martes. 27.02.2024

El daño ya está hecho, ahora solo cabe no agravarlo ni caer en la proverbial manía de sostenella y no enmendalla mientras las posibilidades de revalidar un gobierno progresista en las próximas elecciones generales se debilitan cuando deberían ser más fuertes que nunca, siendo optimista. El barómetro mensual del mes de febrero de 40dB para El País y la SER mostraba una perspectiva inquietante: el bloque de izquierdas solo podría gobernar con el apoyo de Junts per Catalunya [1]. La subida del salario mínimo, la reforma laboral, la revalorización de las pensiones, los distintos escudos sociales, el crecimiento económico y del empleo, el moderado control de la inflación, las avanzadas leyes sociales, los impuestos a las grandes empresas energéticas y financieras... el gran bagaje político de una gestión gubernamental exitosa ha pasado a segundo plano (para satisfacción de la derecha) debido al debate a cara de perro sobre si los reajustes técnico-jurídicos de la ley tocan o no el corazón del consentimiento. A veces hay que pellizcarse para creerlo. 

Desgraciadamente, lo que ya se apuntaba con la reacción de Podemos ante las primeras rebajas de condena y excarcelaciones, que analicé en esta misma tribuna [2], se ha convertido en el actual rifirrafe entre los socios del gobierno de coalición a cuenta de la propuesta de los socialistas para corregir las grietas de la llamada ley de Solo sí es sí (a partir de ahora Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual que expresa su verdadera dimensión) y frenar el desgaste electoral que supone la alarma social suscitada (y soezmente alimentada por la derecha). Pero el hecho es que las diferencias entre los socios del gobierno de coalición se han agudizado hasta extremos peligrosamente cercanos a la ruptura, por mucho que se empecinen en negarlo los protagonistas. ¡Y en una año electoral! Lo lamentable (e inexplicable políticamente) es que la causa de la crisis no sea que los socialistas planteen políticas neoliberales, reavivan su alma centrista, o frenen las iniciativas progresistas, sino su propuesta de reajustes técnico-jurídicos a la ley. Parecía que la aceptación por parte de Podemos de la necesidad de hacer correcciones auguraba una rápida solución de un enfrentamiento que está eclipsando los logros del gobierno de coalición y regalando munición a la agresiva ofensiva de la derecha. No ha sido así, sino todo lo contrario. El debate se ha enconado, con gruesas descalificaciones. La causa estriba en que, según Podemos, la propuesta del PSOE de incluir el agravante de violencia e intimidación para incrementar las penas toca el corazón del consentimiento y propicia la revictimizaciónlo que los socialistas niegan tajantemente. De ahí que la pregunta que nos debemos hacer es si el enfrentamiento está realmente justificado.

El gran bagaje político de una gestión gubernamental exitosa ha pasado a segundo debido al debate a cara de perro sobre si los reajustes técnico-jurídicos de la ley tocan o no el corazón del consentimiento

Obviando que no parece muy progresista caer en la pulsión punitivista y recurrir siempre a incrementar las penas cuando hay alarma social en vez de potenciar la dimensión reeducativa y de reinserción, sobre todo cuando nuestro país cuenta con unas de las poblaciones reclusas más altas de toda Europa pese a su bajo índice de delitos, y que nuestro Código Penal es uno de los más duros de la UE, en mi opinión la cuestión del consentimiento, piedra angular de la polémica, evidencia una grave distorsión conceptual. En primer lugar, porque el consentimiento siempre ha estado en la ley, ya que todo delito sexual se basa precisamente en que no haya consentimiento. Así, el antiguo Artículo 180.1 del Código Penal señalaba: El que, sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento, realizare actos que atenten contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona, será castigado, como responsable de abuso sexual (el subrayado es mío). Se puede, dadas las circunstancias, reforzar literariamente su exigencia y rebajar el nivel de la carga probatoria, pero no pretender que el consentimiento antes no era relevante en el Código Penal. En otras palabras, el consentimiento ya estaba en la base de nuestra legislación penal. Los actos sexuales forzados (no consentidos, por tanto) se consideran delito en España desde 1822, tal como lo recoge el primer Código Penal. Lo que la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual trata de evitar es que, en palabras de Félix Bolaños, nuevamente en juicios con agresiones sexuales encima de la mesa se pregunte a las mujeres si se resistieron lo suficiente o cómo iban vestidas. Algo que, por cierto, Podemos sostiene que ocurrirá con la propuesta de modificación de la ley de los socialistas. Pero evitarlo no significa que ya no sea necesarioprobar los hechos en un juicio público y con todas las garantías (Constitución Española, Artículo 24). Se puede y debe impedir el calvario probatorio que suponía, por ejemplo, el que la mujer debiera demostrar que se había opuesto lo suficiente a la violación, pero deberá probar que no hubo consentimiento (como en el resto de los supuestos delictivos)Lo paradójico es que puede resultar más difícil, ya que en la gran mayoría de los casos la agresión sexual se produce en la intimidad y sin testigos. Y salvo si se dan evidencias objetivas o elementos periféricos de corroboración (testigos, videos, análisis clínicos, secuelas psicológicas compatibles con una violación, etc.) con solo la versión de la víctima puede resultar imposible. Es lógico pensar que las defensas de los presuntos delincuentes sexuales van a extremar la exigencia probatoria. Y si existen dudas, el Tribunal sancionador resolverá a favor del acusado. 

Es decir, poner en el corazón de la ley el consentimiento puede evitar el calvario probatorio pero no anularlo. Salvo que se eleve a rango jurídico el socialmente justificado lema hermana, yo sí te creo. Los buenos propósitos pueden convertirse en despropósitos. No menos desafortunadas son las declaraciones a la SER de la ministra de Justicia, Pilar Llop, afirmando que es sencillo probar la violencia con tan solo mostrar una herida, dando por hecho que con ello se terminan las posibilidades de defensa. Lo peor es que al centrar el debate en el corazón de la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual se ha eclipsado su trascendencia y dimensión, obviando el corpus normativo destinado a la prevención, la protección a las víctimas, las ayudas económicas y laborales, la previsión de servicios de asistencia, tal como se recoge en el su Artículo 1. Objeto y finalidad, que convendría leerse detalladamente [3]. En definitiva, protege mucho mejor que antes a la mujeres, niños y niñas de las violencias sexuales en todas sus formas, maneras y manifestaciones, defendiendo su libertad sexual, su derecho a la integridad personal y a la protección de su dignidad.

Poner en el corazón de la ley el consentimiento puede evitar el calvario probatorio pero no anularlo. Salvo que se eleve a rango jurídico el socialmente justificado lema hermana, yo sí te creo

Reforzar el consentimiento eliminando ambigüedades, por otra parte consustanciales a las relaciones humanas, es sin duda necesario. Pero este objetivo no puede suponer la ausencia de prueba. Pretender que no haya que demostrar la agresión, y que baste con la palabra de la víctima es un disparate y un inaceptable retroceso jurídico. Entonces ¿dónde está el problema para que no peda consensuarse la reforma de la ley a fin de impedir que las fallas en su diseño se prolonguen en el tiempo, y qué no salga más barata la agresión sexual que otras actividades delictivas como robar? Tal vez en la falta de claridad sobre un concepto tan complejo como el consentimiento, tal como evidencia la filósofa e investigadora en la Universitat de Barcelona, Clara Serra en su artículo El problema del consentimiento publicado en el diario El País, al que me remito [4]. Solo me gustaría añadir algunas consideraciones. Fijémonos en la redacción del nuevo Articulo 178.1: Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona. Como vemos, el consentimiento solo se da cuando se manifiesta libremente, y es ahí donde tal vez resida la confusión; o, al menos, la ausencia de criterio político más allá del rigor jurídico. Y no solo porque el subrayado sobre la libertad no parece aportar mucho, ya que está implícita en el consentimiento, sino porque obvia (o esquiva) que estamos ante una libertad mediada por la realidad estructural del sistema socioeconómico capitalista en cuyo corazón está la desigualdad. 

Cabe preguntarse cuántas agresiones sexuales se han producido, y se siguen produciendo, bajo la apariencia de consentimiento debido a la situación subordinada de las mujeres frente a hombres poderosos, sea en el ámbito familiar, económico, laboral, profesional, ideológico, religioso, artístico, deportivo etc. Y cuántas veces se produce la revictimización, más allá de los comportamientos machistas de ciertos miembros de la judicatura, como consecuencia de la prevalencia en nuestra sociedad de la cultura andocrática que impregna las relaciones distribuidas de poder. Que con una ley se pretenda impedir las revictimizaciones es de una sorprendente ingenuidad. La revictimización hay que abordarla de manera integral, holística. Lo que nos llevaría a un debate más amplio y profundo que remite a la naturaleza desigual de las relaciones sociales y personales en un sistema socioeconómico donde la cultura del patriarcado sigue siendo dominante en numerosos ámbitos. Y no digo todos porque la lucha feminista está neutralizándolo su dominio en algunas de sus esferas de influencia.

Cuántas veces se produce la revictimización, más allá de los comportamientos machistas de ciertos miembros de la judicatura, como consecuencia de la prevalencia en nuestra sociedad de la cultura andocrática

En definitiva, no debería resultar tan difícil conseguir un texto que, desde el rigor jurídico, permita consensuar la reforma de la ley. No ayuda, sino todo lo contrario, las descalificaciones ni los argumentos consigna. Para lograrlo hay que evitar caer en el debate sobre si la propuesta de reforma atenta o no sobre el corazón del consentimiento. Urge el acuerdo, obviar las descalificaciones, ampliar la perspectiva política, restablecer la jerarquía de objetivos. Porque la ciudadanía en general, y la ciudadanía progresista en particular, no entienden este encontronazo político. Lo que se está poniendo en peligro es la continuidad de un gobierno progresista, de izquierdas, brindando la oportunidad de oro a la derecha y ultraderecha de conquistar posiciones cada vez más favorables a un triunfo electoral en una batalla que ya está muy ajustada. Y eso si es que un verdadero peligro para las mujeres. Visto lo visto, parece un sin sentido tanto negarse a las modificaciones de ley por principio, amparándose en que toda modificación supondría tocar el corazón del consentimiento, como enzarzarse en una peligrosa confrontación sobre cuál es la fórmula aceptable para que eso no ocurra. Hay que ser muy ingenuo para no darse cuenta de que los enrocamientos y empecinamientos tienen una dimensión política vinculada a la lucha por la hegemonía en el bloque de izquierdas, cuyo análisis exigiría otro artículo. Es posible que se me escape alguna sutileza jurídica, pero presuponer la inevitable revictimización por el mero hecho de incluir la violencia o intimidación para justificar penalmente el incremento de los años de condena es, cuanto menos, excesivo. Está bien colocar el foco principal en el consentimiento de las mujeres, pero eso no va a impedir la revictimización que obedece a causas estructurales, como he dicho. En todo caso no justifica la actual crisis de confianza entre los socios del gobierno de coalición que alimenta la demagogia política de las derechas, manda a la ciudadanía la imagen de una izquierda a la greña, incapaz de ponerse de acuerdo ni siquiera para defender a las víctimas de agresión sexual. Deberían abandonarse las posiciones numantinas e imponerse la sensatez. El acuerdo para cerrar una crisis que nunca debió ocurrir es obligado y urgente. De nada vale repetir una y otra vez que la coalición no está en peligro, porque las dinámicas de la confrontación política suelen salirse fácilmente de control. Seguir a la greña por como puede vere afectado el consentimiento cada vez se parece más al bizantino debate del sexo (nuca mejor dicho) de los ángeles. Dicho de otra forma, debatir sobre si son galgos (afecta al consentimiento) o podencos (no afecta al consentimiento) conlleva correr el riesgo de que lleguen los canes y se merienden el gobierno. Y esa sería la peor consecuencia no deseada de la ley.


[1] Ver: ElPaís
[2] Ver: Carlos Tuya. Podemos y el efecto nocevo
[3] Ver BOE
[4] Ver: Clara Serra. El problema del consentimiento

Ni galgos ni podencos