<---Taboola---> <---Taboola---> #TEMP
miércoles. 01.02.2023
Antonio Rodríguez Torrijos
Antonio Rodríguez Torrijos

El 14 de mayo de 2011 un grupo de treinta y nueve académicos de diversas universidades españolas publicamos en la sección de Andalucía del diario El País un artículo titulado ¿Justicia o caza de brujas?

Unas semanas antes, Izquierda Unida había anunciado que no presentaría como candidata en las elecciones municipales que estaban a punto de celebrarse a ninguna persona que estuviese imputada por la justicia. Al poco tiempo, el juzgado que instruía el procedimiento sobre el llamado caso Mercasevilla, dirigido por la jueza Mercedes Alaya, filtraba a la prensa que el dirigente y concejal de esa formación política Antonio Torrijos estaba imputado, lo cual ponía a Izquierda Unida en el disparadero: no podría volver a presentarlo en su lista electoral.

En nuestro artículo, denunciábamos que hubiera transcurrido más de un mes de la filtración sin que se hubiese producido efectivamente la imputación, sin comunicar nada al interesado y, sobre todo, que esa imputación pudiera llevarse a cabo por las razones filtradas: haber participado, en su calidad de concejal de IU y como miembro del consejo de administración, en la venta de unos terrenos de dicha empresa.

Denunciamos esto último, lo más importante, porque era evidente que Antonio Torrijos no se había beneficiado personalmente de esa venta y, sobre todo, porque se trataba de una operación completamente legal y aprobada no por él solo, sino por la totalidad del consejo y del pleno municipal, de modo que, en todo caso, debería imputarse a la totalidad de sus miembros.

Fue una auténtica caza de brujas judicial contra personas honestas para beneficiar a la derecha política que defiende al poder económico

La imputación (o, peor aún, la filtración desde el propio juzgado) aparecía claramente como una forma torticera de evitar que Izquierda Unida presentara a una persona con experiencia y bien conocida en la ciudad, disminuyendo así sus posibilidades de éxito electoral.

Casi doce años después, la propia administración de justicia ha confirmado lo que nosotros habíamos denunciado en el artículo: Antonio Rodrigo Torrijos resultó absuelto, como confirmó una sólida y rigurosa sentencia que ni siquiera fue recurrida por las acusaciones particulares ni por el ministerio fiscal.

Este hecho ya hubiera merecido por sí mismo la condena social y jurídica de la jueza que aprovechó su condición privilegiada para interferir en el juego democrático en favor de un partido político, en este caso del PP. Lo auténticamente grave es que su actuación partidista no se ha limitado a este caso. Procedió a imputar por otras causas al mismo Antonio Rodrigo Torrijos e igualmente a su compañero de filas José Manuel García Martínez, y ha promovido otros procedimientos que han concluido con el mismo resultado: absolución final, daños a personas inocentes y beneficio para el Partido Popular.

Escribo sobre este caso doce años después, no solo para expresar a estas dos personas mi cariño y solidaridad sino, sobre todo, para volver a denunciar el uso partidista que algunos magistrados, como la señalada, han hecho y vienen haciendo de la Justicia, provocando daños morales y económicos incalculables a personas concretas (la mencionada jueza llegó a ponerles una fianza de 620.000 euros) y a la convivencia pacífica y democrática que todos los españoles sin distinción nos merecemos.

La jueza Alaya lo consiguió al hacer creer de modo ilegítimo y tramposo que los líderes de Izquierda Unida eran corruptos

La actuación de la jueza contra estos dos dirigentes de Izquierda Unida no fue casual. Como el propio Antonio Rodrigo Torrijos ha comentado en alguna entrevista, se le puede aplicar la frase de la Mafia que recoge El Padrino de Francis Coppola: «no había nada personal. Eran negocios». En este caso, se trataba de quitar de en medio a una persona que había impulsado medidas de carácter social y de interés público que frenaban, efectivamente, los negocios que tradicionalmente habían venido realizando los constructores corruptos y los grupos de poder sevillanos.

La jueza Alaya lo consiguió al hacer creer de modo ilegítimo y tramposo que los líderes de Izquierda Unida eran corruptos y obligando con sus malas artes a que aparecieran injusta y falsamente señalados como deshonestos en las listas electorales. Ganó entonces las elecciones José Ignacio Zoido, quien había sido su superior en la Audiencia y con quien es sabido que mantenía relaciones personales. Tan estrechas que era este último quien, en diversas ocasiones y en los momentos políticamente más dañinos para el resto de los partidos, disponía de las filtraciones y se encargaba de hacer públicas.

La completa absolución después de tantos años de sufrimiento de Rodrigo Torrijos y García Martínez muestra que nuestra denuncia de 2011 era acertada: fue una auténtica caza de brujas judicial contra personas honestas para beneficiar a la derecha política que defiende al poder económico.

El daño producido ya es irreparable, pero si eso es grave mucho más lo es que quien lo ha producido innecesaria y conscientemente quede en completa impunidad.

Es urgente combatir el uso de la administración de justicia como instrumento de lucha política para defender privilegios y perseguir injustamente a los adversarios

Y no se trata de algo que haya acabado, sino que más bien se refuerza cada día más, como hemos visto con las numerosas demandas que se han puesto contra dirigentes de Podemos, finalmente resueltas sin condena, pero haciendo un daño político atroz, con las mucho más que discutibles sentencias contra algunos dirigentes socialistas en el caso de los ERE, o en el incumplimiento de la Constitución por parte del Partido Popular con el objetivo de mantener bajo su control el poder judicial.

Es urgente combatir el uso de la administración de justicia como instrumento de lucha política para defender privilegios y perseguir injustamente a los adversarios, algo completamente contrario a los principios de la democracia y al ejercicio efectivo de los derechos humanos.

Cualquier demócrata, sin distinción de ideologías o adscripción partidistas, debe denunciar estas prácticas y movilizarse para evitar que vuelvan a darse casos tan injustos como los que han sufrido estos dos dirigentes de Izquierda Unida y otros del PSOE o Podemos en procesos de naturaleza más o menos similar.

Por todo ello me sumo al acto de reconocimiento y vindicación que se llevará a cabo el próximo día 1 de febrero en el Centro Cívico Virgen de los Reyes de Sevilla e invito a que hagan lo mismo quienes aman la libertad y la democracia, bien asistiendo presencialmente o mostrando su apoyo al correo actoreconocimiento@gmail.com.

No es justicia: fue una caza de brujas