Por Santiago González Vallejo | Desde hace muchos años, se han creado mecanismos para eludir impuestos. En Panamá gracias a una filtración informativa, aunque era un secreto a voces y anunciado por infinitos despachos de abogados, tuvimos nombres, dineros y dolosas prácticas para no pagar impuestos y beneficiar a ladrones accionistas. Ese escándalo fue muy publicitado. Pero no se dice que las leyes fiscales panameñas son una copia literal de las existentes en el Estado de Delawere, en Estados Unidos.
Periódicamente, los medios anuncian las cifras de ventas de las empresas de servicios digitales Netflix, de Apple o Google, Amazon o Uber. Son cifras con muchos ceros. Pero si vemos las cifras declaradas de facturación en España (o en otro país) son mínimas. En el mejor de los casos, la filial española y otras son comisionistas de la empresa matriz pública, que está en Irlanda o Luxemburgo que, a su vez, paga derechos de propiedad intelectual u otros cargos a otra(s) empresa(s) del grupo sitas en Holanda u otros lugares donde estén exentos de fiscalidad esos cobros y que contemporáneamente tienen que pagar sus ingresos a otra empresa situada en un paraíso o guarida fiscal. Todo este recorrido contable permite a los accionistas últimos cobrar sin pagar por sus beneficios mundiales, sin pagar en ningún sitio.
¿Por qué la CEOE habla de no subir impuestos, pero olvida que hay empresas que hacen la competencia desleal a otras porque no pagan la misma cantidad de impuestos teniendo los mismos aparentes beneficios?
Accionistas que están ocultos en fondos de inversión opacos o son personas públicas que se permiten ser filántropos de causas honorables o financiadores de las campañas de Trump o del extremista Bannon. Todo, menos contribuir al bien común y decidido por medios democráticos. El Estado de bienestar sólo se puede mantener si todos contribuimos en la medida de nuestros ingresos o riqueza. Las multinacionales tecnológicas no lo hacen y eso afecta a la ciudadanía y a la generación de oligopolios y competencia desleal contra las pymes.
Si esto es conocido, porqué arrastran los pies durante décadas los gobiernos, el Foro Económico Mundial de Davos, la OCDE, el G20, el Fondo Monetario Internacional… ¿miran para otro lado y desde hace tanto tiempo? Más aún, ¿por qué la CEOE habla de no subir impuestos, pero olvida que hay empresas que hacen la competencia desleal a otras porque no pagan la misma cantidad de impuestos teniendo los mismos aparentes beneficios?
Pero algo está cambiando. Hay una presión social para que paguen impuestos estas empresas: Google ha aceptado pagar un porcentaje de sus beneficios en el Reino Unido; El Corte Inglés se queja de la competencia desleal -por no pagar impuestos- de Amazon; Zara empieza a facturar su venta online que se hace en España, en su filial española y no en la irlandesa... La OCDE tiene el encargo de forjar un mecanismo anti elusión (BEPS) y diseñar un impuesto para las empresas digitales o tecnológicas, independientemente de donde tengan su centro.
Y una resistencia para que se repartan los impuestos de los beneficios: Francia decía de implantar un impuesto digital hasta que la presidencia estadounidense amenazó con poner aranceles a los vinos franceses. Justo cuando la presidencia Trump ha hecho una reforma fiscal para que las multinacionales estadounidenses dejen la jungla jurídica de ciertas soberanías guaridas fiscales y repatrien sus beneficios (sin haber pagado impuestos allí donde se han producido), sin pagar mucho.
La lucha continúa y el gobierno español sí debe implantar un impuesto digital y lo lógico es que el resto de los países de la UE haga lo propio.
