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El Gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, ha convertido el fenómeno de la ocupación ilegal en una herramienta clave de su discurso político. En un reportaje de El Mundo se elogiaba la creación del número gratuito “112 Ocupación”, que habría atendido 4.582 llamadas de personas “afectadas o preocupadas”. Sin embargo, los datos oficiales revelan una realidad muy distinta y mucho menos alarmante.
Según fuentes independientes, desde junio de 2022 hasta febrero de 2025 se registraron 3.826 llamadas, de las cuales solo 219 derivaron en atención real y apenas 42 casos fueron revertidos. Es decir, unas cuatro llamadas diarias en toda la región con algo más de siete millones de habitantes, tomemos cualquiera de las dos referencias. Pese a ello, el Gobierno regional presenta el servicio como un “éxito rotundo”.
El nuevo número no mejora la respuesta operativa, sino que se superpone simbólicamente al 112 para dar visibilidad mediática al Gobierno regional
Se ha creado incluso una oficina “antiokupación” para atender un volumen insignificante, sin efectos reales sobre la seguridad ni la gestión de casos. En la práctica, es un dispositivo de propaganda institucional. Las imágenes difundidas muestran a un agente policial junto a los operadores, sugiriendo que el servicio es parte de un dispositivo policial, aunque en realidad pertenece al Centro de Coordinación Municipal (CECOM), que nada tiene que ver con el supuesto plan antiokupas.
El propio reportaje antes citado admite que ante una ocupación real debe llamarse al 112, el servicio de emergencias, que sigue sin refuerzos de personal. El nuevo número, por tanto, no mejora la respuesta operativa, sino que se superpone simbólicamente al 112 para dar visibilidad mediática al Gobierno regional.
Los datos desmienten el relato
Según el Ministerio del Interior, la Memoria de la Fiscalía y otros datos oficiales, en 2024 hubo 894 viviendas ocupadas en la Comunidad de Madrid, un 51% menos que en 2023, dentro de un parque de 2,8 millones de viviendas. Esto supone una tasa de ocupación del 0,03%, lo que desmonta por completo la idea de una “epidemia de okupaciones”. A nivel nacional, el porcentaje ronda el 0,057%, igualmente marginal. Además, las denuncias por ocupación y allanamiento bajaron un 4,3% en 2024 (1.451 denuncias), y las sentencias por impago de alquiler o la denominada “inquiokupación” también descendieron más de un 10%.
En paralelo, la Agencia de Vivienda Social (AVS), dependiente del Gobierno madrileño, acumula 2.530 viviendas en situación irregular de las 24.916 que gestiona (aproximadamente un 10% del total). Mientras presume de combatir la ocupación, el Ejecutivo tolera un parque público degradado, con cientos de pisos vacíos o insalubres, como en la calle Carmen Laforet de Torrejón de Ardoz, sin mantenimiento ni control. Casi 800 viviendas públicas permanecen vacías mientras miles de familias esperan hogar y se ejecutan desahucios de vivienda social.
El Gobierno, que se presenta como adalid contra los “okupas”, no cumple sus propias obligaciones como propietario público, y convierte su negligencia en un modelo de abandono institucional.
El caso del Canal de Isabel II
Las cifras del Canal de Isabel II, empresa pública regional, desmontan aún más el relato. En 2023 se concedieron solo 13 bonificaciones por viviendas ocupadas ilegalmente (11 en Madrid capital y 2 en otros municipios) y en 2024 apenas 18. A modo de ejemplo y por comparar espacios temporales similares, el importe total de estas compensaciones fue de 245 euros en el primer semestre de 2023 y de 1.617 euros en el primer semestre de 2024.
Si la ocupación fuera el fenómeno masivo que el Gobierno autonómico pretende, los registros del Canal serían miles de veces superiores
Si la ocupación fuera el fenómeno masivo que el Gobierno autonómico pretende, los registros del Canal serían miles de veces superiores. Los propios datos públicos confirman que el problema es marginal, mientras el Ejecutivo lo amplifica con fines propagandísticos. La diferencia entre realidad y narrativa es abismal.
Una alarma fabricada
¿Por qué, entonces, se alimenta esta alarma? Porque se considera que resulta útil políticamente. Presentar la ocupación como masiva y fuera de control refuerza un relato de “inseguridad” con el que se intenta movilizar voto, pese al descenso de los indicadores. Además, se confunden llamadas con delitos: el teléfono “112 Ocupación” incluye consultas o dudas, no denuncias. Convertir esas llamadas en “casos atendidos” infla artificialmente la percepción del problema.
Estamos ate un trampantojo político: se exagera el fenómeno para distraer de la crisis de vivienda real
Todo ello funciona como un trampantojo político: se exagera el fenómeno para distraer de la crisis de vivienda real. Mientras se invierte en propaganda, apenas se actúa frente al encarecimiento del alquiler o la falta de vivienda asequible. La vivienda es ya, según los barómetros, la principal preocupación de los madrileños.
Y sin embargo, el Gobierno regional elude su responsabilidad, pese a que el artículo 148 de la Constitución atribuye a las comunidades autónomas la competencia exclusiva en materia de vivienda. Y esto aunque miren hacia otro lado también incluye a Madrid, como reitera el artículo 26 de su Estatuto de Autonomía.
Lenguaje y manipulación
El mal uso del lenguaje refuerza la propaganda. El término “inquiokupación”, inexistente en el Código Penal, mezcla impagos con ocupaciones ilegales, construyendo una sensación de descontrol. No hay respaldo estadístico ni jurídico para tal categoría, pero su repetición mediática consolida el mito.
La estrategia se completa con una sobreinversión en imagen. Se multiplican los titulares sobre campañas y teléfonos gratuitos, mientras se desatienden políticas efectivas de mediación, rehabilitación o ampliación del parque público. El presupuesto destinado a propaganda genera visibilidad, no soluciones.
Propaganda frente a política pública
El Gobierno de Ayuso ha hecho del “112 Ocupación” un escaparate político para proyectar sensación de urgencia. Pero los datos fiscales, policiales y del propio Canal de Isabel II demuestran que el fenómeno está contenido e incluso decreciendo. Utilizar la ocupación como herramienta electoral basada en el miedo distorsiona la realidad y desvía la atención del verdadero problema estructural: la crisis de vivienda que sufren miles de familias madrileñas.
La ocupación ilegal merece respuestas rápidas y eficaces, sí, pero no debe ser una excusa para el populismo punitivo. La prioridad debería ser garantizar el derecho efectivo a una vivienda digna, no alimentar el miedo con datos inflados y propaganda institucional, lo que sobre todo es profundamente indecente.
Diego Cruz Torrijos
