Mauricio lleva sin ingresar un céntimo desde el mes de junio, “la empresa en la que he venido trabajando desde hace casi tres lustros decidió darme de baja en la Seguridad Social el 1 de julio, sin carta de despido, sin liquidación, sin parte correspondiente de vacaciones. A eso hay que añadir que desconozco si el papeleo lo hizo debidamente, pero el hecho es que aún no he percibido prestación alguna por desempleo, aunque me han notificado desde el SEPE que se está tramitando correctamente. Son ya más de tres meses sin ningún ingreso”.
A todas luces es evidente la improcedencia del despido de este trabajador que puso el caso en manos de un despacho laboralista de abogados, donde están desesperados porque el Servicio de Mediación Arbitraje y Conciliación de la Comunidad de Madrid (SMAC) es un “caos”, tal como han denunciado ante los medios de comunicación, por segunda vez en los últimos meses, la Asociación de Laboralistas de Trabajadores y Trabajadoras de la Comunidad de Madrid (ALTMA) y la Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA).
Y es que cuando despiden a un trabajador en la Comunidad de Madrid, más allá de su libertad para tomar cañas si tiene con qué pagar, éste ha perdido el derecho a intentar alcanzar un acuerdo con la empresa sin necesidad de iniciar un procedimiento judicial, que no sólo puede resultar farragoso y costoso, sino que también implica saturar juzgados, ya de por sí saturados. Todo ello porque el SMAC no cumple con su obligación en un proceso de deterioro imparable, que con la excusa de la pandemia vive un evidente desgobierno.
El hecho cierto es que a quien beneficia esta situación es a las empresas, que se pueden permitir el lujo de despedir de hoy para mañana, como vemos en las películas de Hollywood, e inmediatamente mirar para otra parte hasta que el despedido demande y haya un juicio, con lo cual transcurren varios meses sin tener que pagar. Las empresas más piratas, históricamente han despedido con agostidad y alevosía, pero además este verano el SMAC ha impedido una conciliación previa, lo que está suponiendo unos meses especialmente sangrantes. Recuerda Mauricio que los responsables de Recursos Humanos de su empresa “se fueron de vacaciones” y que su abogada no pudo contactar con nadie para intentar llegar a un acuerdo sin necesidad de demandar.
La pregunta que hay que hacerse es sí, ¿tendrá en mente Ayuso llevar este servicio al desastre absoluto para intentar privatizarlo?
Ver que el SMAC no funciona, al menos con un mínimo de normalidad, es tan sencillo como entrar en la web y ver el “AVISO IMPORTANTE”, según el cual sigue siendo el COVID-19 la excusa, a pesar de que desde esta semana, Isabel Díaz Ayuso anunciaba el fin de todas las limitaciones de aforo en interiores y exteriores en Madrid. De hecho, se han levantado los aforos en restaurantes y prácticamente todas las actividades deportivas.
Según los abogados laboralistas de ALTMA y ALA, el SMAC no solo no cita, como viene ocurriendo desde hace casi dos años, con la excusa de la pandemia, “es que ya ni funciona la plataforma para presentar demandas. El desastre es total”. Según las asociaciones de abogados esta situación supone una pérdida de derechos muy grave y afecta a la tutela judicial efectiva de los trabajadores, a quienes genera innumerables problemas. Dificultades que también afectan directamente a las abogadas y los abogados de quienes padecen un despido, en multitud de ocasiones de forma improcedente, formulan sus demandas por impagos salariales o por reclamaciones diversas, en el ámbito de la jurisdicción Social.
Para más inri, esta situación comporta un alto riesgo de que se caduquen las demandas, por la confusión que genera la obligación – actualmente inútil- de esperar un señalamiento de conciliación, que no se va a producir al haberse anulado el servicio. Sin duda, y siguiendo el relato de Mauricio, es escandaloso el desamparo al que se está sometiendo a las personas despedidas de Madrid, más aún, “cuando es la única Administración de todo el Estado que ha no ha restaurado el servicio ordinario de conciliación. Los problemas de la pandemia, se han resuelto en otras comunidades autónomas, y en las propias sedes judiciales, que desde junio de 2020 funcionan prácticamente con normalidad, con una simple regla de aforo”, según explican los abogados madrileños.
¿PREVARICACIÓN?
Quizá lo más llamativo es que la respuesta a los medios de comunicación de “fuentes” de la Consejería que comanda Fernández-Lasquetty aseguran que el SMAC presta sus servicios con "absoluta normalidad". Estas mismas “fuentes” aseguran que se está atendiendo en el servicio de registro (con y sin cita previa ) para la presentación de papeleta de conciliación, entre otras cuestiones.
Pero…, es que esa “fuente” da una argumentación un tanto absurda. Los abogados y abogadas laboralistas explican que solo el hecho de emitir certificados que justifican que no se ha podido celebrar la conciliación en los 30 días siguientes a su presentación es la prueba del algodón de que no se trabaja con “absoluta normalidad”. Si se celebraran actos de conciliación no sería necesario emitir esos justificantes.
La Consejería asegura que “también se celebran conciliaciones con acuerdo”, pero esto no es así, el hecho es que “solo” se celebran conciliaciones cuando “preexiste” un acuerdo entre las partes, que se alcanza si las partes son capaces de encontrarse. Después tienen que pedir “por favor” al SMAC que les señale para poder formalizar el acuerdo.
La pregunta que hay que hacerse es si se está prevaricando porque el servicio se incumple a pesar de estar recogido en la ley y hay que cumplirlo. Y si esto es más o menos así…, ¿tendrá en mente Isabel Díaz Ayuso llevar este servicio al desastre absoluto para intentar privatizarlo?
