El PSOE en el Ayuntamiento de Madrid ha exigido al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que acate las sentencias que anulan el acuerdo por el que se retiraron las calles de Indalecio Prieto y Francisco Largo Caballero y la placa del que fuera presidente de la República por no considerarlo ajustado a derecho.
En el pleno de Cibeles celebrado este martes, el concejal socialista Ramón Silva, ha reclamado al equipo de gobierno que cumpla y deje de recurrir las resoluciones judiciales tras conocerse la tercera sentencia que da la razón a la Fundación Largo Caballero y vuelve a declarar la nulidad de la decisión adoptada en septiembre de 2020 por el gobierno municipal y que contó con el apoyo del PP, Vox y C's.
TRIPLE ANULACIÓN DE LA JUSTICIA
“Hoy ya son tres las sentencias que anulan ese acuerdo del pleno” y que afirman que Largo Caballero "no se sublevó contra la República ni apoyó el golpe de Estado", ha dicho silva. El concejal socialista ha defendido la figura del histórico dirigente que "fue un presidente legítimo” y que además sufrió persecución y exilio.
"Prefieren hablar de Caballero y de Indalecio Prieto para no hablar de Fraga Iribarne, que daba el visto bueno a los fusilamientos franquistas. Ustedes siembran insultos y calumnias sobre los fundadores del PSOE. Su fundador era un franquista", ha dicho Silva en alusión al fundador del PP.
EJECUTAR UNA DAMNATIO MEMORIAE
La tercera sentencia, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 15 de Madrid, destaca la "abundante prueba" que aporta la Fundación Largo Caballero y que desmonta el argumentario de la derecha concluyendo "que ni Francisco Largo Caballero ni Indalecio Prieto se sublevaron contra la República, ni apoyaron ni exaltaron el golpe de Estado perpetrado por militares rebeldes en julio de 1936, ni la Guerra Civil que provocó el golpe de Estado, ni la Dictadura franquista, de la que fueron víctimas, siendo perseguidos y muriendo en el exilio”.
El auto también resalta “la incongruencia que encierra querer ejecutar una damnatio memoriae sobre figuras políticas que, precisamente, se distinguieron por su oposición a la sublevación militar, por la defensa de la legalidad en la guerra civil que ésta provocó, y por ser víctimas (en tanto que perseguidos y exiliados) de la Dictadura resultante”.
El julio pasado, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 30 de Madrid estimó el recurso de UGT y declaró nulo el acuerdo del Ayuntamiento obligándole a reconstruir la placa conmemorativa de Largo Caballero.
A esta primera sentencia se sumó en octubre la segunda que daba la razón al PSOE volviendo a dejar sin efecto la decisión de retirada de las calles y la placa. Ambas han sido recurridas por el equipo jurídico del Ayuntamiento de Madrid.
Finalmente, el pasado viernes, se conocía la tercera. Todas ellas coinciden en señalar que no se puede aplicar el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica a ambos dirigentes tal y como ha venido argumentando el PP y Vox.
También se hacen eco del informe pericial aportado encabezado por el catedrático de Historia de la Universidad Complutense de Madrid, Don José Álvarez Junco, al que se adhirieron más de trescientas personalidades del ámbito académico y científico de la disciplina historiográfica, tanto de España como del ámbito internacional.
