viernes. 29.03.2024
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 3 de diciembre.

El pasado 15 de junio publiqué en NT, con evidente alegría como intentaba expresar el titular ¡Por fin! la nueva Ley Formación Profesional , un artículo con el que celebraba que el Gobierno PSOE-UP hubiera decidido afrontar una de las asignaturas que tenemos pendiente y que ha estado lastrando nuestro progreso como sociedad, como es la deficiente formación profesional que padecemos.

Hoy, seis meses después, con la misma satisfacción escribo estas líneas encabezadas con un parecido titular que también expresa la alegría de que ¡por fin! se haya aprobado, el pasado viernes 3 de diciembre en el Consejo de Ministros, el Anteproyecto de Ley de Empleo junto a la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024 y al Plan Anual de Política de Empleo (PAPE) 2021. Una iniciativa con el claro objetivo de modernizar y mejorar nuestro enfermo mercado de trabajo.

Formación Profesional y Políticas Activas de Empleo, dos frentes estrechamente relacionados, determinantes para afrontar el cambio tecnológico y la automatización que sabemos que hará desaparecer o modificará profundamente muchas de las actúales ocupaciones y oficios y que hará surgir otras nuevas. Un cambio que exige de todas las instituciones, públicas y privadas, invertir y asumir compromisos en la tarea de acompañar, orientar y ayudar en la búsqueda de empleo, y de garantizar la necesaria recualificación permanente de nuestra fuerza de trabajo. De lo contrario nos arrollaría el cambio que sabemos imparable.

Urgía una nueva Ley de Empleo porque no podemos seguir, por más tiempo, con un mercado laboral que durante décadas mantiene una tasa de empleo temporal el doble que la media del resto de los países europeos. Cuando el 90% de los contratos que se firman son temporales y solo un 10% de éstos alcanzan a convertirse en indefinidos. Es urgente mejorar este mercado laboral que explica muchos de nuestros problemas económicos y sociales, y que está íntimamente ligado a los altos niveles de desempleo estructural que padecemos, a la elevada desigualdad de salarios y rentas, a la alta rotación que merma nuestra productividad y a la baja inversión en formación por parte de las empresas.  

Precisamos, y el proyecto de Ley aprobado por el Consejo de Ministros va en esta dirección, una reforma profunda del mercado laboral que impulse la creación de empleo de calidad y que nos prepare para lidiar con la transformación del trabajo, con el envejecimiento y la contracción de nuestra fuerza laboral. Que corrija el déficit que representa que el actual Sistema Nacional de Empleo no cuente con un modelo de prospección y prospectiva homogéneo para todo el país y que los Servicios Públicos de Empleo de cada Comunidad Autónoma dispongan de herramientas que hoy no están integradas entre sí para poder atender a los demandantes de empleo. Que corrija que en España no exista la obligatoriedad de registro de los puestos vacantes de las empresas a diferencia de otros países como Alemania, lo que imposibilita realizar una prospectiva real de las demandas de los sectores y las empresas. Que dificulta conocer las necesidades de formación y las habilidades que se requieren para cubrir los puestos vacantes. Que explica que solo un 2% de los contratos, porcentaje que apenas ha variado en los últimos años, sean cubiertos por la intermediación de las oficinas públicas de empleo.

Necesitamos un cambio radical en las Políticas Activas de Empleo, como nos indican todos los estudios publicados en los últimos años en los que se analizan la realidad de los diferentes países de la Unión Europea. Aunque cada uno de estos países tiene particularidades sociodemográficas, económicas y laborales, tales estudios evidencian que España obtiene los peores resultados en diversos conceptos: estamos a la cola en gasto público por personas demandantes de empleo, en el dedicado a financiar horas de formación, así como en los servicios de orientación, acompañamiento y seguimiento de las personas desempleadas. Así lo subraya el Informe de Evaluación de las Políticas Activas de Empleo que publicó La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (la AIReF) y en el que señala que Alemania gasta por demandante de empleo una media de 4.089 €, Francia 2.752 €, Finlandia 2.176 €, Bélgica 1.949 €, frente a los 470 € que dedica España.

Necesitamos una profunda reforma de nuestro mercado laboral para corregir las deficiencias que arrastramos desde hace décadas. Por ello, ante este proyecto de Ley de Empleo, deberíamos exclamar: ¡ya era hora!

Y con mucha razón, podemos de nuevo afirmar: con este gobierno de España avanzamos.

¡Por fin! Una nueva ley de empleo