La sentencia contra el Fiscal General del Estado
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Hace pocas semanas, el Presidente de EE UU ordenó que se persiguiera penalmente a la fiscal que había llevado la acusación contra él en uno de los procedimientos judiciales abiertos contra él. El Tribunal Supremo ha eximido de responsabilidad a Trump, al menos mientras sea presidente. No contento con ello Trump ha anunciado su propósito de castigar a quienes se atrevieron a acusarle de delitos muy graves. El Departamento de Justicia se ha puesto a ello, empezando un proceso de depuración. La fiscal que ejerció la acusación contra Trump se ve ahora sometida a un ataque “legal” que busca expulsarla de la carrera judicial. Un delincuente convicto (aunque con la sentencia suspendida) quiere ahora castigar a una fiscal. Suena familiar. Es, también, un aviso a navegantes: en la carrera judicial no tendrán sitio los progresistas ni quienes no se plieguen a la voluntad del “rey loco”.
En España, la sentencia del TS contra el Fiscal General del Estado ha suscitado un extraordinario revuelo por lo insólito del caso. Un presunto delincuente promueve el castigo a un Fiscal General. Es el mundo al revés: los conejos disparan contra las escopetas. La sentencia lanza, además, potentes señales que conviene atender.
El caso de González Amador unido con el caso del hermano de Ayuso apunta a que Ayuso ha montado una pyme familiar para aprovechar su papel como Presidenta
Se sabe que en los juzgados todo se filtra. Los periodistas especializados en tribunales viven de las filtraciones que les hacen. Ningún juez se toma la molestia de abrir diligencias para investigar quién filtra o quiénes son las “fuentes judiciales” que los periodistas citan todos los días. Hasta que González Amador (según él, el delincuente más famoso de España) denuncia nada menos que al Fiscal General del Estado por filtrar datos reservados de la causa que se instruye contra él.
La operación política contra el Fiscal General del Estado ha sido diseñada por MAR, el Jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. No es ningún secreto porque el mismo MAR ya anunció que el Fiscal General “va p’alante”. MAR ha construido el personaje de Ayuso como líder ascendente de la derecha y punta de lanza de la oposición a Pedro Sánchez. Tiene mucho mérito hacer de Ayuso, una persona con pocas luces y con mucha cara, una líder emergente de la derecha patria. Desparpajo y cara dura son, parece ser, las virtudes mejor valoradas en la derecha.
La operación de MAR pretende sacar a Ayuso del lío en que le había metido su pareja. González Amador, no contento con haber dado un pelotazo con la compra de mascarillas (algo que puede ser legal, pero que, desde luego, es inmoral), ha defraudado al fisco y además lo ha hecho de forma chapucera. Lo cual ha hecho saltar las alarmas de la Agencia Tributaria, que, finalmente, le ha mandado a los tribunales acusado de varios delitos.
Tiene mucho mérito hacer de Ayuso, una persona con pocas luces y con mucha cara, una líder emergente de la derecha patria
Es la avaricia y la chapuza de su pareja lo que ha metido en un lío a la Presidenta de la CM. Es evidente que este caso salpica a Ayuso por beneficiarse de los presuntos delitos de su pareja. De este lío es del que MAR quiere sacarla, transformando un caso de lucro derivado de un delito, en un caso de persecución política decretado por Pedro Sánchez y utilizando todos los poderes del Estado contra ella.
Este cuento de la persecución por parte del aparato del Estado es el mismo que Trump ha esgrimido para librarse de los numeros cargos presentados contra él, entre otros por estafa, fraude fiscal, agresión sexual, instigación a la rebelión e intento de falsificar el resultado electoral. Trump es el primer delincuente convicto que llega a la Presidencia de los EE UU.
Condenar al Fiscal General a indemnizar a González Amador por los perjuicios ocasionados es la base necesaria para reclamar la nulidad de las actuaciones contra González Amador. Esa es la razón por la que el Fiscal General “va p’alante”.
El caso de González Amador unido con el caso del hermano de Ayuso apunta a que Ayuso ha montado una pyme familiar para aprovechar su papel como Presidenta de la CM en beneficio de familiares y allegados.
El segundo objetivo de la operación es seguir manteniendo a Ayuso en el candelero como auténtica y genuina líder de la oposición a Sánchez. El relato (o sea, el cuento) que vende Ayuso es que España es una dictadura bolivariana y ella es el bastión de la libertad. Claro que la propia Ayuso se contradice cuando afirma que la sentencia del TS demuestra la vigencia del Estado de Derecho en España. ¿En qué quedamos, estamos en una dictadura o vivimos en un Estado de Derecho? Lo más seguro es que unos días suframos una dictadura y otros gocemos de un Estado de Derecho, según convenga al guion diario de MAR. Este cuento de la heroína libertaria enfrentada al dictador bolivariano tiene una utilidad menos heroica y más pedestre: es la forma de ofrecer a Ayuso como relevo de Feijóo en caso de que éste fracase.
La sentencia del TS lanza un ominoso aviso a los progresistas. Más o menos los ultras vienen a decir que ser progresista es causa bastante para que te aparten de la carrera judicial
La justicia española está politizada desde hace mucho tiempo, como queda demostrado cuando las asociaciones de jueces y fiscales se autodefinen como progresistas y conservadores, categorías indudablemente políticas. Durante largos años, ha habido ciertos consensos entre unos y otros, lo que ha mantenido una apariencia de imparcialidad.
A raíz de la Ley de Amnistía, la guerra judicial entre sectores de la magistratura ha escalado de nivel. Una parte de la magistratura ha decidido bajar a la arena de la lucha partidaria con el objetivo de acabar con el gobierno de Sánchez y hasta con el propio Sánchez. La condena del Fiscal General es un golpe al gobierno y, sobre todo, al propio Sánchez. Es un episodio más de la guerra declarada por el sector más reaccionario contra el gobierno y responde a la táctica política de Vox. Abascal ya ha indicado a los suyos que el objetivo es meter a Sánchez en la cárcel.
El golpe al gobierno no le va a hacer caer, ni siquiera lo debilita como demuestran las reacciones de todos los partidos (excepto Junts) que en su día apoyaron la investidura. El gobierno solo tiene que nombrar otro Fiscal General del Estado y seguir gobernando.
Muchos juristas han señalado que la condena del Fiscal General se ha hecho sin pruebas de cargo, ignorando a los testigos de descargo y con una instrucción más que dudosa. Si a esto le unimos la enorme desmesura entre el supuesto delito (revelación de secretos, algo que sucede a diario en los juzgados) y el escándalo del juicio contra una alta autoridad del Estado, el daño que se ha causado a la Justicia es enorme. La Justicia no es imparcial. Podemos invocar cuantas veces queramos que “confiamos en la justicia” o proclamar la “independencia del poder judicial”. Pero lo que el TS ha dejado claro es que no todos somos iguales ante la Justicia. La defensa de la democracia implica denunciar la parcialidad con que actúan algunos jueces. Esta es una tarea de todos los demócratas, pero muy especialmente de los profesionales del derecho. Afortunadamente ya hay protestas que pueden ser el inicio de un movimiento en pro de una justicia democrática.
La sentencia del TS lanza un ominoso aviso a los progresistas. Más o menos los ultras vienen a decir que ser progresista es causa bastante para que te aparten de la carrera judicial.
El eje de la política de Abascal es romper los consensos entre conservadores y socialdemócratas que han sido normales en la gobernanza europea durante varias décadas. Los ultras ya se consideran con fuerza para arrastrar a los conservadores y hacerles asumir sus políticas. Da la impresión de que la judicatura española el sector ultra está ya arrastrando a los conservadores hacia sus posiciones.
Es muy probable que el Fiscal General gane en el TC o en el TEDH. Pero eso será en un futuro remoto. Lo inmediato es ganar la batalla en la opinión pública. Eso forma parte de la defensa de la democracia.