Por fin se ha producido la renovación del Tribunal Constitucional, una vez desbloqueado el dilatado proceso de nombramiento de los dos miembros que correspondían al Consejo General del Poder Judicial, ya que los dos provenientes de la propuesta del gobierno habían sido elegidos previamente en tiempo y forma.
El argumento, elaborado a posteriori, de una supuesta politización del órgano de garantías debido al perfil político de los nombramientos del gobierno no se sostiene, fundamentalmente debido a la naturaleza de legislador negativo del Tribunal Constitucional, a diferencia del poder judicial, que en consecuencia debe reflejar el pluralismo político, pero tampoco si nos atenemos a los precedentes en los nombramientos, también políticos, de otros gobiernos de distinto signo.
Una elección que finalmente ha tenido que ser conjunta, debido a la negativa del presidente a realizar la convocatoria para la ratificación de los ya nombrados por el gobierno, al margen de la jurisprudencia establecida por el propio Tribunal Constitucional en los años ochenta en un caso similar.
La reivindicación del papel del Tribunal Constitucional, realizada por el presidente saliente Pedro González Trevijano en su discurso de despedida supone un monumento al cinismo
Todo ello en el marco de una estrategia coordinada de bloqueo de la renovación, tanto por parte de la mayoría conservadora del Consejo General como asimismo de la mayoría del propio Tribunal Constitucional, que incluso ha llegado a rebasar el límite de la injerencia en el poder legislativo con el único objetivo de primero paralizar y luego condicionar la obligada renovación establecida en la Constitución, renovación en la que algunos de ellos estaban incursos.
En este sentido, la reivindicación del papel del Tribunal Constitucional, realizada por el presidente saliente Pedro González Trevijano en su discurso institucional de despedida supone un monumento al cinismo, ya que contrasta totalmente con lo que ha sido el funcionamiento y la dirección del órgano de garantías constitucionales a lo largo de casi una década de mayoría conservadora que ahora termina.
Dicho funcionamiento ha estado presidido por una dinámica de imposición de la mayoría sobre la minoría, la polarización interna y los vetos personales, que ha dañado gravemente su prestigio en su tarea de máximo intérprete de la Constitución y en la garantía de los derechos fundamentales, las libertades públicas y la supremacía de la Constitución.
No va a ser tarea fácil recuperar el clima de consenso interno y el prestigio del Tribunal Constitucional
Una muestra dramática de ello han sido las sucesivas declaraciones de inconstitucionalidad de la limitación de la movilidad del estado de alarma y de la breve interrupción del registro del Congreso, decididas en el marco de sus atribuciones por parte del gobierno y el parlamento con el objetivo de hacer frente a la amenaza para la vida y la salud de los ciudadanos debida a la pandemia de la covid19. Sentencias impuestas por parte de la mayoría conservadora del tribunal a instancias del negacionismo de la ultraderecha. Unas declaraciones de inconstitucionalidad sin parangón en el ámbito europeo e internacional y que retratan a una mayoría que ha pretendido instrumentalizar el alto tribunal para ejercer de oposición política al gobierno así como de tercera cámara frente al Parlamento.
Hace unos meses, después de la última renovación parcial pactada entre los grupos parlamentarios, parecía que dicha deriva iba rectificarse en la línea de recuperación de la cultura del consenso y la autocontención propias de un tribunal de garantías constitucionales, sin embargo, ha saltado por los aires con la enmienda a la proposición de ley que pretendía superar el veto a la renovación por parte de una mayoría conservadora espuria, tanto en el CGPJ como en el propio Tribunal Constitucional, frente a la que la mayoría conservadora ha impuesto su rodillo, recreando con ello un hoy inexistente recurso previo de inconstitucionalidad, para así ejercer una suerte derecho de veto no contemplado en la Constitución.
En definitiva, no va a ser tarea fácil recuperar el clima de consenso interno y el prestigio del Tribunal Constitucional, y no solo por la importancia y el número de recursos cuya resolución que ha quedado pendiente en el último periodo, sino sobre todo debido a la estrategia populista de la oposición de judicialización de la vida política al rebufo de la ultraderecha.
La primera decisión orgánica será el nombramiento al frente de la presidencia del Tribunal Constitucional. La derecha política, judicial y mediática pretenden una victoria pírrica con la división en la mayoría progresista. Al TC le basta con iniciar el camino de su recuperación.
