se concentra el mayor número de asentamientos precarios de todo el país.

Un informe de InSight Crime, afirma que Argentina juega un papel fundamental para los precursores químicos como la efedrina, usado por los carteles mexicanos en la elaboración de cocaína y metanfetaminas. En el 2008, Argentina importó 22,5 toneladas de dicha sustancia, cuando la industria farmacéutica legal solo necesitaba poco más de una tonelada. En los dos años siguientes bajaron ligeramente las importaciones, pero se recuperaron a partir del 2011.

El análisis de Insight Crime es que, dada la gran corrupción institucional, las debilidades a la hora de hacer cumplir la ley y la renuencia del gobierno a hacer frente al comercio de precursores, es muy posible que sigan los ataques a gran escala y los descubrimientos de laboratorios. Y que la violencia que se está viendo en Rosario probablemente se convierta en un hecho cada vez más frecuente, tanto en la ciudad como en el resto del país.

El narcotráfico es un delito federal, por lo que el combate al mismo es responsabilidad del gobierno central. El gobierno de Cristina Fernández, sin embargo, acusa a las autoridades de la provincia de Santa Fe, casualmente en manos del opositor Partido Socialista.

Gabriel Katopodis, intendente (alcalde) del municipio de San Martín -485.000 habitantes, en el gran Buenos Aires-, declaró al diario La Nación que no hay una decisión firme del gobierno de luchar contra el narco: “es un problema que se va agravando y que hoy está, de alguna manera, imponiendo en muchos barrios reglas de funcionamiento”. 

Ante la inacción del gobierno, que además minimiza el problema, se recuerda que la campaña presidencial de Cristina Fernández en 2007 recibió casi un tercio de las donaciones legales declaradas de personas ligadas a la industria farmacéutica y sospechosos de vinculación con el cartel de Sinaloa.

En julio de 2011 se lanzó la llamada Operación Escudo Norte, pero los resultados han sido nulos. Se readaptaron radares que tenían décadas de uso, muchos abandonados, y se destinaron tres viejos aviones, de 40 años de antigüedad, para reforzar el operativo. Pero las estadísticas indican que prácticamente no sirvieron para detectar ninguno de los 400 vuelos clandestinos que ingresan por año al país.

Se calcula que en el territorio nacional hay al menos 1.500 pistas clandestinas, aunque muchas avionetas llegan ya al conurbano bonaerense y lanzan su carga, sin necesidad de aterrizar. Hay, además, unos 750 pasos clandestinos en la frontera con Bolivia y otros 60 en el límite con Paraguay.

Argentina no tiene una ley de derribo –que sí tienen otros países latinoamericanos, como Venezuela, Brasil, Chile, Perú, Colombia, Ecuador y Uruguay-, por la negativa del gobierno a tratar varios proyectos de ley presentados por la oposición. El argumento que dio el senador Aníbal Fernández, cuando era jefe de gabinete, es que sería como legalizar la pena de muerte.

Eugenio Burzaco, ex jefe de la policía metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, denunciaba recientemente que más de un 90 % del espacio aéreo argentino se encuentra sin radarizar y que los pasos fronterizos son un coladero, con ríos y puentes sin control y aeropuertos desde los que salen regularmente importantes cantidades de drogas.

Poco después de las elecciones primarias del pasado 11 de agosto, que fueron un serio aviso para el gobierno de la derrota que se venía en octubre, el gobierno decidió enviar 7.000 gendarmes -cuerpo destinado a la vigilancia de las fronteras- a los barrios más conflictivos del Gran Buenos Aires. Fue una respuesta a la advertencia de las urnas y a lo que decían las encuestas, que indicaban que la gente reclamaba seguridad.

Pero con el traslado de los gendarmes, las fronteras quedaron aún más porosas al narcotráfico y su presencia en el Gran Buenos Aires fue más que nada una operación de marketing político. Los gendarmes no conocen el territorio y no están coordinados con las autoridades locales. Los municipios opositores, además, denunciaron haber sido marginados.

Recibieron muchos menos gendarmes que los gobernados por el kirchnerismo, y en algunos –San Martín, San Miguel y Tigre- los retiraron totalmente tras las elecciones. En el caso de San Miguel, por ejemplo, un municipio de 300.000 habitantes, vuelve a quedarse con solo 300 policías, los que tenía antes de la llegada de los gendarmes. .   

Uno de los hechos que demostraría el desinterés del gobierno, según la oposición, es que desde el 12 de marzo pasado está vacante el cargo de director del Sedronar (Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha el Narcotráfico). El subsecretario del organismo, Julio Postiglioni, aseguró que los números de la Argentina no son los peores de la región ni del mundo; rechazó que el organismo esté paralizado por la renuncia de su titular; y afirmó que no es solución una ley de derribo, “como algunos pícaros dicen”, en referencia a Sergio Massa, diputado electo en las elecciones del pasado 27 de octubre, que le ganó en la provincia de Buenos Aires al oficialismo.

El Sedronar fue creado en 1989, pero subsiste con un presupuesto cada vez menor y ha perdido relevancia, según dijo a Infobae el juez Gustavo Losada, que entre otros casos tiene en sus manos la operación Manzanas Blancas, el mayor alijo de cocaína hasta ahora, en 2010, cuando se confiscaron más de 3 toneladas de cocaína.

La propia iglesia católica acaba de hacer público un documento, El drama de la droga y el narcotráfico, en el que afirma que Argentina corre el riesgo de convertirse en un país como México o Colombia. Advierte que a esta situación de desborde se llegó con la complicidad y corrupción de algunos dirigentes. Y recordó que “es tarea irrenunciable del Estado” el perseguir el delito.

“La Argentina está corriendo el riesgo de pasar a una situación de difícil retorno. Si la dirigencia política y social no toma medidas urgentes, costará mucho tiempo y mucha sangre erradicar estas mafias que han ido ganando cada vez más espacio”, dice también el documento eclesial. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, reconoció que está preocupado por el avance del narco en la provincia y que comparte la preocupación de los obispos.

La triste realidad es que Argentina parece estar más próxima de cumplir el pronóstico que hace poco más de un año disparó la revista Foreign Affaire, cuando habló del país como el próximo narcoestado.

El avance del narcotráfico en Argentina enciende las luces de alarma