lunes. 04.03.2024

La masacre de la valla de Melilla, como tristemente ya es conocida la tragedia sin necesidad de más datos, vuelve a arrojar serias dudas o incluso certezas, sobre que la actuación de las autoridades españolas se apartó de un mínimo sentido de aplicación del derecho, y del más elemental sentido de humanidad, rozando el asesinato. 

Primero fue el numero de muertos, su localización, su seguimiento, después la facilitación de información –abrupta, sembrando la duda sobre un interés de ocultación– después los “rechazos en frontera” o devoluciones en caliente y su calificación jurídica, de la que contra todo derecho no quedaba ni un solo nombre, ni un expediente, después fue la localización jurisdiccional exacta, descubriendo que las muertes se produjeron en territorio español; hoy un prestigioso medio extranjero nos muestra imágenes hasta ahora desconocidas de cómo fuerzas de seguridad españolas trasladan desde territorio español al marroquí cuerpos inertes, quizá cadáveres, para amontonarlos con el resto. 

Fuerzas de seguridad españolas trasladaron desde territorio español al marroquí cuerpos inertes, quizá cadáveres, para amontonarlos con el resto

La nausea nos llena los sentidos. Se puede entender una primera reacción defensiva ante tan desbordante acontecimiento, se puede entender la petición de tiempo para investigar, se puede entender la prudencia extrema al hacer declaraciones que puedan herir la sensibilidad de tan susceptible vecino, al que además pagamos para que nos haga el trabajo sucio. Pero pasado el tiempo, acumuladas las pruebas, sucedidas las actitudes innobles de elusión, sólo cabe llegar a la conclusión de que no se han hecho las cosas sólo mal, es que hay complicidad con haberlas hecho de forma que veintitantos –ojalá algún día podamos hablar con seguridad siquiera de una cifra que no ocultará la falta de nombres e identidades– jóvenes quedaron muertos, personas que habían sido sujeto de derechos a solicitar asilo -la mayoría sudaneses huyendo de una guerra cruel-. 

Nuestra sociedad debe preguntarse cómo este tipo de actuaciones no son capaces de sacarnos a la calle en masas, cómo la indignación no nos explota en las venas. Quizá porque aun nos creemos que un gobierno progresista no puede ser cooperador de actos de disposición de la vida humana tan deleznables. Pero en ese caso ese mismo gobierno debe hacer la reflexión necesario sobre la asunción de responsabilidades por parte del más directamente implicado. El Ministro del Interior se demuestra cómplice por ocultación y encubrimiento, culpable por tanto de lesa humanidad, y no puede continuar más en un cargo del que ya la sociedad civil se está hartando de pedir su dimisión. El paso siguiente no es sino el desengaño, quizá erróneo ante la calidad de la alternativa, pero poco reprochable por la sensación de compartir una culpa que sólo puede levantar un grito: ¡No en mi nombre!



Ante las imágenes de la BBC de la masacre de Melilla