Los problemas que estamos encontrando para llevar adelante la política de vacunación contra la COVID-19 impulsada por nuestras autoridades sanitarias me mueven a regresar brevemente a este tema para plantear algunas reflexiones que creo importantes.
¿A quiénes debemos proteger?
Que la infección por este nuevo coronavirus es una infección banal que se complica con poca frecuencia es ya un hecho incontrovertible. Así se desprende al cruzar los datos oficiales disponibles en España con la estimación del número de infecciones que podemos hacer gracias a nuestros estudios de seroprevalencia.
Tasas de hospitalización e ingreso en UCI para más de cuatro millones y medio de infecciones estimadas a fecha 23 de noviembre
Para una cifra estimada de 4.578.546 infecciones (que suman las que cabe esperar en 7-8 temporadas de circulación de la gripe), las tasas de hospitalización e ingreso en UCI fueron del 4,2 y el 0,36%, respectivamente. Entre los menores de 60 años, se redujeron a 1,9 y 0,17%. Entre los mayores de esa edad, llegaron a 10,6 y 0,88%. Esos datos nos dicen que más del 95% de los infectados no requirieron de atención médica especial; e, incluso, que casi el 80% de los que contaban con 80 años o más de edad tampoco la requirieron. El análisis de las cifras de fallecidos conduce a conclusiones muy parecidas en lo que respecta a la letalidad.
Letalidad estimada para la infección por SARS-CoV-2 en la misma serie
De este conocimiento se deduce claramente que la población a proteger es, en esencia, la formada por los mayores de 60 años. Entre el resto, podremos también identificar a quienes presenten un riesgo especial de enfermar de gravedad, puesto que combinarán en su historia clínica al menos dos de estos cuatro antecedentes: obesidad, diabetes, hipertensión arterial y enfermedad cardiovascular. No podremos identificar a quienes presenten meros factores genéticos de predisposición que, o no conocemos, o no son fáciles de buscar, pero se tratará de una gran minoría. Todo esto lo sabemos desde hace muchos años para el caso de la gripe, solo que ahora no deben preocuparnos ni los niños muy pequeños ni las mujeres gestantes.
En el caso de la pandemia gripal de 2009, el conjunto a vacunar en España se estimó en unos diez millones de personas. La población total de personas mayores de 60 años era entonces de 10.224.715. Doce años después, la cifra ha crecido hasta los 11.856.304. Por consiguiente, la población a vacunar frente a aquel virus gripal pandémico se habría estimado hoy en unos doce millones de personas. Si entonces se compraron trece millones de dosis de vacuna, de las que seis millones no llegaron a usarse, ¿por qué los países ricos estamos comprando vacuna frente al SARS-CoV-2 a razón de tres o cuatro dosis por habitante1? Las compras activadas por la Unión Europea suman unos 1.400 millones de dosis, que para una población total de 448 millones de habitantes suponen 3,1 dosis por habitante. Incluso si todas las vacunaciones requiriesen dos dosis para alcanzar su objetivo, y si todos los habitantes recibiesen en verdad la vacuna, sobrarían 500 millones de dosis. A un precio medio de 10€ por dosis (probablemente es algo más), la inversión total es de 14.000 millones y el sobrante suma 5.000 millones. Por ofrecer algún término de comparación, diré que la cantidad asignada al programa español de cooperación para el desarrollo en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 suma 887 millones.
La política de vacunación
En su fase 3, la política de la autoridad sanitaria española aspira a vacunar a 47 millones de personas, el total de la población. El único argumento que puede esgrimirse para defender eso es acudir al concepto de inmunidad de rebaño, una situación en la que los vacunados protegen indirectamente a los no vacunados porque son resistentes a la reinfección, o porque si la sufren no transmiten el virus a otros. Para todos los virus respiratorios que conocemos, incluido el SARS-CoV-2, no se cumple ni una ni otra condición. De hecho, eso no sucede ni siquiera tras la infección natural, así que mucho menos podrá suceder tras la vacunación. Acudir a los ejemplos del sarampión o la polio para razonar sobre esto es un gran error, como sabe cualquier especialista que realmente lo sea; y pretender que la vacuna proporciona una inmunidad de mejor calidad que la que se sigue de la infección natural es, sin ánimo de ofender a quienes lo dicen, un soberano disparate (no suelo expresarme así en estos artículos, pero este caso, que he escuchado hoy mismo en boca de un profesional al que conozco, no me deja otra opción). Igualmente, afirmar que vacunar a quienes han pasado ya la infección tiene algún efecto positivo, ya sea para el individuo o para la comunidad, carece de base teórica suficiente y de cualquier evidencia científica que pueda citarse, tanto de campo como experimental.
Esa equivocada política de vacunación universal no solo desperdicia recursos materiales, humanos y económicos que son por definición escasos, sino que, tal como se ha planteado, incluso perjudica a quienes pueden realmente beneficiarse de la vacuna. En la fase 1, actualmente en curso, se vacunará a los usuarios de residencias de mayores, al personal sociosanitario y al personal sanitario. Dicho ya todo lo anterior, hay quienes, aun aceptándolo, esgrimen el riesgo extra que sufren esos trabajadores como justificación para su vacunación universal y prioritaria.
No es fácil encontrar numeradores y denominadores válidos para objetivar ese riesgo, pero he podido encontrar suficientes como para plantear las estimaciones que se exponen en la tabla 1. Según esas estimaciones, acotadas a noviembre de 2020, la incidencia y mortalidad estimadas para la infección por SARS-CoV-2 en los sanitarios españoles fueron entre un 25 y un 30% más altas que las estimadas para la población general entre los 20 y los 60 años de edad, con una tasa de letalidad muy semejante a la estimada para ese segmento etario. Si comparamos con la población general de cualquier edad, la tasa de mortalidad resulta unas nueve veces más baja y la letalidad unas 17 veces menor. La razón reside, obviamente, en que el porcentaje de personas mayores de 60 años es mucho más bajo entre los sanitarios en activo que entre el total de la población.
Estimación comparativa de la incidencia, mortalidad y letalidad de la infección por SARS-CoV-2 en los sanitarios españoles y la población general
Dejo a criterio del lector la tarea de juzgar si esas estimaciones justifican o no la política adoptada para la fase 1 del programa, aunque le recomiendo que tenga en cuenta que eso pospone la vacunación del resto de los mayores de 65 años y de las personas en riesgo especial a la fase 2, que se desarrollará entre marzo y junio. En esa fase, compartirán las dosis que vayan llegando con los profesores, el personal de los servicios esenciales, y con más de una decena de otros colectivos. Recuérdese aquí que cuando un profesor, un policía o un bombero se infecta por este virus, lo más probable es, con mucho, que no enferme. Si se detecta su infección será porque se haya buscado activamente; y si eso le aparta del servicio por unos días, será solo porque las normas que se han elaborado lo exigen así.
En conclusión, estimo que el problema de suministro de vacunas del que los medios de comunicación nos informan a diario se ve agravado, e incluso tal vez creado, por una política de vacunación que contradice experiencias anteriores recientes y que no se basa, a mi juicio, en el conocimiento. La inversión en recursos materiales, humanos, logísticos y económicos que exige cumplir con lo programado es importante y no puede ser compensada por los resultados que cabe esperar de la cumplida ejecución del programa, que por lo demás parece muy difícil de lograr. Y el hecho de que esa política de vacunación se haya impuesto en el mundo rico no resta un ápice a lo planteado en este artículo. ¿A qué responde, pues, ese éxito arrollador? Responder esa pregunta supone incurrir, en mayor o menor medida, en el ámbito de la especulación, y eso es algo que no entra en los objetivos de mis artículos.
Referencias
[1]. The Economist. Daily chart – Vaccine nationalism means that poor countries will be left behind. Londres, 29 de enero de 2021.
