Por casualidades de la vida ha caído en mis manos, en este comienzo del caluroso mes de agosto, un libro sobre crímenes y casos silenciados de uno de los mejores periodistas de investigación españoles. Juan Rada, conocido por su larga experiencia y participación en radio, prensa y televisión. Su biografía y trabajos llenaría todo este artículo.
El libro tiene por título Sin Censura y en su prólogo aborda un tema de rabiosa actualidad en estos días: la Ley de Secretos Oficiales.
El gobierno ha aprobado un proyecto en el Consejo de Ministros del lunes 1 de agosto y este martes se anuncia en la prensa tanto el desacuerdo de sus socios (cosa ya habitual en cualquier norma que se proponga) y al mismo tiempo la voluntad de las partes para que la sangre no llegue al río y se pueda pactar el tema.
La propuesta de 50 años de espera para algunos de los “Secretos” parece más bien una cifra para empezar a hablar y presentar una cantidad menor de años como un triunfo “democrático” y un avance en la transparencia.
Como ahora no existe límite, cualquier mejora se puede vender como un avance. Nuevamente se presenta el dilema de si el PSOE pactará este delicado asunto con el PP o con sus socios habituales.
Este duda permanente de la “geometría variable” en los pactos, debería valorarlo bien Pedro Sánchez y apartar definitivamente de aquí a las próximas elecciones la práctica de la “yenka” en las alianzas parlamentarias. Todos los socios del gobierno han reclamado negociación y bajar los plazos. Hasta la ministra de Defensa Margarita Robles ha realizado algunas declaraciones en ese sentido.
Comienza Juan Rada con una frase de George Orwell muy apropiada también para estos años turbulentos de los Villarejo, Ferreras, Indas y Compañía. “En épocas de mentiras contar la verdad es un acto revolucionario. Si la libertad significa algo, es el derecho de decir a los demás lo que no quieren oír”.
En su introducción formula un alegato nítido y claro a favor de la libertad de expresión, el derecho a la investigación y conocimiento de las fuentes oficiales por periodistas e historiadores y arremete contra la Ley de Secretos oficiales y La Ley Mordaza.
Expresa lo siguiente:
“Los tiempos cambian pero no ciertos hábitos inquisidores. En dictadura o en democracia. La censura o el dirigismo informativo lo ejercen los mandatarios para prohibir, recortar o conducir la libertad de expresión. Sobre todo lo que pueda afectar negativamente a sus intereses. Una mordaza para silenciar cuanto no les conviene que sea divulgado”·
“En España no se desclasifican documentos desde hace 80 años (El libro está publicado en el año 2017) ni se permite el acceso a archivos. Los distintos gobiernos vienen escudándose en la Ley de Secretos Oficiales en base a la seguridad nacional, a diferencia de lo que ocurre en otras democracias mucho más avanzadas donde tienen plazo de caducidad”
“En general casi todo continúa siendo materia reservada y deja en evidencia a nuestro país por la falta de transparencia y la forma de ocultar a la ciudadanía hechos trascendentales de nuestra historia contemporánea. Demasiadas sombras y hasta oscuridad total sobre hechos que la gente tiene derecho a conocer”
“La opacidad es tan tupida que más de 300 historiadores e investigadores de todo el mundo han solicitado que se abran los archivos. Todo cerrado a cal y canto”.
El Partido Nacionalista Vasco (PNV), formación que impulsó una propuesta de reforma de la ley de secretos oficiales, expresó la insatisfacción con la que finalmente llega a debate. Creen que viene "demasiado tarde" y, sobre todo, que esboza unos plazos "muy largos" para desclasificar información reservada.
Unidas Podemos ha manifestado que España es una "democracia madura" y que "tiene derecho a conocer su historia" a través de documentos que se mantienen clasificados.
"Ocultar secretos a la ciudadanía durante 50 años o más es tratarla como menor de edad. No es propio de democracias maduras tener miedo a conocer", aseguró en redes el presidente del grupo confederal en el Congreso, Jaume Asens.
ERC y Bildu sitúan su prioridad en garantizar que se conozcan los documentos relaciones con el 23-F, los GAL y la guerra sucia contra los nacionalismos.
La actual legislación data de 1968 y fue impulsada por Luis Carrero Blanco, que no ha pasado a la historia por sus veleidades democráticas precisamente.
También Yolanda Díaz, ha reclamado en varias ocasiones la modificación de la ley de secretos oficiales, pues cree que "no puede garantizar la seguridad en el siglo XXI". Enfatizó que la situación de España es "anómala" y, por ejemplo, la citada ley tiene que dar un plazo temporal adecuado para poder desclasificar documentos.
No se ha escuchado la opinión de las Asociaciones de Periodistas, del Gremio de los escritores, de los Colegios Oficiales de Historiadores e Investigadores. ¿ A que están esperando para cumplir su papel de "sociedad civil" y opinar sobre algo que les atañe directamente?
¿La prensa escrita, las radios y televisiones no tienen nada que decir al respecto? Los límites de la libertad de información y de los "secretos oficiales" deben estar marcados claramente a favor de la primera. Eso demostrará realmente que vamos profundizando en una democracia que todavía tiene temas pendientes que solucionar.
