domingo 20/9/20
DINERO PÚBLICO

Instituciones Penitenciarias "malgasta" dinero público en los uniformes del personal penitenciario, denuncia CCOO

Instituciones Penitenciarias "malgasta" dinero público en los uniformes del personal penitenciario, denuncia CCOO

El pasado 15 de enero Instituciones Penitenciarias iniciaba los trámites para sacar a licitación pública el uniforme y calzado de este año 2020, para aproximadamente 19.000 efectivos, por una cifra que ronda los seis millones de euros. A este presupuesto hay que sumar el gasto anual superior al millón y medio de euros que realiza la Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, brazo empresarial de Instituciones Penitenciarias, para comprar tejidos con los que los internos confeccionen una parte del uniforme.

Desde el sindicato Comisiones Obreras vienen denunciando la opacidad y los sobrecostes que se generan al duplicar la gestión de la uniformidad, mediante contratación pública y encomienda de gestión, así como la calidad ínfima y el exceso del número de prendas, que no tienen en cuenta ni el entorno ni las actividades que debe desarrollar el personal uniformado dentro de las prisiones. El uniforme de prisiones se compone de más de 20 prendas de tejidos que mezclan el poliéster y lana, que no se adaptan a la diversidad climática española, con prendas que deben utilizarse igual con los cuarenta grados de Sevilla y con los cinco bajo cero en Burgos.

La uniformidad del colectivo de prisiones se suministra desde 1999 a El Corte Inglés SA, ya que se han establecido unas condiciones en los pliegos de contratación que solo puede cumplir esa firma, socavándose el principio de libre competencia

Dentro del propio Ministerio del Interior las diferencias de gasto público en uniformidad son llamativas. El año pasado la Policía Nacional renovaba el vestuario de unos 65.000 efectivos por 17,5 millones de euros para tres años (periodo 2020-2022) con la misma empresa, El Corte Inglés SA. Igualmente, la uniformidad de la Guardia Civil se adjudicó a la misma empresa para el año 2018, por un importe de 21 millones para el mismo período de tiempo de tres años, integrada también por prendas y calzado técnico, de mejor calidad y más versátil para vestir a unos efectivos que triplican en número al colectivo de prisiones.

Sin embargo, en el caso de prisiones los impuestos de la ciudadanía sufragan un gasto que supera los 7 millones de euros al año por un “uniforme de mercadillo” a precios de alta costura, y que sin duda acaba engordando la cuenta de beneficios de la gran empresa. La uniformidad del colectivo de prisiones se suministra mediante concurso público desde 1999, y desde entonces siempre se adjudica a El Corte Inglés SA, ya que se han establecido unas condiciones técnicas en los pliegos de contratación que solo puede cumplir esa firma, socavándose el principio de libre competencia y concurrencia del resto de empresas del textil.

A partir del año 2007, una parte de las prendas de la uniformidad del colectivo, y en concreto las relativas a las funcionarias de prisiones, se confeccionan mediante encomienda de gestión de Instituciones Penitenciarias a su Entidad Estatal de Trabajo Penitenciario, a través del trabajo productivo de los internos, por el que se paga un salario mensual a cada interno que ronda los 300 euros.

Esta Entidad Estatal de Trabajo Penitenciario ha ido aumentando el precio de la licitación pública para la compra de tejidos con los que se hacen las prendas, mientras cada año se reduce la plantilla que usa uniforme. Por ejemplo, mientras que en el año 2010 la Entidad Estatal gastaba 359.473,38 euros para que los internos confeccionaran faldas, camisas, polos, pichis o forros polares, en el año 2019 el gasto de la encomienda de gestión ascendió a 1.845.260,60 euros.

Desde el sindicato llevan años demandando transparencia, cumplimiento de la ley de contratación pública, y que se establezcan unas prescripciones técnicas orientadas a garantizar la calidad necesaria para el trabajo que desarrolla el personal penitenciario, eliminando la duplicidad de la gestión de la uniformidad y los sobrecostes que supone la encomienda de gestión.

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