Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 han sido aprobados por el Senado, entrarán en vigor el 1 de enero, pero deberán volver al Congreso de los Diputados tras ser admitida una enmienda sobre lenguas protegidas. Los Presupuestos han sido respaldados por la gran mayoría de las fuerzas políticas, y solo han votado en contra las derechas y la extrema derecha. Para el próximo año las cuentas públicas prevén un gasto total consolidado del Estado, Seguridad Social y organismos autónomos por un total de 458.970 millones de euros, una cantidad prácticamente idéntica a la presupuestada para el 2021, en la que suben casi todas las partidas de gasto, salvo las de desempleo, vacunas y deuda pública. Por la reducción actual del desempleo y los ERTE, el gran porcentaje de la población que ya está vacunada y por la mejora de los tipos de interés. Los PGE 2022 profundizan en el carácter expansivo de los de 2021, ante los efectos devastadores provocados por la covid-19, y entierran las políticas de austeridad practicadas desde la crisis financiera por los gobiernos del PP.
La Comisión Europea también ha valorado positivamente los Presupuestos para 2022. El conjunto de las cuentas aprobadas se orienta a impulsar un crecimiento económico sólido, inclusivo y sostenible, basado en la mejora del capital físico, tecnológico y humano. Mediante las infraestructuras y el medioambiente, la educación y la formación profesional, la tecnología y la inversión en I+D+i o en los servicios públicos para mejorar la creación de empleo, la competitividad y productividad de nuestra economía. El Gobierno PSOE-UP ha reafirmado su capacidad de diálogo, ya que se han consensuada más de 200 enmiendas a su paso por el Congreso de Diputados, en su mayoría, inversiones territoriales, infraestructuras o beneficios fiscales. Durante su tramitación en el Senado se han alcanzado numerosos acuerdos extrapresupuestarios, de las más 3.900 enmiendas presentadas solo una ha sido aprobada, con el voto en contra del Grupo Socialista, presentada por Compromís y apoyada por un insólito emparejamiento del PP con las fuerzas nacionalistas e independentistas.
Para el objetivo de sentar las bases de un nuevo modelo productivo, la inversión representa los 40.000 millones de euros, lo que supone un incremento del 9,6% interanual, que cuentan con la aportación de 27.633 millones de euros de gasto a cuenta de los fondos europeos. A la industria y la energía se consignan 11.316 millones de euros, con el foco puesto en la aceleración de los procesos de digitalización, automatización y adaptación de las cadenas de valor y la descarbonización. Sectorialmente, los destinos más relevantes de los fondos europeos son la política industrial (3.184 millones de euros); rehabilitación de vivienda (2.839 millones de euros) y plan de choque de movilidad sostenible (2.184 millones de euros).
Las políticas energéticas dispondrán de 3.817 millones de euros, que incluyen la ampliación del bono social térmico, para el vehículo eléctrico, el desarrollo de las energías renovables innovadoras, el hidrógeno renovable o la transformación eficiente de los edificios de la Administración. En Educación se superan por primera vez los 6.000 millones de euros, para transformación de la formación profesional se incorporan 2.076 millones de los fondos europeos y 1.412 millones para el Plan Nacional de Competencias Digitales. Asimismo, se destina la mayor partida de la historia en Investigación, Desarrollo e Innovación y Digitalización: son 13.298 millones de euros, casi el doble que hace dos años. Para la agricultura, pesca y alimentación corresponden 8.934 millones. A los sectores especialmente golpeados por la pandemia, como el turismo, comercio y Pymes se les dota de 2.305 millones de euros y para la cultura 1.589 millones de euros.
En 2022 las Comunidades Autónomas recibirán unos 126.508 millones de euros (siendo 8.712 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y 2.000 millones de euros del fondo REACT-UE), y los Ayuntamientos otros 23.350 millones de euros, de los cuales 2.050 millones de euros son de los fondos europeos. La oferta pública empleo será de 30.445 puestos de trabajo, la mayor de la historia, la tasa de reposición general se fija en 110%, en 120% para los sectores prioritarios (educación, sanidad o ciencia) y en 125% para los cuerpos y fuerzas de seguridad. Las retribuciones de los empleados públicos se incrementarán en 2022 en un 2%. Los PGE también contemplan una partida de 4.200 millones destinada al reto demográfico y a las zonas rurales (España Vaciada).
Las medidas para reforzar la protección social, la igualdad y los servicios públicos son, junto a la inversión, las grandes protagonistas de las cuentas públicas. La inversión para la cohesión social alcanza los 240.375 millones de euros del Presupuesto (6 de cada 10 euros de gasto), cifra que llega a los 248.391 millones cuando se incorporan los fondos europeos, con un gasto social récord, que representa el 54% del total y las pensiones absorben casi 4 de cada 10 euros. La partida para las pensiones aumenta un 4,8%, lo que cubre la revalorización de las pensiones contributivas con la media anual de IPC (en el entorno 2,5%) y la subida del 3% que tendrán las mínimas y no contributivas, y más de 4.436 millones de euros para financiar el Ingreso Mínimo Vital y otras prestaciones. La dotación para la atención a la dependencia aumenta un 23,3%, y se contemplan 5.434 millones de euros para la sanidad pública, sin contar el presupuesto destinado a vacunas.
A las políticas para la juventud (empleo joven, acceso a la vivienda, becas de educación o el bono cultural), se destinan 12.550 millones de euros Para las políticas de fomento del empleo se dedicarán 7.644 millones de euros y 22.457 millones de euros para la protección por desempleo. Los Presupuestos para 2022 incluyen una subida del 2,5% para el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que se situara a partir del 1 de enero en 579 euros mensuales, de este indicador dependen la concesión de ayudas o subvenciones como subsidios por desempleo, ayudas al alquiler, acceso a una vivienda de protección oficial, becas de estudio, guardería o el bono social eléctrico y afecta directamente a la cuantía del subsidio por desempleo y de la renta activa de inserción (RAI).
La favorable evolución del mercado de trabajo, del consumo y de la inversión se traducen en un incremento de la recaudación tributaria. En 2022, se prevén unos ingresos fiscales de 279.316 millones de euros, un aumento del 8,1%, una cifra prudente si se tiene en cuenta que en 2021 la recaudación cerrará con una mejora del 10,8%. Actualmente está trabajando un comité de personas expertas para la reforma fiscal que entregará sus conclusiones el próximo mes de febrero, razón por la que se han aplazado determinados cambios tributarios. Los Presupuestos para 2022 se caracterizan por las políticas progresistas frente a las políticas regresivas que el PP impuso entre 2012 y 2018 con los recortes, la desregulación de los derechos de los trabajadores, la devaluación de la economía y el aumento de la presión fiscal sobre la clase trabajadora, autónomos y pymes mientras que, en sentido contrario, se rebajaba la fiscalidad de las grandes empresas y las rentas altas.
Los PGE para 2002 ayudan a la protección de las personas, a la reducción de las desigualdades y del riesgo de pobreza, a la recuperación de la crisis sanitaria y al cambio del modelo productivo. Para ello se establece su complementariedad con el proceso de reformas e inversiones previstas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. También es necesario desarrollar otros elementos clave como: el compromiso empresarial con la inversión productiva; la unidad y cooperación con las comunidades autónomas y el consenso sobre el sistema de financiación; y el diálogo social, vital para lograr avances duraderos en temas definitorios de nuestro modelo económico y social, como la reforma laboral para mejorar el empleo y los salarios, reforzar el sistema público de pensiones, potenciar la educación y la formación profesional o garantizar la sanidad pública.
