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Hace unos días Mariló Montero, persona de gran cultura y aventajada discípula de La Pasionaria, se alzó con el prestigioso galardón que otorga el concurso pseudo-gastronómico Master Chef, un programa dirigido por tres miembros de la Joven Guardia Roja que muestran en cada edición su alto aprecio por los valores democráticos. Montero no sabía cocinar o no lo hacía con soltura hasta llegar al célebre espacio, sin embargo, la televisión comunistoide de Pedro Sánchez le dio la oportunidad de aprender y demostrar su valía personal en el mundo de los fogones. Montero es muy aficionada al oficio de matar toros y durante años estuvo al mando del programa mañanero de la primera cadena de RTVE, cuando todavía no era marxista, dejando entonces evidencia de sus inclinaciones políticas indisimuladas y de un escaso seguimiento del respetable. El triunfo de Montero en el programita, sin desmerecer sus méritos, fue una premonición de lo que vendría después siguiendo las órdenes de Su Aznaridad de “quien pueda hacer que haga”, consigna lanzada por el hombre que llevó a España a la ruina de la crisis financiero-inmobiliaria de 2008, todo un ejemplo para los conservadores y los ultras españoles.
Lo sucedido con el fiscal marca un antes y un después, siembra muy serias dudas sobre la fiabilidad del Estado de Derecho y es un pistoletazo de salida que indica que la veda se ha abierto
Como era previsible después de su procesamiento, el Fiscal General del Estado ha sido condenado por los jueces que son juez y parte. Del mismo modo que los tres presentadores de Master Chef hicieron lo que pudieron dando un galardón a Mariló Montero, los jueces del Tribunal Supremo han hecho lo que han podido premiando a Isabel Díaz Ayuso y a su compañero a expensas del Fiscal, de un jurista de una trayectoria impecable en la defensa de los derechos constitucionales de todos los ciudadanos. Pese a ser una condena presumible, a los magistrados les ha podido la ansiedad, la prisa, el agobio por demostrar sus lealtades, ni siquiera han tenido templanza para redactar los fundamentos jurídicos y factuales de la sentencia, comunicando al público el día en que se cumplía el cincuenta aniversario de la muerte del tirano la culpabilidad del encausado. Mucha prisa para animar la celebración, para darnos a entender a todos el peligro que corremos si no somos sumisos y genuflexos, si nos atrevemos a criticar a quienes de verdad mandan. Con su sentencia parcial y comprometida con el mensaje de Aznar, los jueces del Supremo han dejado claro que también condenarán a la mujer y al hermano del Presidente Sánchez y que harán todo lo posible para que éste dé con sus huesos en prisión por haberse salido del guión establecido.
No es conveniente ni justo hablar de acontecimientos históricos únicos o máximos como a menudo hace Feijóo. La historia es algo mucho más serio, sobre todo en un país en el que sigue habiendo seguidores del dictador Francisco Franco, sin duda el español que más españoles ha matado en toda nuestra historia, pero lo sucedido en el juicio contra el Fiscal General marca un antes y un después, siembra muy serias dudas sobre la fiabilidad de nuestro Estado de Derecho y es un pistoletazo de salida que indica que la veda se ha abierto, que una parte sustancial de la justicia ha tomado partido y está dispuesta a hacer todo lo posible para derrocar a un gobierno legítimo y forzar la llegada de otro acorde con sus ideas e intereses. Jueces y magistrados son los encargados de impartir justicia en España según el ordenamiento constitucional y las leyes que lo desarrollan, empero, cuando anteponen su ideología y sus interese al bien común, a la búsqueda de la verdad, la justicia deja de serlo para convertirse en instrumento de una facción política, que en este caso no es otra que la derecha y la ultraderecha nacional.
Quizá ande equivocado y mi memoria no sea tan fiable como yo quisiera, pero si hay algo que ha caracterizado a la justicia española durante las últimas décadas han sido las filtraciones. Se decretaba el secreto del sumario de tal o cual causa y parecía que lo que habían hecho sus señorías era dar órdenes para que de inmediato saliesen en la prensa los pormenores del sumario en cuestión. Es raro, rarísimo, que alguna vez se respetase ese secreto, pero más raro todavía que el juez o magistrado ordenante abriese investigación para saber de qué parte de su juzgado o de los implicados había salido la filtración. Era como una tradición que se daba por buena. Sin embargo, llegó el caso del Fiscal General, Miguel Ángel Rodríguez y Ayuso, y los altos magistrados de la derecha rancia española decidieron poner en marcha la maquinaria inflexible de la parcialidad. De nada sirvieron las declaraciones de los periodistas que aseguraron que habían recibido informaciones sobre la cuestión días antes que la Fiscalía, de nada que no hubiese ni una sola prueba concluyente, de nada tampoco que la UCO sólo investigara a una persona, el fiscal, de entre las decenas que pudieron tener acceso al mensaje. La decisión estaba tomada y había que sacarla a la luz con la máxima celeridad, en una fecha de especial significado para los reaccionarios, la de la muerte del dictador. Crónica de una sentencia anunciada que abre un interrogante absolutamente terrible, si han hecho esto con el Fiscal General del Estado, si están a punto de hacerlo también con la familia del presidente del Gobierno, ¿qué no podrían hacer con un periodista, un activista, un manifestante, un disidente, un denunciante o un indignado?
El 20N los magistrados del TS dieron un paso decisivo para diezmar a sabiendas al Gobierno, pero no sólo eso, también nos advirtieron a todos de lo que inexorablemente vendrá
El 20 de noviembre de 2025, los magistrados del Tribunal Supremo que juzgaron y condenaron a Álvaro García Ortiz, dieron un paso decisivo para diezmar a sabiendas al Gobierno constitucional, pero no sólo eso, también nos advirtieron a todos de lo que inexorablemente vendrá: Un gobierno autoritario y de clase dispuesto a acabar con todos los avances conseguidos durante los últimos cuarenta y cinco años, un estado de indefensión jurídica, un estado de clase y privilegio en el que la disidencia será severamente castigada. No es el acusado quien tiene que demostrar su inocencia, no se puede condenar a nadie basándose en conjeturas, sospechas o bulos, tampoco si hay dudas razonables o porque lo diga Miguel Ángel Rodríguez o José María Aznar, cuando esto sucede es que quienes aplican la ley han tomado partido y están en peligro todos aquellos que no piensen como ellos.
