La Plataforma por la Justicia Fiscal este ejercicio de los PGE 2022 quiere incidir en el desarrollo efectivo de los Presupuestos, en concreto en los ingresos, y ha presentado dos propuestas de enmiendas a los diferentes grupos parlamentarios.
Propone afinar dos apartados, en principio aprobados en las leyes ya existentes, para, en el caso de la primera propuesta, limitar el daño a la hacienda pública por el abuso de algunos contribuyentes de ingenierías fiscales, elusión fiscal, etc., con la petición de actualizar la lista de jurisdicciones de baja tributación; y en el caso de la segunda, dibujar un cronograma que haga más verosímil el cumplimiento del aumento de plantilla del personal de inspección tributaria, aprobado en la ley contra el fraude.
Jurisdicciones no cooperativas o de baja tributación
Ha habido un acuerdo de los Gobiernos del G7 y G20 que establece un tipo mínimo del Impuesto sobre sociedades del 15%. Se está pendiente de su desarrollo normativo mediante una Directiva Europea que fije qué base imponible y qué tamaño de empresa se verán afectados. En ese marco, la Unión Europea revisó su lista de paraísos fiscales externos, eliminando de la misma a varias jurisdicciones fiscales, algunas con tipo cero en el impuesto sobre sociedades, las que protagonizaban los Pandora Papers.
Por ello, la enmienda propuesta viene a dar una oportunidad a la Administración Tributaria para concretar el “concepto de ‘baja tributación’ para considerar que en este concepto entran una jurisdicción no cooperativa o a un régimen fiscal perjudicial”, lo que limitaría el agujero de los ingresos públicos.
Por supuesto, esto tendría que venir acompañado de “las modificaciones organizativas en los respectivos Centros directivos de los Ministerios para mejorar los recursos materiales necesarios y aprovechar las capacidades de los empleados públicos destinados a la prevención y lucha contra el fraude fiscal, laboral y de las subvenciones públicas”.
Oferta de empleo público extraordinario en la Administración financiera y tributaria
La ley contra el fraude acogió una disposición adicional donde se contempla un periodo de 2022 a 2029 para que “la ratio de personal de las administraciones tributarias en relación con el número de obligados tributarios se aproxime a la media europea”.
Lo que se propone es que empiece el camino para alcanzar la ratio de la media europea de personal de las administraciones tributarias, que se convoquen oposiciones extraordinarias de nuevas plazas y así se asegure el remplazo dada la próxima jubilación de un elevado número de personal. El cálculo es que de 2021 a 2023 se jubilen 2.017 personas de la Agencia Tributaria. Pero, además, hay que considerar el tiempo que transcurre desde la convocatoria de oposiciones (no siempre cubiertas) a la finalización de las prácticas del personal de inspección para que sean operativos. Esta situación en la AEAT se repite en mayor o menor medida en el resto de los otros entes inspectores.
En conclusión, la lucha contra el fraude fiscal es ‘rentable’ y mejora la suficiencia y equidad del sistema, sin aumentar los tipos de los diferentes impuestos.
Santiago González Vallejo. USO y Plataforma por la Justicia Fiscal
