Según una encuesta, ocho de cada diez argentinos considera que el país vive al margen de la ley y se define como transgresor o desobediente
@jgonzalezok / Un viejo político mexicano, Carlos Hank González, que fue uno de los dinosaurios del PRI y al que se conocía como el Profesor –era maestro de primaria- dijo alguna vez: “Un político pobre, es un pobre político”. Otro compatriota, Gonzalo N. Santos, ex general de la revolución mexicana y cacique eterno de San Luis Potosí, diría por su parte: “La moral es un árbol que da moras”.
En estos días se discute en Argentina una frase escrita por un periodista kirchnerista, Hernán Brienza, a propósito de la financiación de la política: “La corrupción, aunque se crea lo contrario, democratiza de forma espeluznante la política”. Y añadía que sin el financiamiento espurio “solo podrían hacer política los ricos, los poderosos, los mercenarios, los que cuentan con recursos o donaciones de empresas privadas u ONG de Estados Unidos”. En su ayuda acudió José Ottavis, uno de los dirigentes de la organización kirchnerista La Cámpora, que afirmó: “Nadie honesto puede vivir de ser político”.
En su momento, el fallecido ex presidente argentino, Néstor Kirchner, fue igual de pragmático. Antes de entrar de lleno en la política se dedicó a ejecutar créditos hipotecarios, despojando de sus propiedades a numerosas personas que no podían hacer frente a sus obligaciones. Un antiguo aliado, el abogado Rafael Flores, relata que una vez se cruzó con la esposa de Kirchner, Cristina Fernández, y le preguntó: “Decime, ¿para qué hacen esto? ¿Cuál es la necesidad?”. A lo que la futura presidente contestó: “Queremos hacer política, y para hacer política en serio se necesita platita”.
América Latina, a pesar de algunos avances en los últimos años, sigue siendo una de las regiones más corruptas del planeta. Con algunas excepciones, como Chile, Uruguay y Costa Rica. Las penurias judiciales que están enfrentando estos días ex funcionarios en países como Brasil y Argentina son respondidas por los afectados con el mismo argumento: todo es mentira y se trata de una persecución política para anular los avances logrados en sus gobiernos respectivos. En el primer caso por Lula y Dilma Rousseff, en el segundo por Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
La mención del actual presidente, Mauricio Macri, en los Panamá Papers, y lo que parece alguna inconsistencia en su última declaración jurada de bienes, le da a los kirchneristas la posibilidad de defenderse atacando. Aunque las explicaciones que ha dado Macri hasta ahora parecen lógicas, el caso no está cerrado y tendrá que despejar toda sombra de duda.
Uno de los periodistas que más escribió sobre la corrupción estos años, Hugo Alconada Mon, del diario La Nación, dijo al publicar su libro La Piñata: “durante la (presidencia) de Alfonsín fue menor, incipiente. La de Menem llegó a niveles increíbles, pero en términos de porcentajes y dinero cash. La del kirchnerismo es distinta, ellos van por las acciones y las empresas, para ser parte del poder permanente”.
“¿Saben qué está demandando la sociedad? Que, por favor, alguien vaya preso en este país, alguna vez, por los delitos que se denuncian, muchas veces profusamente desde los medios, pero que jamás llegan a ninguna conclusión”. Esto decía en el año 2000 en el Senado la ex presidente argentina, Cristina Fernández, cuando ni ella ni su marido habían llegado aún al poder. La sociedad le demanda ahora a la justicia que actúe precisamente en varios casos resonantes que la salpican personalmente.
La politóloga argentina Liliana De Riz sostiene que hay una cultura de la impunidad, subrayando que la mayor parte de las causas por corrupción se dejan que prescriban, fruto de la desidia de los jueces. Para Rodolfo Terragno, ex jefe de gabinete del gobierno de Fernando De la Rúa (1999-2001), el problema no son las leyes sino la voluntad de aplicarlas. Y recuerda que el Código Penal argentino contempla 10 años de cárcel para el funcionario que reciba sobornos y 6 para el empresario que los pague; si el que soborna es un juez, puede cargar con 12 años. En la práctica, nada de eso sucede. Además del Código Penal existe la ley 25.188 de Ética Pública.
Los casos de corrupción en algunos gobiernos plantean un claro fastidio en sectores progresistas. El escritor argentino José Pablo Feinmann reconocía en diciembre de 2013 que era muy incómodo “adherir a un gobierno de dos gobernantes multimillonarios que están comandando un gobierno nacional, popular y democrático, y que te hablan del hambre”. Es más, sugirió que Cristina Fernández tenía que tener dinero por si tenía que irse al exilio. “No hay político que no haga un acaparamiento de dinero por muchos motivos. Yo te diría que Cristina es una de las que más motivos tiene. Porque está haciendo una política tan arriesgada en algunas cosas, está nucleando tantos odios de la derecha que en cualquier momento se tiene que rajar de este país. Y, bueno, tiene que tener dinero para hacerlo”. En las mismas declaraciones también afirmó: “Que Néstor y Cristina hayan afanado algunos mangos, y sí, me molesta, pero eso no arruina todo lo que están haciendo”.
La falta de rendición de cuentas es un clásico de los gobiernos populistas. Como dijo el ex defensor del Pueblo argentino, Eduardo Mondino, “para el gobierno nacional los organismos de control son una molestia: tienen el concepto de que cualquier opinión contraria desestabiliza”.
El estado en el que se encontró al Oficina Anticorrupción al final del gobierno kirchnerista demuestra que no cumplía ninguna función. De 95 empleados, solo 8 estaban en plantilla o planta permanente; de ellos, el área de investigaciones contaba con solo 2 contadores (contables); y el área de transparencia –que debía analizar 40.000 declaraciones juradas de funcionarios- con solo un analista contable. El organismo no tenía una mesa de entradas ni una sala de denuncias; el presupuesto fue 140 veces menor que el que se destinó a Fútbol para Todos; solo había tres teléfonos fijos en el área de investigaciones; y la conexión a Internet era tan precaria que colapsaba si la usaban todos los funcionarios.
En un reciente coloquio con los empresarios de IDEA, se presentó una encuesta inquietante: ocho de cada diez argentinos consideraban que el país vivía al margen de la ley y se definía como transgresor o desobediente. Es lo que se conoce como la viveza criolla. El 73% considera que en el país no hay consenso social sobre lo que está bien y está mal. Y el 43% de los argentinos afirma que está dispuesto a ir en contra de la ley si cree que tiene razón.
Frente a este panorama, vale la pena recuperar la declaración de bienes que hizo el ex presidente argentino, Arturo Illia (1963-1966) al abandonar la casa de gobierno tras ser derrocado por un golpe militar: Tres trajes grises, uno negro, dos sacos sport, tres camperas (cazadoras), cuatro pulloveres, 8 camisas de vestir, 4 camisas de manga corta, 10 pares de medias (calcetines), 3 pares de zapatos negros, un par de chinelas, un deshavillé, una salida de baño, 8 juegos de ropa interior, 10 corbatas, 3 pijamas, un par de anteojos negros y un portafolios. Ante el escribano mayor de la Casa de Gobierno declaró que solo conservaba su casa y su consultorio médico, ya que había vendido su automóvil.
