CCOO reclama mayorías parlamentarias para mantener la concertación política y social del Pacto de Toledo
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El secretario confederal de Políticas Públicas y Protección Social de las Comisiones Obreras, Carlos Bravo, compareció hoy ante la comisión parlamentaria encargada de dar seguimiento a los acuerdos del Pacto de Toledo. En dicha comparecencia, presentó las propuestas del sindicato relacionadas con esta materia.
En el inicio de los trabajos para renovar las recomendaciones parlamentarias, la intervención de CCOO se centró en proponer la incorporación de nuevas recomendaciones a todos los partidos políticos, subrayando la importancia de profundizar en aspectos que aún requieren mejoras significativas.
- El falso relato del conflicto intergeneracional solo busca justificar recortes de derechos
- Medir bien la sostenibilidad del sistema incluyendo todos los ingresos comprometidos
- Seguir desarrollando las materias pendientes: cotización por ingresos reales, brecha de género
- El diálogo social y los acuerdos políticos amplios son garantía de la sostenibilidad social del sistema
El falso relato del conflicto intergeneracional solo busca justificar recortes de derechos
Una de las primeras recomendaciones de Carlos Bravo enfatiza la importancia de evitar el falso argumento del conflicto entre generaciones y fortalecer la legitimidad social del sistema. Ha advertido sobre discursos que, sin fundamento técnico, intentan confrontar a las generaciones jóvenes con las de los pensionistas, sugiriendo que los derechos de una generación están en oposición a los de otra, cuando en realidad son complementarios y todos los trabajadores los disfrutan a lo largo de su vida laboral.
Es esencial recordar que el sistema de Seguridad Social ha implementado en los últimos años reformas significativas que, además de mejorar las pensiones públicas, han ampliado los derechos de protección social para la población en general. Se han creado mecanismos como el Ingreso Mínimo Vital, que protege a cientos de miles de menores y familias con hijos, se han reformado los subsidios por desempleo para ofrecer mayor protección a jóvenes y menores de 45 años, se ha eliminado el Factor de Sostenibilidad que reducía las pensiones iniciales de las generaciones jóvenes, y la reforma laboral junto con el aumento del SMI ha asegurado una mayor estabilidad laboral.
Además, el sistema de pensiones desempeña una doble función: garantiza ingresos para las personas jubiladas y cumple una función macroeconómica, ya que la mayoría de estas rentas se destinan al consumo directo, lo que mantiene la demanda de bienes y servicios, y por ende, la actividad económica y el empleo de las generaciones en edad laboral.
En este contexto, Carlos Bravo subrayó la necesidad de fortalecer las medidas de protección social, así como las políticas activas y de mejora de la calidad del empleo para los trabajadores más jóvenes. También es fundamental implementar políticas de apoyo a la familia, facilitando la emancipación temprana, la conciliación laboral y familiar, la corresponsabilidad e igualdad, y asegurar un acceso sostenido y eficaz a una vivienda asequible tanto en alquiler como en compra. Estas políticas son cruciales para un tratamiento adecuado a las personas más jóvenes en España, con un impacto directo en la actividad económica y la natalidad.
Medir bien la sostenibilidad del sistema incluyendo todos los ingresos comprometidos
Bravo considera necesario reforzar el modelo participativo de seguimiento y evaluación de la sostenibilidad financiera y social del sistema de pensiones. Entre las medidas propuestas se encuentra la intensificación de la recomendación 21, que se refiere al control parlamentario, seguimiento, evaluación y reforma del Pacto de Toledo. El sindicato destaca que, al evaluar la sostenibilidad financiera del sistema, se deben considerar todos los ingresos comprometidos.
No se deben excluir los ingresos provenientes de las transferencias que el Estado ha comprometido en la disposición adicional 32ª de la Ley General de la Seguridad Social, cumpliendo así con la recomendación 1ª del Pacto de Toledo, que establece el principio de separación de fuentes.
Seguir desarrollando las materias pendientes: cotización por ingresos reales, brecha de género
Es imprescindible continuar el debate sobre el nuevo modelo de compatibilidad entre pensión y trabajo, así como finalizar los trabajos iniciados en áreas como la cotización por ingresos reales para trabajadores autónomos y la revisión de las bases máximas de cotización del Régimen General. Se debe seguir reduciendo la brecha de género, especialmente tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de mayo de 2025 que limita el complemento para la reducción de dicha brecha en las pensiones.
Adicionalmente, se propone aumentar la cobertura por desempleo y cese de actividad, crear una Agencia de Seguridad Social que permita una visión integral del sistema, mejorar las tasas de actividad y empleo de jóvenes, mujeres y otros colectivos con mayores niveles de precariedad, integrar a la población migrante, revisar el modelo de Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, actualizar la regulación de las pensiones por fallecimiento incluyendo viudedad, orfandad y prestaciones a familiares, y establecer un sistema de información homogéneo entre el sistema público de pensiones y los instrumentos complementarios.
El diálogo social y los acuerdos políticos amplios son garantía de la sostenibilidad social del sistema
Durante su comparecencia, el portavoz sindical en las mesas de diálogo social de Seguridad Social, incluida la mesa de pensiones, entregó un informe que evalúa el resultado de cada una de las 21 recomendaciones parlamentarias aprobadas en 2020 por el Congreso de los Diputados. Estas recomendaciones han sido la base para los acuerdos de diálogo social entre 2021 y 2024, que culminaron en la última reforma de pensiones.
Desde su creación en 1995, la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo ha establecido cuatro acuerdos de recomendaciones (1995, 2003, 2011 y 2020) que han orientado a los gobiernos y a las organizaciones sindicales y empresariales en la elaboración de ocho acuerdos de diálogo social (1996, 2001, 2006, 2011, 2021, 2022, 2023 y 2024). Estos acuerdos han dado lugar a reformas legislativas que han adaptado el sistema de Seguridad Social a las nuevas necesidades sociales, garantizando la suficiencia y sostenibilidad de las pensiones a largo plazo.
El sindicato hace un llamado a todos los grupos parlamentarios para que continúen con la línea de trabajo de negociación y alcancen acuerdos amplios, que han permitido durante más de treinta años la consolidación de un sistema público de pensiones que asegura pensiones suficientes y sostenibles.