30 líneas de acción prioritaria, 5 de ellas a abordar en los primeros 100 días de Gobierno.
La lucha contra el cambio climático se convierte en acción de gobierno tras la aprobación este martes en Consejo de Ministros de la ‘Declaración ante la Emergencia Climática y Ambiental en España’.
La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, destacó la importancia de esta agenda que responde a la voluntad expresada por una amplísima mayoría del Congreso de los Diputados que, el pasado mes de septiembre, instó al Ejecutivo a declarar la situación de emergencia climática.
De ahí, que la primera de estas 5 medidas de urgencia sea llevar al Parlamento un proyecto de ley “que garantice la obligación de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática a más tardar en 2050”.
Consulte el texto completo de la Declaración aprobada por el Gobierno
Teresa Ribera en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
ALCANZAR LA NEUTRALIDAD CLIMÁTICA EN 2050
Para llegar a ese objetivo, el proyecto ‘de Ley de Cambio Climático y Transición Energética’ prevé la implantación gradual de un sistema eléctrico 100% renovable, un parque de turismos y de vehículos comerciales con emisiones de 0 gramos de CO2 por kilómetro, y un sistema agrario neutro en emisiones de CO2 equivalente, y un sistema fiscal, presupuestario y financiero compatibles con la necesaria descarbonización de la economía y de la sociedad.
Integrando la perspectiva de género, la ley también incluirá medidas específicas que impulsen la creación de empleo de calidad, la mejora de la salud y calidad de vida de la ciudadanía.
El Ejecutivo también se compromete a lograr el objetivo de “neutralidad climática” y la total descarbonización a más tardar en 2050 e impulsar la participación ciudadana con la ‘Asamblea Ciudadana del Cambio Climático’, cuya composición contará con el mismo número de mujeres que de hombres e incluirá la participación de los jóvenes.
Entre el resto de líneas prioritarias que marcarán la acción transversal de la administración pública figuran medidas económicas, de consumo, de movilidad, de vivienda, de cooperación internacional, de educación o de salud, como por ejemplo, aprobar un Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad antes de que acabe el año y a poner en marcha un Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente.
Asimismo, el Ejecutivo se compromete a actuar frente a la pobreza energética, asegurar la transformación del sector financiero público y privado para garantizar su viabilidad y la estabilidad del sistema a través de un Plan Nacional de Acción de Finanzas Sostenibles y un programa de emisión de bonos verdes por parte del Tesoro Público. También se fomentará la coherencia de las inversiones públicas con los objetivos del Acuerdo de París, además de integrar la variable del cambio climático en la política fiscal.
En este sentido, el acuerdo marca como línea de acción no otorgar nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil y se analizarán los vigentes, salvo casos justificados por razones sociales o tecnológicas.
En esta misma línea, no se autorizarán nuevas solicitudes de exploración, permisos de investigación o concesiones de explotación de hidrocarburos, ni para las actividades de fracking.
La Declaración recoge la necesidad de adoptar la Estrategia de Economía Circular y una Ley de Residuos que aborde el problema de los plásticos de un solo uso, para alcanzar “residuo cero” en el horizonte 2050. También la adopción de una Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Público, así como medidas para que los municipios de más de 50.000 habitantes establezcan zonas de bajas emisiones de manera urgente.
Además, antes de 2021, se presentará la Estrategia de Turismo Sostenible de España 2030 para aumentar la resiliencia del sector a los efectos del cambio climático. También se establece el objetivo de alcanzar el 30% de superficie marina protegida en 2030.
La declaración de Emergencia Climática ya fue adoptada por el Parlamento Europeo el pasado mes de noviembre, al igual que numerosos municipios como Sevilla, Barcelona o Madrid.
