AUTÓNOMOS

La mesa de diálogo social debatirá el nuevo sistema de cotización de autónomos el 14 de julio

La negociación fijará los tramos de ingresos y bases de cotización de los próximos tres años.

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La mesa de diálogo social se reunirá el próximo lunes 14 de julio para negrociar el nuevo sistema de cotización por ingresos reales para autónomos cuya aplicación se extenderá entre 2026 y 2028.

El nuevo modelo de cotización, regulado en el Real Decreto-ley 13/2022 y en vigor desde 2023, contempla revisiones periódicas cada tres años. En esta ocasión, la mesa, en la que participan organizaciones empresariales, sindicatos y asociaciones de trabajadores autónomos, negociará un nuevo despliegue de tramos de ingresos y bases de cotización.

Según el secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez "podemos decir que su implementación está siendo un éxito, en un contexto donde los autónomos tienen un peso cada vez mayor en nuestro mercado laboral, nunca en la historia hemos tenido tantos autónomos de alta en nuestro país", con más de 114.000 autónomos afiliados adicionales desde su entrada en vigor y más de 3,4 millones de inscritos en el RETA, aseguró en una comparecencia en el Congreso.

La reforma tuvo su origen en las recomendaciones del Pacto de Toledo de 2020 y se integró en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno. En 2022, tras un amplio acuerdo en la Mesa del Diálogo Social —con participación de sindicatos, patronal y asociaciones representativas del colectivo UPTA, ATA y UATAE— se aprobó su implantación. El RDL fue aprobado en el Congreso con más del 75% de los votos favorables.

El balance del primer proceso de regularización de cuotas, que se inició en octubre de 2024, tras el cierre de la campaña del IRPF de 2023, afectó a más de 3,7 millones de autónomos.

Para más de dos millones de personas no ha sido necesario realizar ajustes: 1,3 millones cotizaron dentro del tramo correspondiente y otras 800.000 se encontraban en situaciones no regularizables, como tarifa plana, subsidios o pensiones. Cerca de 1,6 millones sí han estado sujetas a regularización. De ellas, unas 796.000 cotizaron por debajo de lo debido y han tenido que abonar diferencias. Más de 460.000 lo hicieron por encima y han recibido devolución. Además, 324.000 no presentaron declaración de rendimientos, por distintas causas. Por otro lado, ha habido más de 429.377 renuncias a la devolución de cuotas.

Compatibilidad trabajo-pensión

Borja Suárez también presentó los primeros resultados de la nueva normativa que permite compatibilizar trabajo y pensión, en vigor desde abril tras acuerdo con los agentes sociales.

Durante su comparecencia, Suárez destacó que el objetivo del Real Decreto-ley 11/2024 es responder a los cambios sociales, corregir la transición abrupta entre empleo y jubilación, y ofrecer mayor flexibilidad en el retiro laboral.

Uno de los efectos más visibles ha sido el auge de las jubilaciones demoradas, que ya representan el 11,4% de las nuevas altas, frente al 4,8% en 2019. Este aumento, fruto de los incentivos introducidos desde 2022, ha elevado la edad media de jubilación a 65,2 años, frente a los 64,4 de hace cinco años.

La reforma busca fomentar tres modelos: jubilación parcial, jubilación activa y jubilación demorada.

En cuanto a la jubilación activa, se elimina el requisito de contar con una carrera completa de cotización, facilitando el acceso a colectivos como las mujeres con trayectorias laborales intermitentes. Además, quienes compatibilicen pensión y trabajo verán incrementada su prestación hasta el 100%, en función del tiempo trabajado.

Otra novedad es que esta modalidad pasa a ser compatible con los incentivos de demora, algo hasta ahora no contemplado. También se mejora la jubilación demorada, añadiendo un incentivo adicional del 2% por cada seis meses de retraso, a partir del segundo año.

Por su parte, la jubilación parcial amplía el anticipo de 2 a 3 años y exige la contratación indefinida y a jornada completa del trabajador relevista.

Suárez concluyó que estas medidas buscan extender voluntariamente la vida laboral y ofrecer transiciones más justas y sostenibles hacia la jubilación.