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domingo. 26.06.2022
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La reforma laboral, aprobada el pasado 28 de diciembre mediante Real Decreto-ley firmado por el Ejecutivo, tras la prolongada negociación y el acuerdo tripartito entre el Gobierno, las organizaciones sindicales (CCOO y UGT) y las organizaciones empresariales (CEOE y Cepyme), se somete el próximo día 3 de febrero al Congreso de los Diputados para su convalidación.

El contenido y su valoración está sometido a un fuerte debate, en particular sobre su impacto positivo en el mercado de trabajo y las relaciones laborales. Pero, sobre todo, esa mirada sustantiva se entrecruza con su significado político e institucional en este contexto.

Las opciones se están redefiniendo para dar respuesta a un problema socioeconómico y político fundamental como la precariedad laboral y social, abordar esta etapa con el refuerzo (o no) del acuerdo de coalición e investidura, encarar el próximo ciclo electoral con éxito frente a las derechas y garantizar la continuidad de una nueva legislatura de progreso y un proyecto de país más justo y democrático o bien apuntar al deseado (por algunos) reequilibrio centrista.  

Un avance significativo, pactado con la patronal

Esta reforma laboral, aunque limitada, es un avance significativo (no cosmético) para los derechos laborales. Sus medidas se pueden clasificar en tres campos. 1) Mejora las relaciones contractuales de las representaciones sindicales en la negociación colectiva con beneficios para la gente trabajadora y menor subordinación al poder empresarial, particularmente en las pymes: ultraactividad del convenio colectivo, convenios sectoriales para evitar la mayor indefensión respecto de la devaluación salarial en las empresas, mayor capacidad e influencia de la representación sindical… 2) Avance en los derechos y condiciones sociolaborales, particularmente en los sectores más vulnerables ante la contratación precaria (jóvenes, mujeres…) con reducción de la temporalidad e incremento de la inspección de trabajo. 3) Mejor regulación de la flexibilidad interna -ERTES- para frenar la externa -despidos- y evitar la destrucción de tejido productivo y mayor desempleo. 

Ninguna medida tiene un carácter regresivo para la gente trabajadora, a diferencia de prácticamente todas las reformas laborales en estas cuatro décadas y, especialmente, la de 2012 del Gobierno del Partido Popular y las otras tres grandes reformas estructurales. Por tanto, la valoración sustantiva debe ser positiva: es una mejora para la mayoría popular y sus derechos laborales y sindicales. 

Aquí ya se desgaja otra valoración, la del PP y VOX que la consideran negativa, de acuerdo con el intento de legitimar su gestión regresiva de la crisis anterior y su oposición visceral a la coalición gubernamental. En dos artículos recientes, “La oposición social a la reforma laboral del PP” y “Hacia el giro sociolaboral”, explico el proceso de oposición social y sindical a aquella reforma de 2012, que ahora se derogaría parcialmente. No me detengo en ello. 

El diálogo social es positivo, pero para las fuerzas progresistas los acuerdos tripartitos lo son en la medida que facilitan avances progresivos y no se utilizan como chantaje para evitarlos

Solo señalo los propios motivos de la mayoría de la patronal para apoyar esta modificación legislativa: limitar su alcance transformador, acceder mejor a los cuantiosos fondos europeos y de inversión pública, frenar una reforma fiscal progresiva, intentar legitimar la continuidad de la dinámica económico-laboral imponiendo su veto en el diálogo social y la necesidad del acuerdo tripartito para sortear otras transformaciones más profundas, evitar mínimamente el extendido abuso y el anticompetitivo fraude empresarial en la contratación y la devaluación salarial, sobre todo en las pymes… 

Según el punto de vista empresarial, se trataría de una pequeña modernización laboral compatible con su aspiración a utilizar todos los recursos normativos y de poder todavía en vigor. Estamos en un tipo de mercado de trabajo con un fuerte desequilibrio a su favor en las relaciones laborales y una gran subordinación de la población asalariada, sobre todo la precaria. El contexto socioeconómico es el de un tejido productivo que necesita un profundo proceso de modernización económica y tecnológica, junto con la garantía de un empleo decente, el refuerzo del Estado de bienestar y la protección pública que constituyen el complemento básico para un proyecto transformador progresivo. 

Así, aunque la botella de la reforma está medio (o un cuarto o tres cuartos) llena, la patronal busca otros beneficios económicos colaterales desconsiderando los motivos políticos del PP y VOX (y apoyándose en Cs). Sobre todo, trata de consolidar la situación actual del mercado de trabajo precarizado impidiendo una trayectoria reformadora complementaria. No solo ahora (‘no cambiar ni una coma’), sino también después; o sea, que sea un techo y la botella no se llene más, tal como desea, al menos, las instituciones europeas y la parte centrista del Partido Socialista, comprometidos con el respeto al veto empresarial. Enfrente está la aspiración de Unidas Podemos y demás fuerzas progresistas para implementar un modelo social y laboral más avanzado y justo, quizá para la siguiente legislatura, incluido un nuevo Estatuto de los Trabajadores (y trabajadoras) más progresivo.

Un matiz más. El diálogo social es positivo, pero para las fuerzas progresistas los acuerdos tripartitos (o transversales con la patronal) lo son en la medida que facilitan avances progresivos y no se utilizan como chantaje para evitarlos. El reciente ejemplo de la subida del SMI, del que se descolgó la patronal y ratificó el Ejecutivo con el apoyo sindical, es otra advertencia para contemplar. En ese sentido el actual pacto, aunque exista el riesgo de mantenerlo como de máximos (techo), es positivo, y no impide considerarlo como de mínimos (suelo) y abordar nuevas reformas reequilibradoras y justas, como senda de progreso hacia un modelo sociolaboral digno. Refleja el actual equilibrio de fuerzas sociales y parlamentarias, incluido el amplio proceso de deslegitimación social contra la reforma del PP y el descontento cívico de fondo frente a la precariedad y la desigualdad social. Su sentido como precedente depende de la voluntad y la relación de fuerzas a conformar.

La reforma debe juzgarse no por lo que falta, según las expectativas de cada cual, sino por lo que realmente cambia, que es sustantivo. Es un cambio de tendencia, aunque la pugna sobre su trayectoria está servida

Una valoración positiva y riesgos del desencuentro

En definitiva, la valoración del contenido sustantivo y el papel progresivos de la reforma laboral debe ser positiva: es un avance significativo en los derechos laborales de la población trabajadora. Tras una década de conflictos sociales, negociación tripartita y reequilibrios políticos e institucionales es lo que ha dado de sí, con la percepción realista de los factores estructurales, relacionales y sociohistóricos que posibilitan la orientación y la dimensión de este cambio. 

Hay que constatar el alcance del paso dado, comparado con las reformas regresivas precedentes, pero no contraponer en el mismo plano valorativo el fundamento crítico basado en su comparación con las expectativas u objetivos de cada parte. Está claro que esta norma, desde el punto de vista del cambio de progreso, se ha dejado cosas en el tintero incluido aspectos recogidos en el acuerdo de coalición, que ya había desechado derogar algunos puntos lesivos como las causas y condiciones del despido, y que ya no aparecía en el programa de Gobierno apoyado por los socios de investidura. 

La gobernabilidad de progreso necesita cuidados y reafirmación permanente y lo que es más importante, un compromiso y confianza en una estrategia compartida sobre los temas de fondo; todo lo contrario a la geometría variable o las inclinaciones centristas que a cada paso florecen en el entorno socialista y las excesivas suspicacias nacionalistas, bases de la desconfianza y la fragilidad de estas alianzas. 

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Se han visto las constricciones estructurales y de poder y el marco preferente para la parte socialista: consenso con la patronal, adecuación al plan de la UE, desconsideración hacia el nacionalismo periférico, intento de giro centrista... Pero lo que se convalida es un paso positivo, no el conjunto de la situación del mercado de trabajo y de la normativa laboral. Habrá que abordarlos en otra fase en la que se mejore la correlación de fuerzas progresistas, también en el seno del Gobierno y con la presión cívica y sindical para promover reformas más ambiciosas. 

La reforma debe juzgarse no por lo que falta, según las expectativas de cada cual, sino por lo que realmente cambia, que es sustantivo. Es un cambio de tendencia, aunque la pugna sobre su trayectoria está servida. Para unos es un techo y se intenta legitimar y consolidar lo existente; para otros es un inicio para modificar todo. Todas las partes tienen objetivos contradictorios que se dirimirán con otros equilibrios de fuerzas sociales y parlamentarias: consolidar lo existente o avanzar en una trayectoria transformadora. Pero ahí es donde hay que superar cierta ambigüedad estratégica socialista y definir mejor el proyecto de país, particularmente para la siguiente legislatura y lo que queda de ésta, en concreto el modelo social y laboral (y territorial) y las alianzas progresistas necesarias. 

El riesgo es evidente en el caso de no salir adelante el cambio legislativo: un bloqueo en la precariedad e indefensión de la población trabajadora, un fiasco importante para el Gobierno progresista de coalición, una ruptura de las perspectivas de alianzas y el proyecto de progreso, mayores privilegios empresariales y una ventaja política para las derechas. La alternativa es aprobar esta reforma laboral positiva y profundizar en una estrategia transformadora y de avance en los laborales y sociales.

Una reforma laboral progresiva