sábado 16/10/21
TRIBUNA DE OPINIÓN

Una sensación de escandalosa impunidad

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Foto de archivo EFE

"Si la justicia existe, tiene que ser para todos; nadie puede quedar excluido, de lo contrario ya no sería justicia". Paul Auster


Acaba de conocerse que la fiscalía piensa archivar la investigación sobre el rey emérito y que como consecuencia éste ya se plantea volver a España, si bien no de forma permanente, sino tan solo de visita, para así no entorpecer la labor de su hijo, el actual rey Felipe VI. Todo lo cual se anuncia paradójicamente en el momento en que no solo no se ha terminado de aclarar el contenido de la investigación de la Agencia Tributaria y de las fiscalías española y suiza, sino que, por el contrario, cada día que pasa arrecian las informaciones sobre las comisiones recibidas y sus turbios manejos fiscales para ocultarlas.

Sorprende aún más este anuncio de archivo provisional de las actuaciones de la fiscalía sobre el rey emérito, cuando hace poco un mes conocíamos por una filtración a los medios de comunicación, la demoledora calificación del monarca como supuesto comisionista internacional en una comisión rogatoria de la fiscalía del Tribunal Supremo español ante la fiscalía helvética, todo a partir de sólidos indicios de supuestos delictivos graves como blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias, realizados de forma continuada por el rey emérito aprovechándose de las relaciones e influencias derivadas de su alta representación institucional de la jefatura del Estado.

Una filtración que entonces provocó inmediatamente un duro comunicado de sus abogados, sin otro precedente que el anuncio de la voluntad del emérito de comparecer 'en su caso' ante la justicia española en una carta publicada después de su tan inesperada como rocambolesca salida del país a un destino desconocido. Todo ello, en vez de quedarse en su país España y de dar la cara con una explicación convincente a sus compatriotas, aparte de la obligada disponibilidad y colaboración con la justicia.

Más allá del descrédito de la monarquía, de la fiscalía y del Tribunal Supremo, el archivo supone un injusto descrédito para la democracia española

Así, los papeles de Pandora, como ya ocurriera antes con los papales de Panamá y los nombres de su hermana Pilar y de Corina, han vuelto a poner encima de la mesa la insolidaridad fiscal y el patriotismo de papel de don Juan Carlos y en general de los más ricos y poderosos del planeta, así como la relación mutuamente necesaria entre la economía regular y la irregular, junto a la lastimosa endeblez de la lucha de los gobiernos, de la Unión Europea y de los organismos internacionales contra los delitos de cuello blanco, en especial frente al fraude, la evasión fiscal y el blanqueo de capitales. En este sentido, el mensaje enviado por el Consejo de los ministros de economía de los países europeos, recortando la ya exigua lista de los paraísos fiscales, precisamente en este momento de escándalo social y en plena salida de la pandemia, no ha podido ser más inoportuna e inconsecuente. Tampoco los mensajes de los respectivos ministerios de hacienda de buena parte de los países afectados por la evasión fiscal, incluida España, han sido lo contundentes que exigiría la enorme magnitud del problema para las arcas públicas y para el sostenimiento de las políticas y los servicios públicos, justo en en momento en que la pandemia ha mostrado sus flancos más débiles y la consiguiente necesidad del fortalecimiento de las mismas como requisito imprescindible para la recuperación económica y social.

De hecho, el coste para la economía mundial de los paraísos fiscales es de cientos de miles de millones de dólares, lo mismo que para la economía europea cuyos paraísos fiscales asociados estarían detrás de casi el cincuenta por ciento de estas pérdidas millonarias de recaudación. En España, el agujero sería de unos 3.700 millones de euros, equivalentes al 1,52% de los ingresos fiscales totales y al 5% del gasto en salud. Sin embargo, el conjunto del fraude, evasión y la elusión fiscal se elevaría a más de sesenta mil millones de euros anuales, la gran mayoría de ellos ocultados por las grandes empresas y las grandes fortunas.

En este último informe de investigación periodística internacional denominado como los Papeles de Pandora, se han conocido nuevos datos relación al rey emérito, su participación en la herencia de Corina Larsen y de alguno de sus testaferros más conocidos como Krause, relativos a cuentas y depósitos en paraísos fiscales. En este sentido resulta sorprendente y escandaloso que en este contexto se anuncie por parte de la fiscalía del tribunal Supremo el futuro sobreseimiento de la causa, al parecer en base a circunstancias ya conocidas como la inviolabilidad durante su reinado, interpretada de forma extensiva como patente de corso, la prescripción alguno, aunque no de todos, los posibles delitos y las regularizaciones hasta ahora realizadas con respecto a sus actividades no declaradas en los años posteriores a su reinado y por tanto no amparadas por la inviolabilidad, entre las que se encuentran las comisiones del Ave a La Meca, la fortuna supuestamente oculta en Jersey y el uso de tarjetas de crédito al margen del fisco.

En definitiva, cabría interpretar entonces que esta es la magra conclusión de dos años de investigación: el cierre en falso de las investigaciones debido cuando menos al miedo reverencial o a la culpa complaciente en la relación entre agencia Tributaria, la fiscalía y el anterior Jefe del Estado. El miedo como reverencia a la monarquía para convertir la comunicación de la fiscalía sobre la investigación de sus últimas declaraciones en un vago formulismo, sin exigencia por tanto de respuesta ni tampoco de apertura de juicio, y la culpa a modo de actitud complaciente de la fiscalía y de la agencia Tributaria para así facilitar una regularización a la carta eludiendo cualquier responsabilidad penal, lo que de ser así echaría por tierra tanto lo de que 'hacienda somos todos' como que 'todos somos iguales ante la ley'. Al final, no todos y unos más iguales que otros.

La paradoja en que ya se haya producido el juicio público y la condena social, mediática e incluso de la propia Casa Real al ostracismo por hechos tan reprobables, sin embargo todo esto lo sea en abierto contraste con la finalmente más que probable impunidad judicial. Ni siquiera con el reproche formal de la apertura y el juicio realizado en su momento a la infanta Cristina. Algo que en primer lugar afecta a la credibilidad de la institución monárquica y a su carácter de primus Inter pares dentro de una democracia parlamentaria. Porque no hay punto y aparte con respecto al reinado de Juan Carlos I si además de nuevo rey no existe reproche judicial de las conductas pasadas y a la vez con respecto al presente la aprobación de un nuevo estatuto que límite la inviolabilidad a lo estrictamente derivado del cargo e instituya de una vez por todas que el patrimonio y los intereses del rey  y de la familia real son públicos.

Pero además, si finalmente se archiva la investigación, el daño a la fiscalía y a la justicia será incalculable, porque además llueve sobre mojado, especialmente en el caso de la fiscalía y del Tribunal Supremo. Todo ello empañaría el más que honroso papel en general de la justicia española en la lucha frente a la corrupción.

Más allá del descrédito de la monarquía, de la fiscalía y del Tribunal Supremo, el archivo supone un injusto descrédito para la democracia española, con una justicia que no logra enfrentarse a sus fantasmas, ni a la dictadura franquista en favor de sus víctimas ni tampoco con respecto a la más reciente de la corrupción institucionalizada del rey Juan Carlos y sus cómplices, sin negar por ello su contribución ni la Transición Democrática.

Una sensación de escandalosa impunidad