La desmesurada evasión fiscal vuelve a situarse en el foco público y mediático, después de que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) haya destapado los archivos secretos de 14 despachos de abogados que desvelan sociedades opacas de políticos, millonarios y artistas. Son los llamados ‘Papeles de Pandora’, que además de revelar las carencias de la Agencia Tributaria, ponen de manifiesto la necesidad de pasar a la acción e implantar nuevas prácticas en España.
En este contexto, la AEAT debería permitir a los técnicos de Hacienda iniciar inmediatamente la investigación de las personas aludidas en estos papeles para liquidar actas o, en su caso, presentar las denuncias por los posibles delitos fiscales cometidos.
Cabe recordar que las medidas de los sucesivos planes especiales, leyes antifraude y medidas para el control de los gastos públicos de los últimos 30 años no han contado con medidas organizativas de medios personales con los que cuenta la AEAT, la IGAE y otros centros directivos del Ministerio de Hacienda para aumentar la eficacia y la eficiencia del servicio público que desempeña el Ministerio.
España adolece de un 65% de economía sumergida más que la media europea
Según el último informe del FMI, la tasa sumergida promediada entre 1991 y 2015 en España fue del 24,52%, frente al 16,01% de la media ponderada sumergida en la UE-28, y al 16,6% de la media ponderada sumergida en la Euro Zona a 19. Es decir, España adolece de un 65% de economía sumergida más que la media europea, ocupando la sexta posición en el ranking de mayor economía sumergida de los 19 países de la Zona Euro.
Frente a este impasse, en el horizonte a largo plazo, el documento “España 2050” prevé reducir esa tasa sumergida al 10% para estar en la media de los ocho países de la UE tomados como referentes en ese documento elaborado por expertos, y presentado por el presidente del Gobierno.
Por ello, el Gobierno debería cumplir las dos medidas aprobadas en la ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal de julio, la estimación de la economía sumergida y el aumento gradual de las plantillas en el Ministerio entre 15.000 y 17.500 nuevos efectivos hasta equipararlas en 2027 a la media europea.
Asimismo, convendría reforzar la colaboración entre administraciones tributarias, su transparencia e incrementar la prescripción tributaria a 5 y 10 años para equipararla a la prescripción de los delitos fiscales y delitos fiscales agravados, así como concretar la baja tributación para considerar una jurisdicción no cooperante, que Gestha sitúa en el mínimo del 15% que se está consensuando a nivel global.
No es la primera vez que sugerimos fortalecer la investigación tributaria en los delitos fiscales y fraudes más abultados para cerrar el agujero por el que escapan 38.000 millones de euros –un importe equivalente a la mitad de los Fondos Next Generation UE no reembolsables- debido al mayor diferencial de la economía sumergida en España respecto a la media europea, reducir los 41.911 millones de deudas tributarias pendientes en 2020, y evitar el desplome del 82% en las denuncias a la Fiscalía de delitos fiscales y del 72% en las cuotas delictivas descubiertas, básicamente por la actual limitación de las competencias de los técnicos.
Por estas razones, una vez más, reiteramos la importancia de crear un Cuerpo Superior Técnico de Hacienda, que acabe definitivamente con dicha limitación de competencias.
Carlos Cruzado, presidente de los Técnicos de Hacienda (GESTHA)
