El Gobierno de Isabel Díaz-Ayuso se niega a cumplir la sentencia dictada el pasado 20 de octubre por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para la readmisión de 119 rastreadores covid que fueron despedidos por el Gobierno de la Comunidad el 30 de junio de este año y que los jueces dictaminaron como un despido nulo.
En la misma, el tribunal obliga a la Consejería de Sanidad a readmitir de inmediato a estos profesionales en sus mismos puestos con abono íntegro de salarios de tramitación.
Los profesionales recibieron un burofax para que se personaran en su lugar de trabajo, sito en la calle López de Hoyos, 35, y firmaran su readmisión. En principio se les impidió la entrada y posteriormente “quedaron arrinconados en un bajo utilizado como almacén, con ordenadores sin conexión a la red y sin trabajo efectivo ni instrucciones por parte de responsable alguno”, denuncia CCOO de Madrid que ha pedido al TSJM que ejecute la sentencia.
Estos profesionales llevan en estas condiciones desde el 16 de noviembre: “No pueden fichar ni trabajar, no tienen clave para acceder a los ordenadores y sufren un desgaste psicológico importante” y tampoco han sido dados de alta en la Seguridad Social.
El sindicato asegura que se está incumpliendo el artículo 282 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social y cree que la intención de la Consejería al incumplir “conscientemente” la sentencia” es “sancionar a quienes han reclamado por el mero hecho de ejercitar sus derechos y que resulta mucho más grave teniendo en cuenta que se trata de una Administración Pública”, afirma.
Por ello, CCOO, que acusa a la Consejería de actuar de “mala fe”, reclama el abono de una indemnización adicional de 15 días de salario por año de servicio con prorrateo en períodos inferiores, así como a abonar de manera individual a cada afectado una indemnización por vulneración de derechos fundamentales, y a la garantía de indemnidad como manifestación de derecho a la tutela judicial efectiva.
