#TEMP
martes. 05.07.2022

Nunca me ha gustado la estrategia de quienes ejercen un feminismo que victimiza a las mujeres como si estuviéramos en un heteropatriarcado misógino similar al de los países musulmanes. La última muestra de este combativo feminismo ha sido considerar la menstruación como una enfermedad, algo que hilando fino puede deducirse se desprende del anteproyecto de la ley del aborto y salud menstrual aprobada el pasado martes por el consejo de ministros.

Según dijo la ministra de Igualdad Irene Montero, el objetivo del proyecto de ley de salud menstrual es «acabar con el estigma y la vergüenza y garantizar que las mujeres puedan vivir mejor y puedan desarrollar sus proyectos de vida con total garantía de sus derechos». Sin embargo, lo que tal vez suceda sea que las mujeres con dismenorrea (y por extensión todas las mujeres en edad fértil) se conviertan en una especie de enfermas a plazos a las que un médico entregará un informe que les permita no trabajar hasta tres días cuando tengan una menstruación dolorosa (que no haya respondido previamente al tratamiento farmacológico prescrito), en los que cobrarán desde el principio, sin la carencia de tres días que penaliza a las bajas por enfermedad, con un coste de la baja a cargo del Estado. 

Dice Montero que esta es «una ley para la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, un medidor de la calidad democrática de un país», y también que «España es el primero de Europa en reconocer la salud menstrual como un derecho», declaración esta última ridículamente triunfalista, pues es difícil imaginar que las mujeres escandinavas o alemanas atraviesen un calvario discriminatorio por culpa de sus menstruaciones. No obstante, no todos los miembros del Gobierno han estado de acuerdo con el anteproyecto de ley, que finalmente se ha aprobado por el consejo de ministros del Gobierno socialista, debido a la servidumbre que le imponen sus socios de la izquierda más radical para que el PSOE conserve la mayoría absoluta

Pero volvamos al estigma, pues siendo que por ley quedará a criterio de la mujer decidir durante un año que días estará o no en condiciones para ir a trabajar, es posible que se despierten susceptibilidades por parte de los compañeros de trabajo y los empleadores, algo que supondría estigmatizar aun más al sexo femenino. Nadia Calviño, ha sido rotunda desde el principio al afirmar que «… este Gobierno cree y está absolutamente comprometido con la igualdad de género y nunca adoptará medidas que estigmaticen a las mujeres». 

Otro aspecto cuestionable es que los promotores de esta ley se atribuyen el mérito de haber conseguido un logro social con la baja menstrual, una falacia si consideramos que desde siempre, los médicos del Sistema Nacional de Salud han contemplado estas incapacidades laborales dando la baja cuando ha sido necesario darla. 

Esta ley podría estigmatizar aun más a las mujeres al reinventar, con premisas engañosas, un derecho que ya existía y que, en la práctica, sólo necesitaba ser regulado en su procedimiento

Esta ley podría estigmatizar aun más a las mujeres al reinventar, con premisas engañosas, un derecho que ya existía y que, en la práctica, sólo necesitaba ser regulado en su procedimiento. Lo mas sensato habría sido limitarse a valorar las medidas a adoptar en beneficio de la mujer dada su singularidad fisiológica por la menstruación. En este sentido, cobrar la baja desde el primer día es una iniciativa plausible, pero dejar en manos de cada mujer con dismenorrea la decisión de cuando no ir a trabajar —durante un año— cuando le duela la regla es discriminatorio, por ejemplo, con quienes sufren de migraña y cada vez que tienen un brote (a veces son varios cada año) han de acudir —el paciente o un familiar— al médico para que expida el permiso o la baja pertinente. 

Nadie mas que un médico debe decidir en cada proceso si procede una baja por enfermedad. 

Además, esta medida tal vez propicie  que en las entrevistas de trabajo se pregunte a una mujer si tiene o no reglas dolorosas, algo que no es legal pero que se preguntará, al igual que se pregunta se tiene intención de ser madre, y si bien es cierto que esto puede denunciarse, no es frecuente que se haga por miedo a no conseguir el puesto de trabajo

La polémica está servida, y mientras la ministra de Economía, Nadia Calviño, entiende que la legislación existente ya permiten a los médicos dar bajas laborales por dismenorrea,  la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se sube al carro de Irene Montero y considera  «importante que esta baja se contemple en una ley ya que son las leyes las que garantizan los derechos ante una política laboral profundamente masculinizada frente  la que hay que actuar con política laboral de género»

Para finalizar, matizaré que la polémica creada con la ley de salud menstrual no es cuestión de ideología sino de planteamientos, y un buen ejemplo lo encontramos al comprobar como los dos sindicatos mayoritarios opinan de un modo distinto, pues UGT está con la tesis de Nadia Calviño mientras que CCOO se suma a la propuesta de la ministra de Igualdad.

La ley de salud menstrual pretende legislar un derecho que ya existe