martes 26.05.2020
CRóNICAS DE AMéRICA LATINA | JAVIER M. GONZáLEZ

Acusan de "asesino mediático" al periodista Jorge Lanata

Fue la respuesta del gobierno argentino al último programa televisivo, en el que habló de una misteriosa escala de la presidenta Cristina Fernández en las islas Seychelles

Acusan de "asesino mediático" al periodista Jorge Lanata

@jgonzalezok | El último programa televisivo del periodista Jorge Lanata, PPT, Periodismo Para Todos, en el que habló de una misteriosa escala de la presidente en las islas Seychelles, ha disparado una ofensiva del gobierno para desmentir las informaciones y desprestigiar al periodista, que tiene los mayores índices de audiencia en la televisión, con su programa dominical en canal 13, y también es líder con su programa diario en radio Mitre, ambos del Grupo Clarín.

El pasado mes de enero, la presidente, Cristina Fernández, hizo una gira internacional que empezó en La Habana y que después incluyó tres países asiáticos: Emiratos Árabes Unidos, Indonesia y Vietnam. El regreso a Buenos Aires incluyó una escala en las islas Seychelles, donde pasó los días 21 y 22 de enero, que no fue cubierta por la prensa y que se mantuvo secreta durante varias semanas.

Las Seychelles, además de ser un paraíso natural, es un paraíso fiscal en el que tiene su sede una empresa ligada a Lázaro Báez, el amigo y socio de los Kirchner acusado de lavado de dinero. Aunque el Boletín Oficial del Estado informó que la mandataria estuvo dos días en las islas –la información se publicó recién el 13 de marzo, 8 semanas después del viaje-, el gobierno sostiene ahora que la escala fue de solo 13 horas y media y que tuvo un carácter técnico, para que descansaran los pilotos.

El programa de Lanata informó que una empresa llamada Aldyne tiene su sede en estas islas. Aldyne sería, en realidad, una sociedad de 148 empresas, entre las que figura una que compró una financiera en Buenos Aires conocida como La Rosadita, relacionada con el empresario Báez y que habría servido para lavar millones de euros y dólares, producto de la corrupción.

El diputado Gerardo Milman (GEN), que fue quien alertó de la polémica escala en Seychelles en una sesión parlamentaria en la que se discutía la ley de blanqueo, recordó que Aldyne fue creada en 2004, siendo presidente Néstor Kirchner, y que la firma tiene relación con el desvío de fondos vinculados a su gobierno. Y esbozó una explicación sobre la presencia de la mandataria en Victoria, capital del paraíso fiscal: “quizás el motivo haya sido tener que firmar alguna documentación o algo sucesorio”.

Margarita Stolbitzer, candidata a diputada nacional del Frente Amplio Progresista, dijo por su parte que la escala en las islas no tiene explicación y que el secretismo con el que se llevó a cabo el viaje “termina sembrando un manto de dudas y sospechas razonables”, tratándose de un paraíso fiscal. 

En el programa también se presentaron documentos que probarían que el fallecido ex presidente Néstor Kirchner había montado una empresa fantasma en Irlanda del Norte, aprovechando ciertas facilidades fiscales, mientras ejercía la primera magistratura. No se pudo establecer para qué sirvió, pero la empresa no fue consignada en ninguna de las declaraciones juradas del ex presidente.

Todo esto llevó al gobierno a una reacción que comenzó cuando el programa estaba todavía al aire. Y que continuó en las horas siguientes, con declaraciones del Secretario General de la Presidencia, Oscar Parrilli, en las que acusó a Lanata de sicario y asesino mediático. Afirmó que el programa no era una denuncia periodística, sino una infamia. “Clarín viene amenazando desde hace años a la democracia”, afirmó también Parrilli, que aseguró que la escala en Seychelles había sido decidida por la Casa Militar y la empresa inglesa que operaba el avión.

En el transcurso de la emisión del programa, un tuit de la cuenta oficial de la Casa Rosada [email protected] afirmaba: “el living de canal 13, defendiendo al gordo chanta que les vende un buzón, son de terror”. El mensaje fue borrado poco después, pero seguirían otros por la misma vía, igualmente descalificadotes. La propia presidente usó su cuenta en Facebook para señalar que se trataba de una “operación evidente y explícita”, que buscaría atacar la memoria de Kirchner.

Desde que comenzó esta temporada, el programa Periodismo Para Todos viene tratando de demostrar la existencia de un esquema de corrupción que involucra a la familia presidencial y a una serie de empresarios amigos. Este tema y otros actos de corrupción, junto con la inflación, la inseguridad o el cepo al dólar han influido en las elecciones primarias del pasado 11 de agosto, en las que el gobierno sufrió un batacazo.

El ataque contra Clarín también tiene lugar en vísperas de la audiencia pública convocada por la Corte Suprema de Justicia, que el próximo día 28 escuchará a representantes del gobierno, de la empresa y diversas ONG sobre la constitucionalidad de cuatro artículos de la Ley de Medios. Un tema que ha vuelto a ocupar un lugar privilegiado en la agenda del gobierno, que achacó a los medios opositores –medios concentrados, según el lenguaje oficial- de ser los culpables de la derrota electoral.

Para la presidente, los medios opositores confunden a la gente con titulares y tapas (portadas) críticas a su gestión. Sin embargo estos medios, tanto radio, como televisión y prensa escrita, son los más seguidos por los ciudadanos. Clarín y La Nación, por ejemplo, tienen tiradas incomparablemente más importantes que los oficialistas Página 12 o Tiempo Argentino. El programa televisivo de Lanata viene ganando en audiencia a pesar de ser un día poco habitual para un periodístico y tener que competir con el principal partido de fútbol de la jornada, cuyo horario fue cambiado para tratar de quitarle audiencia. Y Radio Mitre, del Grupo Clarín, barre en audiencia en todos los horarios, sobre todo después de que su competidora, Radio 10, fuera adquirida por un empresario amigo del gobierno.

Ante el revés electoral, la batalla contra el Grupo Clarín se va intensificar. Ya el pasado 4 de julio Guillermo Moreno, secretario de Comercio Interior –y principal impulsor de muchas de las políticas del gobierno- le gritó a periodistas del grupo que asistían a una recepción en la embajada de los EEUU: “tienen las manos manchadas con sangre”. Y a la espera de lo que decida la Corte Suprema sobre la Ley de Medios, la presión se intensifica también sobre la Justicia.

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