Unidas Podemos registra este martes un escrito en el Congreso de los Diputados reclamando que se suspenda “de manera inmediata” la prestación económica mensual que recibe el exdiputado Ricardo García Damborenea, condenado por el GAL, “por constituir un ataque contra la memoria y la dignidad de las víctimas del terrorismo”.
García Damborenea estuvo implicado en el caso GAL y fue condenado por la justicia a siete años de prisión por el secuestro de Segundo Marey, si bien no cumplió dicha condena al ser indultado. Estos hechos delictivos tuvieron lugar durante su mandato como diputado.
El exdiputado recibe una “complementación de ingresos” por un importe mensual de 2.063,75 euros, según se refleja en la relación de “complementación de ingresos” que establece el Reglamento de pensiones parlamentarias y otras prestaciones económicas en favor de los exparlamentarios, hecha pública recientemente.
El dinero que recibe el exdiputado fue acordado de manera discrecional por las Mesas del Congreso y del Senado. La petición está firmada por los diputados Pilar Garrido, Roberto Uriarte y Juantxo López de Uralde.
Desde el grupo confederal denuncian “la impunidad que existe en torno a los crímenes de Estado”. Señalan que las recientes declaraciones del exministro de Interior, José Barrionuevo, “reconociendo y amparando la existencia del terrorismo de Estado, son intolerables e injustificables porque además provocan una inseguridad jurídica y denigran a las víctimas”.
Unidas Podemos afirma que es “necesario un compromiso democrático por parte de los poderes públicos para que haya justicia con todas las víctimas del terrorismo” y pide que se modifique la Ley de Secretos Oficiales “para conocer lo que pasó de acuerdo a los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”.
'GUERRA SUCIA' CONTRA ETA
Damborenea ingresó en prisión preventiva el 17 de febrero de 1995 y fue procesado en el juicio por los crímenes cometidos por Grupos Antiterroristas de Liberación GAL, en la llamada ‘guerra sucia’ contra ETA, junto con otros implicados como el general Enrique Rodríguez Galindo o el propio exministro José Barrionuevo.
Fue condenado el 25 de mayo de 1998 por el secuestro del ciudadano francés Segundo Marey. En julio de 1999, tras las declaraciones del expolicía José Amedo en las que le implicaba en el asesinato del dirigente de HB Santiago Brouard, fue citado a declarar como imputado.
